Han pasado casi seis años desde que se promulgó una ley que había venido para mejorar el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En ella se introduce un cambio importante respecto de la atención a los menores tutelados: debe prevalecer el acogimiento familiar sobre el residencial para cualquier menor. Pero “la ley no está funcionando”, dice claramente Adriana de la Osa, de ASEAF, una asociación constituida por las principales organizaciones relacionadas con el Acogimiento Familiar en España. En cifras, 23.209 menores tutelados por la Administración viven en centros y 19.320 en acogimiento familiar, lo que supone que hay casi 4.000 niños más institucionalizados que viviendo en un hogar (según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2019, y considerando que la administración central admite que las autonomías no proporcionan los datos simultáneamente, lo que crea disparidades). En total, son más de 50 mil los menores atendidos de alguna manera por el sistema público de protección a la infancia.
Si funcionara la ley, la proporción se habría invertido a partir de 2016, pero la tendencia no solo no ha variado, explica De la Osa, sino que ha aumentado la proporción de menores en las residencias frente a los que están en las familias, pasando del 42% en 2016 hasta el 55% en 2018. “Se prioriza el acogimiento residencial y ese es el drama, hay que cambiar el sistema de protección en España, en todas las comunidades autónomas”, afirma. Y añade que “con que se cumpliera la ley y se reubicaran los recursos se podría cambiar el sistema, porque el acogimiento familiar no exige más recursos que el residencial”. Más bien lo contrario. Así lo demostró un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que se fiscalizaba el programa de atención a la infancia de esta comunidad autónoma en 2018: el gasto mensual en un menor en acogimiento familiar remunerado (reciben una ayuda compensatoria) es de 424 euros mientras que el gasto medio de un menor que vive en una residencia es de 3.370 euros. A pesar de eso, y por seguir con el ejemplo de Andalucía, son 2.908 los menores en acogida en las residencias de esa comunidad. Muy pocos más (3.364) están con familias.
También hay una diferencia de gasto importante si el centro de menores es concertado (la inmensa mayoría) o público (en Andalucía, tan solo el 17% de las plazas). En esta comunidad autónoma, el gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro concertado asciende a 2.035 euros, frente a los 9.813 euros de un centro público. Por ello y, según indica el informe de la Cámara de Cuentas andaluza, no es solo que la ley 26/2015 diga que debe prevalecer el acogimiento familiar, sino que además supone un menor gasto para las arcas públicas.
Hay otro punto de flaqueza del sistema, que es el de los bebés. La ley de protección a la infancia indica que los menores de tres años no deben estar en las residencias “salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor”. Vivir en un centro debería ser muy excepcional, pero los datos de 2019 señalan que hay 599 menores de tres años en acogimiento residencial.
El difícil retorno a la familia biológica
La acogida es una medida temporal y no suficientemente conocida. Está pensada para niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos no pueden convivir con sus padres y, mientras siguen tutelados por la administración pública, puedan crecer y desarrollarse en un entorno familiar. Esta estancia se prolonga hasta que puedan reintegrarse a su familia biológica, aunque la mayoría de las bajas del acogimiento familiar no se producen por ello (un 15,2%) sino porque el menor alcanza la mayoría de edad (un 29,5%). Para cumplir con el objetivo de la acogida, se debería “invertir más trabajo y recursos” en ayudar a la familia de origen, opina Teresa Díaz, vicepresidenta de la asociación Familias para la Acogida.
Teresa es madre de acogida. Lo ha sido hasta en cuatro ocasiones y actualmente un niño de 11 años vive en acogimiento permanente en su familia. “He recibido mucho más de lo que he dado”, dice Teresa, que explica que no solo es bueno para el niño sino que es “un bien” que hace a los padres de acogida y a los hermanos, si los hay, como es su caso: “Te enseñan cosas que en el colegio no se aprenden, porque a una casa abierta le entra el aire por muchos sitios”. “La gente te pregunta si cuando se van no me da pena y yo les digo que todos se van, los propios y los acogidos. Esto te educa en que los niños no son tuyos para toda la vida, los acompañas hasta que pueden volar solos”, añade.
Teresa tiene una relación excelente con la familia de origen de este niño, que quiere recuperarlo pero no lo consigue. Su madre biológica lo tuvo con 15 años y ahora, con 26, necesita una estabilidad emocional y económica que no es fácil de obtener para los jóvenes de clase trabajadora. “Me parece bueno que vuelva con ellos, es lo que él quiere a pesar de estar fenomenal con nosotros, pero no es fácil”, dice. El caso de Teresa cumple las estadísticas, pues el primer hijo de acogida que tuvo dejó de serlo al cumplir la mayoría de edad, otro se fue en adopción (de esa forma se va un 11,6%) y el último está en el proceso de acogimiento permanente con otra familia. Ninguno de los cuatro ha podido reunificarse con su familia biológica.
Los criterios de idoneidad
Las parejas (matrimonios o parejas de hecho) que desean incorporar a un menor en acogida a su hogar son evaluadas detalladamente. Han de presentar desde la declaración de la Renta hasta certificados médicos y de antecedentes penales. Pasan por sesiones de formación y un estudio psicosocial. Al finalizar este procedimiento, son declarados idóneos o no.
Elena Marigorta, secretaria de Familias para la acogida, habla con muchas familias a las que les surgen problemas e inquietudes durante el proceso. Los plazos de espera y el silencio del interlocutor al otro lado, la administración, es uno de los más habituales. Marigorta pone como ejemplo una familia de Madrid con la que está al habla, a la que le concedieron la idoneidad en enero de 2020 y con la que, más de un año después, no se ha iniciado ningún proceso.
La gran petición del movimiento asociativo en la acogida es que se visibilice que estos niños están en las residencias a la espera de una familia para que estas se animen, porque “no hay familias suficientes”, asegura Teresa Díaz. Por otro lado, hay casos como el de Alicia E. y su marido, quienes obtuvieron la idoneidad pero luego les fue retirada, sin que pudieran comprender bien los criterios del grupo evaluador a la hora de tomar esta decisión. La pareja cumplía con todos los requisitos. Hizo su primera solicitud en diciembre de 2017 en la Comunidad de Madrid. El proceso fue lento y a menudo no se aceleraba hasta que no eran ellos los que llamaban para interesarse por él. Pasaron por las dos entrevistas y la visita de los técnicos a su casa, donde por tercera vez les hicieron las mismas preguntas que en las entrevistas anteriores. En febrero de 2019 no habían recibido la carta de idoneidad pero les dijeron por teléfono que no se preocuparan, que estaban aceptados, relata Alicia.
En su solicitud, Alicia había expresado que estaban dispuestos a acoger a un menor de ocho años y con probabilidad a un segundo, lo que abre la vía a que fueran hermanos, siempre que la edad fuera inferior a los ocho años. En cambio, cuando les llamaron para asignarles un menor en acogimiento, el cual estaba a punto de cumplir nueve, les dijeron que tenía dos hermanas mayores, de 11 y 13 años. Esta no era la situación en la que esta pareja se veía cómoda o capaz de adaptarse, por lo que expresaron sus dudas durante el plazo de dos días de reflexión que les dieron. Les respondieron que en el futuro podrían acoger a un segundo menor, aunque no fuera hermano y que no había problema en que estos tres hermanos fueran a hogares diferentes.También sugirieron que preferirían acoger a un niño que no tuviera que dejar a un hermano atrás. La administración les dijo que los hermanos estaban de acuerdo en ser separados. Finalmente, Alicia y su marido aceptaron. La decisión final quedaba en manos del niño y de sus hermanas, que también debían dar el visto bueno.
Pero la pareja, que admite que se sintió “presionada” para aceptar a tres niños, seguía teniendo dudas sobre la conveniencia de separar a los hermanos, por lo que antes de que se produjera un encuentro para conocerse con el menor, enviaron una carta expresando sus inquietudes, en concreto que sería mejor para el niño que fuera a una familia que no hubiera marcado el tope de edad de los ocho años. La contestación de esta carta fue una nueva valoración con entrevistas y reuniones por los mismos técnicos y la declaración, hace un mes, de la retirada de la idoneidad de Alicia y su marido como padres de acogida. “El tono era terrible en la reunión, nos trataron como si fuéramos el diablo en la tierra, nos dijeron que nuestro expediente se iba a quedar en un cajón, utilizaron entrecomillados de nuestra carta para sacarlos de contexto y dictaminar que no reconocíamos a la familia biológica de los menores y que lo que habíamos hecho nos invalidaba como padres de acogida”. No solo como madre y padre de acogida de este menor, sino “para siempre”. A no ser que recurran esta decisión en un juzgado. Alicia consultó con un abogado y con diversas asociaciones de familias de acogida y sacó en claro que recurrir no cambiaría su futuro: era muy difícil, aunque ganaran judicialmente, que en la unidad de acogimiento se les reconociera la idoneidad para cualquier otro proceso que quisieran iniciar. “Otros padres de acogida me contaron que no suele acabar bien la cosa si dices que no en el primer ofrecimiento”, dice.
De los menores que viven en residencias —el último dato de Madrid son 1.716— no todos son “niños propuestos” para acogimiento. Un comité formado por técnicos de acogimiento, protección y servicios sociales decide según su criterio cuándo un menor está preparado para abandonar la residencia y, a partir de ahí, se busca una familia cuya petición coincida con el perfil del menor (las familias declaran en la inscripción si se sienten preparadas para un menor adolescente, si ponen un límite de edad, de hermanos...). Se desconocen los datos, pero De la Osa valora que los que están “propuestos” son “minoría” entre la población residencial.
Desde la sociedad civil se anima a las familias a que participen del acogimiento con programas de estancias cortas, como el proyecto SOS COVID en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya réplica se está estudiando en comunidades como Galicia. Se trata de sacar a los menores de las residencias durante el curso escolar para que puedan sobrellevar la vida en pandemia de una manera más normalizada. “Estamos en un momento de cambio —analiza Teresa Díaz— desde que comenzamos con la acogida hace 23 años y está mejorando, pero para que funcione bien tiene que haber más familias”, por lo que apuesta por este tipo de programas para que las parejas “se animen” y tengan una primera experiencia de lo que supone el acogimiento. En Madrid han participado 20 familias que han recibido en total a 23 niños y niñas mayores de 10 años, que volverán a las residencias cuando acabe el curso.