Los servicios sociales viven con preocupación la pérdida de los mil millones que el Gobierno comprometió para superar la crisis

Los servicios sociales han perdido su partida específica en el reparto de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable para las comunidades autónomas destinado a hacer frente a los efectos de la pandemia. Aunque en un principio iban a ser mil millones para este ámbito, que abarca desde las ayudas sociales hasta las residencias, de gestión autonómica, finalmente desaparecieron del plan que presentó Pedro Sánchez el domingo, sin explicación oficial. Esos mil millones serán parte de los 2.000 que sí recibirá Educación. Algunas cosas concretas que gestionan servicios sociales podrán recibir recursos de la partida de Sanidad, de 9.000 millones, pero las comunidades no tendrán obligación de destinar una cantidad concreta.

En el sector no se entiende que se haya decidido prescindir de esta transferencia directa en un momento tan crítico como el actual y teniendo en cuenta las carencias estructurales con las que ya de por sí convive el sistema. Sin excepción, los servicios sociales están experimentando en todo el país una escalada de la demanda tanto en ayudas económicas para alimentos, pago de viviendas o productos básicos como en prestaciones para personas mayores, impulsos en el empleo o apoyos para paliar la brecha tecnológica de muchas familias.

Son el principal dique de contención de la emergencia social y económica que ya está teniendo lugar, pero afrontan la crisis debilitados tras los recortes, sumidos en una enorme desigualdad territorial y pendientes de las consecuencias por ahora incalculables de la epidemia del coronavirus. Este mismo lunes, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publicaba que más de 24.000 personas han muerto en la lista de espera para la dependencia, y que todos sus indicadores han sufrido una “caída estrepitosa” con el estado de alarma.

La mayoría de comunidades han aumentado el gasto en los últimos años, pero algunas aún no han recuperado los niveles previos a 2009; tampoco el Gobierno central, cuyos presupuestos, fundamentalmente para dependencia, destinan 390 millones de euros menos que en 2010. Los ayuntamientos retomaron la inversión precrisis el año pasado. Las entidades solicitaban al Gobierno ya desde el año pasado, como mínimo, una inyección de 1.500 millones de euros, que no podían esperar a los Presupuestos Generales del Estado. Eso cubriría a las personas en lista de espera, 253.965 ciudadanos, y generaría unos 70.000 empleos, calcula la Asociación de Directores y Gerentes.

José Manuel Ramírez, presidente de esa Asociación, ve la operación y el cambio de criterio sobre el fondo “cruel”, porque ya “nos lo habían anunciado”. A algunos recursos de servicios sociales pueden destinar las autonomías dinero de otras partidas, como de Sanidad, por ejemplo para medicalizar los centros. Pero ellos siempre han reclamado que el presupuesto que se dé a este área sea finalista, precisamente para que los líderes territoriales estén obligados a invertirlo en servicios sociales y no se pueda desviar ni infrafinanciar.

Algunos presidentes autonómicos también se han quejado. Lo ha hecho Javier Lambán (PSOE, Aragón), que ha pedido a Sánchez que “reconsidere” la eliminación de este fondo, y la Junta de Castilla y León (PP y Ciudadanos), que ha remitido una carta en la que lo califica de “injusto” e “inaceptable”.

“Nuestros fondos tendrán ahora que salir de Sanidad o de 'otros', lo que decidan las Comunidades”, lamenta Ramírez, cuya entidad es referente en el sector. “Esto es como si después de la crisis sanitaria que hemos vivido apuestas por despedir a médicos o recortar en sanidad. Después de la crisis social, recortan en servicios sociales. Nos sentimos abandonados por el Gobierno”, declara en referencia a cómo ha golpeado la COVID-19 en residencias y a personas mayores y vulnerables y el incremento de pobreza y exclusión que ha generado.

“Siempre estamos en un segundo plano”

Multiplicar el gasto es una de las demandas históricas de asociaciones y trabajadoras, pero más aún con la que está por venir: según la previsión del Banco de España, la economía no recuperará el nivel previo al coronavirus hasta 2022 en el escenario más optimista. “Los servicios sociales somos uno de los pilares del Estado del Bienestar, pero estamos siempre en un segundo plano. Somos el hermano pobre de otros sistemas de protección también fundamentales y lo que no está en el presupuesto no existe”, explica Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que lamenta la retirada de la inyección directa.

El Gobierno ha aprobado paquetes para servicios sociales en la pandemia –un fondo de 300 millones y la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit para este fin y con un límite de otros 300 millones en total–, pero “es necesaria una apuesta mayor por reforzarlos y que sea suficiente para atender las necesidades”, prosigue Vicente, para la que el sistema no puede depender de “buenas voluntades” que no se materialicen. “Que se destine el dinero a sanidad o a educación es imprescindible y es una buena noticia, pero también debe hacerse lo mismo con los servicios sociales”, concluye.

Coincide en ello el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para el que “por supuesto que la educación necesita recursos económicos, pero estos no pueden proporcionarse detrayéndolos de lo social, que con la sanidad, ha sido el sector más castigado por la pandemia”. En Madrid, donde las imágenes de las llamadas 'colas del hambre' han mostrado la fragilidad del sistema, el ayuntamiento sumó en un mes 22.000 usuarios nuevos, cuando en todo el año pasado fueron 9.000. El propio consistorio ha reconocido un déficit de personal porque el modelo arrastra deficiencias “históricas”. Barcelona atendió en los dos primeros meses de estado de alarma a 34.385 personas, un tercio de todo lo de 2019. “Se ha desbordado, no damos a basto”, explicaba una trabajadora social de servicios sociales de Las Palmas de Gran Canaria para ilustrar la situación.

“No tiene ningún sentido que se pongan en marcha estos 16.000 millones para afrontar los efectos de la pandemia y preparar la recuperación y, en cambio, se olviden los servicios sociales y de acompañamiento a la inclusión, siempre débiles y que han quedado gravemente dañados por la COVID-19”, explica el CERMI en una nota de prensa, en la que reclama al Ejecutivo que recupere la partida específica aunque implique aumentar el fondo extraordinario. “Si lo social no está en el centro –prosigue– las personas más vulnerables, como es el caso de muchas personas con discapacidad y sus familias, quedarán más expuestas a las graves consecuencias”.

Unos presupuestos congelados

El reparto final de los fondos lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero. Fuentes de Hacienda apuntan a que el reparto definitivo se ha establecido finalmente “en función del diálogo” y las “sugerencias” hechas por las comunidades y partidos políticos porque “la voluntad” del ministerio era “incorporar estas aportaciones”. Según el Gobierno, las autonomías van a recibir este año 24.500 millones de euros más que en 2019, en los que se incluyen 7.907 millones del sistema de financiación; un dinero que Hacienda señala que podrán utilizar “en las políticas que consideren oportunas”.

La crisis de marzo llegó en un momento en el que el Gobierno, que gestiona la Dependencia a través de la Vicepresidencia de Derechos Sociales –hasta 2020 era a través de Sanidad– estaba pendiente de recomponer la dependencia. Para la Vicepresidencia es una “prioridad”, según fuentes, pero con la crisis comenzada en marzo por ahora todo se retrasó. La intención es “darle un impulso fuerte” a la dependencia después de que la pandemia haya hecho aún más evidente la necesidad. Pero por ahora no hay plazos.

Todo el escenario está marcado por la heterogeneidad territorial tanto en calidad como en inversión. Con datos de 2018 recopilados por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, la Comunidad de Madrid multiplica por diez la ratio de profesionales (uno por cada 8.354 habitantes) de Navarra (uno por cada 890). La horquilla de gasto también es muy amplia y parte de los 245 euros de Murcia y 263 de Madrid hasta los 511 de Navarra o 431 de Extremadura. Por otro lado, Andalucía, Galicia, Catalunya y Castilla-La Mancha no han recuperado los niveles previos a la crisis.