A las 18.33 del pasado sábado, algunas horas antes de que Mariano Rajoy fuera investido presidente, el Congreso se calló durante un minuto en recuerdo de las 36 mujeres asesinadas en lo que va de año por violencia machista, según la estadística oficial. Tras los 60 segundos se oculta una legislatura llena de puntos negros que mantienen en vilo el pacto de Estado que, previsiblemente, se aprobará esta legislatura.
“La carga simbólica es importante, pero no podemos quedarnos ahí porque detrás debe haber una respuesta real”, apunta Bárbara Tardón, consultora internacional experta en violencia de género. En su opinión, considerar el tema una prioridad y elevarlo a cuestión de Estado “debe especificarse en medidas concretas”.
El desacuerdo en el germen del pacto
Todo apunta a que esta será la legislatura en la que se apruebe un pacto de Estado contra la violencia de género. El pacto de investidura firmado en agosto por PP y Ciudadanos así lo contemplaba y es una de las exigencias que el PSOE planteará en el Congreso a cambio de su abstención. En lo que no parecen estar muy de acuerdo es en el contenido del mismo.
Habrá que esperar a ver cuáles son las líneas rojas o concesiones que marca cada formación, pero por el momento el antecedente ha sido una moción aprobada en el Senado el pasado mes de septiembre que manifiesta la necesidad de alcanzar el pacto. Sin embargo, la mayoría de los votos a favor (139 de 145) correspondían al PP, que rechazó todas las enmiendas presentadas por la oposición.
La mayor parte de senadores de PSOE, Podemos y Ciudadanos no dieron el 'sí' a la iniciativa, que pretendían modificar con cuestiones como modificar el nombre por violencia machista –en vez de violencia de género–, crear un foro anual para mejorar la coordinación territorial, transferir recursos a las comunidades, crear una Unidad de Coordinación en cada autonomía y reponer las partidas presupuestarias.
El Grupo Socialista acusó entonces a los populares de “oportunismo político” y recordó que la formación conservadora fue la única que votó en contra de la moción presentada en el Senado por los socialistas en agosto de 2015 en los mismos términos. Los 146 votos en contra del PP sirvieron para tumbar la iniciativa.
Un 26% menos de presupuesto
La petición de la oposición de restablecer las partidas presupuestarias serviría para levantar la cifra de inversión en prevención contra la violencia machista que se ha ido arrastrando desde 2010. El dinero que destina el Gobierno ha pasado en seis años de los 34,3 millones de ese año a los 25,2 que presupuestó para 2016. Aunque este último año fijó un incremento del 6% respecto a 2015, la caída acumulada ha alcanzado el 26% menos de presupuesto.
Lo mismo para el programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los recursos destinados al programa de igualdad de oportunidades han disminuido desde 2006, año de su máxima financiación, un 61% al pasar de 50 millones de euros a los 19 presupuestados para el próximo ejercicio. “Las mermas de presupuesto han provocado que se hayan precarizado las condiciones laborales de las trabajadoras”, asegura Tardón.
Los 26 segundos dedicados a violencia machista
Esa fue la respuesta que dedicaron en el debate los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno unos días antes de las elecciones del 26 de junio. Dos veces tuvo que intervenir la moderadora Ana Blanco para que Iglesias y Sánchez hablaran de ello en apenas cuatro frases. Rajoy y Rivera agotaron su turno sin hacerlo. Días después, la plataforma 7N contra las violencias machistas lanzó en Twitter la campaña #26SegNobastan para interpelar a los políticos por no tratar el tema.
14 hombres de 15 portavoces
Tal y como recuerda la profesora de Derecho Civil Verónica del Carpio en su blog, poco después del minuto de silencio en el Congreso, intervino Rajoy como candidato a la presidencia y, acto seguido, los portavoces de los diferentes partidos políticos. Solo uno de los 15 que hablaron era una mujer. Se trata de Ana Oramas, la representante de Coalición Canaria.
“¿Cree normal que los grandes partidos, antiguos y nuevos, que se llenan la boca con la igualdad, pongan siempre a varones para intervenir en los debates cruciales, y que sean los portavoces titulares tanto en el Congreso como en el Senado?”, se pregunta la jurista. “Para conseguir que desaparezca la violencia machista, hay que educar en la igualdad”, apunta en un artículo titulado De minutos de silencio y clamorosas realidades políticas.
Los menores, víctimas directas en teoría
Todos los colectivos de lucha contra la violencia de género han celebrado la aprobación de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, que entró en vigor en agosto de 2015. En ella se reconocía a los menores expuestos a violencia machista como víctimas directas, tras haber sido considerados por el sistema las víctimas más invisibles.
La presión de los colectivos tuvo su efecto, pero siguen denunciando que se trata de un avance legal que falta por concretar. “No hay ningún protocolo que puedan seguir los equipos profesionales a la hora de tratar a los menores; tenemos casos de puntos de encuentro familiar [espacios destinados a cumplir los regímenes de visitas del menor acordados por un juez] en los que se expone al niño o a la niña a padres agresores, en vez de protegerle”, cuenta Tardón.
Una puerta casi cerrada para las migrantes
Tardón señala el decreto 16/2012, que restringió el acceso a la salud a miles de personas sin residencia legal en España, como una de las grietas más pronunciadas de la lucha contra la violencia machista que sufren las mujeres migrantes. La normativa les retiró las tarjetas sanitarias, de modo que dejaron de tener derecho a la atención primaria, excepto los y las menores, las embarazadas y las urgencias.
Con el paso del tiempo la mayoría de comunidades amplió la atención, pero las ONG denuncian la arbitrariedad del sistema y reflejan que muchas personas no acuden al médico por desconocimiento debido a que no se han hecho públicas unas directrices claras sobre el tema.
“Hay mujeres que no son atendidas a pesar de que sabemos que la atención primaria es muchas veces la puerta de entrada al sistema y un filtro de detección de la violencia”, matiza Tardón, que insiste en que precisan “un seguimiento médico y psicológico”.
El Convenio de Estambul... dos años tarde
Ya en septiembre de 2015 el entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, presentó como un logro de la legislatura el llamado Convenio de Estambul en el balance que hizo en el Congreso sobre los diez años de la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, lo que no dijo el ministro es que, a pesar de que el Gobierno lo ratificó en junio de 2014, no ha sido aplicado.
Aunque ha habido una declaración de intenciones por parte de todos los partidos políticos de aplicarlo, “han tenido muchos años para hacerlo”, denuncia Tardón. “No ha habido una difusión real del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer, el Gobierno ni lo nombra”, afirma.
Entre las medidas de obligado cumplimiento que contempla incluye la ampliación de la ley de violencia de género a otras formas de violencia perpetradas contra las mujeres por el hecho de serlo. Y enumera: violencia sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso.
En busca de la educación en igualdad
Otra de las medidas que incorpora el convenio es la de incluir en los programas educativos la igualdad entre mujeres y hombres y dar formación inicial y permanente al profesorado. Otro de los puntos sobre los que el titular de la cartera de Sanidad presumió en el balance afirmando que la igualdad es “un principio rector” del sistema educativo.
La declaración choca de frente con la realidad, que corrobora que la coeducación es la gran ausente de los colegios españoles. En su mayoría, depende de la voluntad del profesorado y de colegios e institutos comprometidos con el tema. Solo Andalucía cuenta con un plan en este sentido de obligado cumplimiento para los centros. Euskadi también cuenta con uno, pero no es obligatorio.