Tres meses después de que el Congreso acordara por unanimidad su creación, la subcomisión de violencia machista comienza a andar este miércoles con las ponencias de los primeros comparecientes. Del diagnóstico final saldrá un informe que tratará de identificar los puntos negros del sistema que impiden la erradicación de la violencia de género y elaborar propuestas para articular un futuro pacto de Estado.
En lo que va de año diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La última este lunes en la localidad ciudadrealeña de Daimiel, donde un hombre fue detenido por el asesinato de su pareja y de la hija de esta, de 18 años. Sin embargo, solo la primera contará como víctima de la violencia machista en los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que desde 2013 registra además a los menores asesinados.
Esto es así porque la ley integral de 2004 solo contempla como tal las agresiones perpetradas en el marco de una relación sentimental. Algo que previsiblemente se modificará a raíz de las conclusiones que deriven de la subcomisión porque una de sus prioridades es aplicar el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, que amplía el concepto de violencia de género a otras formas de violencia sobre las mujeres: el acoso, las agresiones sexuales o la mutilación genital.
La subcomisión se articulará en torno a diez temas que han sido consensuados por los diferentes grupos con la premisa de tratar todas las formas de violencia machista. El esquema de contenido comienza con la violencia de género en sentido general, para pasar a violencia sexual, migrantes, discapacidad y menores. El sexto punto tratará la violencia contra los hijos e hijas de mujeres víctimas, la trata y asilo, prostitución, nuevas formas de violencia y redes sociales, medios de comunicación y violencia de género contra mujeres LGTBI.
“Este último, en el que incidiremos en las mujeres transexuales, junto al tratamiento por separado de trata y prostitución, es uno de los contenidos en los que hemos insistido desde Unidos Podemos”, asegura la portavoz de En Marea en la subcomisión Ángela Rodríguez. Para su grupo es una prioridad el reconocimiento de violencias más allá de la pareja o expareja y disponer de recursos suficientes. “Creo que es una de los puntos que pueden generar más rupturas con PP y PSOE, pero sin recursos no hay feminismo”, concluye Rodríguez.
Por su parte, los socialistas nombran la mejora de la seguridad de las víctimas como una de sus apuestas “para identificar las anomalías que hay en la administración de justicia y en la protección de las mujeres”, apunta Ángeles Álvarez, portavoz del PSOE. Pone como ejemplo el hecho de que haya juzgados que denieguen sistemáticamente órdenes de protección.
Enumera, además, “la recuperación de las competencias en materia de igualdad en los ayuntamientos o la reforma de las evaluaciones policiales del riesgo de las víctimas”. Ciudadanos también pone el acento en la detección del riesgo, ya que “han asesinado a mujeres con órdenes de protección en vigor” y en la asistencia a víctimas que no han denunciado, según Patricia Reyes, portavoz de la formación.
Primeros comparecientes
La subcomisión, alojada en el seno de la Comisión de Igualdad, ya ha programado tres sesiones de comparecencias para los días 15, 22 y 23 de febrero. Este miércoles la primera será Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha adelantado una de sus recomendaciones: que un abogado acompañe a las víctimas desde antes de denunciar.
También comparecerá la Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia contra la Mujer, Flor de Torres, y la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández. La idea ha sido agrupar a las ponentes institucionales en las primeras sesiones “para seguir un orden metodológico”, asegura la portavoz de En Marea Ángela Rodríguez.
De esta manera, “aunque todas las comparecientes de las primeras sesiones sean a propuesta del grupo popular o socialista, nos parece lo más lógico”, matiza. En total se citará a 60 comparecientes que intervendrán durante las próximas diez semanas, entre los que se encuentran también representantes de organizaciones sociales, juristas o expertos universitarios.
El número de comparecientes que ha propuesto cada formación depende de su representación en el Parlamento. Así, el PP ha convocado a 23, el PSOE a 14, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 11, Ciudadanos cinco, el grupo mixto 3 y Esquerra Republicana y el PNV dos cada uno.