Era principios de febrero cuando la Policía Nacional detuvo a ocho hombres en Madrid. Las cámaras de seguridad de una discoteca y varios testigos habían permitido identificarles como los autores de un delito de agresión sexual con sumisión química a dos mujeres. Las dos sufrieron malestar, inconsciencia y periodos de amnesia. Las pruebas que les realizaron en el hospital confirmaron la presencia de sustancias químicas; los hombres se las habían administrado sin su consentimiento en las bebidas a las que les invitaron.
En los últimos meses, las noticias sobre agresiones sexuales con sumisión química se han multiplicado. Los relatos de muchas mujeres, el eco mediático y en redes y la alarma social han hecho que el tema entre fuerte en la agenda y que la sensación de indefensión crezca. Varios colectivos reclaman la existencia de protocolos unificados en todos los hospitales para que la recogida de muestras y análisis esté igualmente garantizada y sirva para reforzar las denuncias de las mujeres. La Ley de Libertad Sexual, que sigue en trámite, incluye estas demandas.
A día de hoy, no todas las comunidades autónomas cuentan con protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual. Donde no hay una hoja de ruta autonómica, queda a la decisión de cada hospital tener un protocolo específico. En las comunidades donde sí lo hay, cada hospital puede, además, añadir medidas y recursos propios.
Uno de los hospitales pioneros es el Clínic de Barcelona, que desde hace 30 años cuenta con una Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género, y que tiene un protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales desde hace 20. “Nació como un acuerdo ciudadano para establecer un centro de referencia de violencia sexual por parte de todos los agentes que trabajan en violencia sexual en Barcelona: forenses, policía, trabajo social… El Clínic se convirtió en el centro de referencia de Barcelona porque es el único que cumplía los requisitos para dar una asistencia integral urgente y biopsicosocial. En todos los casos se practica una valoración física, emocional, se analizan los riesgos biológicos que se hayan podido sufrir, y se hace seguimiento. Tenemos conexión directa con policía, fiscalía y medicina forense”, explica la enfermera fundadora y miembro de la Comisión, Teresa Echeverría.
Las sustancias químicas que se administran tienden a desaparecen rápidamente en sangre, pero el relato que hacen las víctimas suele servir para que las profesionales que las atienden sospechen que ha existido sumisión. “La diagnosticamos por química, por los signos y los síntomas: las víctimas te explican cómo se encuentran, qué les ha pasado y resulta que son relatos muy parecidos, muy iguales incluso entre gente que se encontraba en un lugar u otro. Igual que cuando un paciente hace cierto relato con determinados dolores y prácticamente se sabe que es un cólico nefrítico, en estos casos con esos relatos sabes que ha habido una agresión con sumisión química”, cuenta Echeverría. El programa toxicológico del Clínic es especialmente exhaustivo y eso permite que la toma de muestras de sangre y orina arroje información que en otros lugares puede no conseguirse.
No crear alarma
Esa es la demanda de las impulsoras de la petición Stop Sumisión Química en la plataforma Change: que existan protocolos unificados para personal médico y judicial y que ni el tipo de atención ni la búsqueda de determinadas sustancias dependa de cada centro. Hace poco, las integrantes se reunieron con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y con la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, también con el ministerio de Justicia. La Ley de Libertad Sexual exige protocolizar la recogida de muestras y de otras pruebas, incluso sin que haya denuncia previa o proceso penal. También introduce la sumisión química como forma de comisión de la agresión sexual.
“El artículo 47 mejorará la acreditación judicial de este tipo de violencia, a través de la práctica forense, garantizando, por primera vez, la recogida de muestras biológicas y otras evidencias, incluidas imágenes, que puedan contribuir a la acreditación de las violencias sexuales, incluso sin denuncia previa de la víctima o sin proceso penal iniciado. El tiempo que estas muestras deberán permanecer guardadas se ampliará. Los profesionales forenses deberán contar con formación y protocolos para que la práctica forense sea adecuada”, explica Rodríguez.
Aunque el concepto que se ha extendido últimamente es el de sumisión química, la terminología forense es en realidad más amplia: existe la sumisión química y la vulnerabilidad química. En el primer caso, alguien suministra a otra persona, sin su conocimiento ni consentimiento, una o varias sustancias con el fin de agredirla sexualmente. En el segundo caso, la víctima ha tomado voluntariamente alcohol o drogas y un agresor se aprovecha de que su capacidad de decisión y conciencia está muy disminuida para violentarla sexualmente.
No hay datos estadísticos oficiales sobre agresiones sexuales cometidas bajo sumisión o vulnerabilidad química en España. La confusión y la disparidad de definiciones hace también difícil comparar la prevalencia de estos casos respecto a otros países o periodos anteriores. La Universidad de Barcelona presentó en diciembre el primer estudio nacional específico sobre violencia sexual, que fue encargado por el Ministerio del Interior. Para calcular la envergadura de este tipo de violencia sexual tomaron como referencia el trabajo del Hospital Clínic de Barcelona, pionero en la materia. Según los casos que atienden, la sumisión química sucede en el 31% de las agresiones.
La enfermera fundadora y miembro de la Comisión de Violencia del Hospital Clínic, Teresa Echeverría, pide no crear alarma: “Lo grave es que una mujer haya padecido violencia sexual, el mecanismo por el que la haya padecido es un elemento más pero no el determinante de la violencia. Es importante desde punto de vista criminológico, para que los agresores queden más impunes y que a las víctimas les cueste más denunciar o no lo hagan, pero una agresión sexual es una agresión sexual y en ninguna hay voluntad ni consentimiento”. Muchas veces, añade, las pruebas más fiables no son capaces de reconocer las drogas que se han suministrado “y eso a veces crea más trauma en la víctima porque parece que es que no te creen o no te tienen en cuenta y no es así”. Por eso, la enfermera pide poner en el centro el hecho de que se ha cometido una agresión sexual y de que esa persona debe ser atendida digna e integralmente, más allá de los medios por los que se haya cometido el delito.
El estudio realizado por la Universidad de Barcelona recoge también los resultados de un análisis publicado en 2019 en la Revista Española de Investigación Criminológica. La investigación, hecha a partir de una muestra de sentencias dictadas entre 1999 y 2016, encontró que en el 24% de las decisiones judiciales sobre violencia sexual se identificó una agresión bajo las condiciones de sumisión química.
Herramienta eficaz
Desde 2018, la Comunidad de Madrid cuenta con un protocolo de atención hospitalaria a las víctimas de agresiones sexuales. La doctora María Castro es la presidenta de la Comisión de Violencia del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. El protocolo, dice, es “una herramienta muy eficaz ”para que se puedan hacer el diagnósticos con pruebas de “validez legal”. “Se pueden tomar las muestras de sangre y orina sin que la víctima haya tenido que realizar previamente una denuncia y sin que el forense la haya revisado”, afirma. La primera parte del procedimiento consiste en una entrevista para tener una historia clínica de la víctima, que incluye conocer si se ha consumido alcohol o drogas voluntariamente. Hay también una revisión ginecológica y una extracción de muestras de sangre y orina “con cadena de custodia, que es lo que da valor legal a las pruebas: asegurar que las muestras están siempre custodiadas y con seguimiento”.
“Hay un documento que firman la enfermera, la ginecóloga, el bioquímico… Este profesional se lleva esas muestras en mano a una cámara frigorífica con seguridad. Cuando se interpone la denuncia y viene el forense, son las fuerzas de seguridad quienes llevan a los laboratorios centralizados esas muestras para hacer sus propias baterías de pruebas”, explica. La doctora asevera que las drogas desaparecen muy rápidamente en sangre y orina, y que es deseable tomar las muestras en las primeras 72 horas después de la agresión. Algo que no siempre es posible porque la evidencia dice que las agresiones graves tardan en denunciarse, también en las que existe sumisión química: la confusión, las lagunas de memoria, la tardanza en recuperarse físicamente y la culpa funcionan como factores que inhiben la denuncia.
Hay pruebas que no siempre están incluidas en las baterías que hacen los hospitales. Es el caso del análisis del pelo y de los parches de sudor, que en ocasiones algunas mujeres que sospechan haber sido agredidas bajo sumisión química han pagado de su bolsillo: solo pueden practicarlas los forenses, que a día de hoy no acuden a todos los casos que los hospitales atienden. Su presencia depende sobre todo de la decisión de un juez. “Son pruebas, además, que permiten una interpretación más amplia y por tanto su validez es más dudosa”, añade Castro.
El Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad trabajan para elaborar el primer Protocolo de Actuación Común Sanitario en Violencia Sexual, que incluirá las actuaciones que deben ponerse en marcha cuando ha existido sumisión química y que prevén que esté listo este año.
“A esto se le suma el papel fundamental que jugarán los centros de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual, que serán recursos de referencia que estarán coordinados con los hospitales públicos y que serán creados con fondos europeos. Serán lugares a los que las víctimas de esta violencia también puedan acudir, sucediera cuando sucediera la agresión”, apunta la secretaria de Estado de Igualdad.
El protocolo que aplica el hospital Puerta de Hierro establece que haya lugares confortables para las víctimas y que sean siempre las mismas personas quienes la atiendan, salvo cuando hay cambios de turno. La doctora María Castro subraya: “Siempre hay credibilidad en su proceso. No somos jueces ni estamos aquí para juzgar moralmente a nadie, estamos para atenderles con dignidad”.