La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 1969), dice sentirse “optimista” a la hora de que la oposición respalde una ley de cambio climático que se le quedó a medias por el adelanto electoral de 2019. El texto debe llegar en menos de un mes a las Cortes si el Ejecutivo quiere cumplir con el compromiso que tomó ya en su tercer Consejo de Ministros: 100 días para poner en marcha el plan climático.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez aumentó los galones de Ribera, que pasó de ministra a vicepresidenta, para afrontar este proyecto en medio del repunte negacionista que encarna la ultraderecha desde EEUU a Brasil pasando por la Unión Europea y España. “Que nadie se esconda en otra persona o en otra institución para hacer como si no estuviera ocurriendo nada, porque no es verdad. Tiene una incidencia social terrible y enormemente injusta”, dice la vicepresidenta a eldiario.es.
La Transición Ecológica se ha convertido en un convoy que lleva la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la gestión del agua, la protección del litoral, la biodiversidad, la defensa de la naturaleza y la despoblación. Sobre cada uno de estos asuntos, Teresa Ribera tiene un plan o una opinión.
El Gobierno, tras declarar la emergencia climática, se comprometió a poner en marcha un plan en 100 días ¿cuál será la primera medida?
La remisión del proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética al Parlamento. Al mismo tiempo, la presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la firma de los primeros protocolos de transición justa en zonas en las que se cierran centrales térmicas de carbón. También se pondrá en información pública la estrategia de descarbonización para 2050. Y, por último, la constitución de la asamblea ciudadana por el clima.
¿Le preocupa que el debate sobre el cambio climático se polarice por la presencia de diputados negacionistas, como ha ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump?
Un alto porcentaje de los votantes de Vox califican el problema del cambio climático como grave o muy grave. Creo que ahora debemos dar respuestas para evitar que la demagogia se polarice también en sentido inverso. Estos días veíamos a Marine Le Pen hablando de su convicción ultraconservadora y conservacionista, como si el localismo fuera la solución a los grandes problemas. Y yo creo que las soluciones a los problemas locales y globales están conectadas. Pero la defensa del cortoplacismo y de lo estrictamente local no nos va a ayudar a resolver problemas.
La ONU ha explicado que los planes climáticos mundiales auguran un aumento de la temperatura global de 3ºC ¿Estamos ya lejos de poder revertir la situación?
Cada día que pasa sin tomar medidas suficientes, se hace más difícil mantenernos dentro de los escenarios de seguridad. Insisto, cada día sin tomar acciones es más difícil. Eso no significa que no sea posible, sino que cuesta más esfuerzo, pero, que en todo caso, merece la pena seguir haciéndolo. 1,5ºC es mejor que 2ºC y 2'5ºC es mejor que 3ºC, así que no basta con contentarnos pensando en que es difícil y decir “no hago nada, qué le vamos a hacer. Se perdió la batalla” porque no es verdad. El riesgo que asumimos haciendo ese ejercicio es inmenso y no nos lo podemos permitir ni por nosotros ni por nuestros hijos ni por la estabilidad, no sólo de la economía, sino en general de la sociedad y de la especie humana.
Entre las medidas más concretas para atajar el problema, ¿se van a igualar los impuestos que pagan el gasóleo y la gasolina?
Sí. El Gobierno lo ha defendido y lo ha dejado claro. No hay razón ambiental para que haya esa discrepancia. Cosa diferente es cómo se acompaña a sectores productivos donde las alternativas quizá lleven algún tiempo, es decir, el gasóleo profesional o el de la agricultura. Pero esa equiparación va a ser relativamente rápida.
Tenemos que prepararnos para movernos de otra manera...
Un cambio hacia una movilidad sostenible nos hace ganar a todos. No solamente desde el punto de vista de la calidad del aire del entorno urbano, sino también de salud pública. Nos hace ganar también, si apostamos y adoptamos las medidas a tiempo, en nuestra cadena de producción industrial y de servicios, donde estamos viendo cómo se produce una revolución con respecto al tipo de vehículo, la modalidad, la prestación de servicios, la titularidad de la propiedad de vehículos... Las decisiones del Gobierno pueden acompañar para asegurarnos de que contamos con los requerimientos laborales, con la capacidad de innovación industrial, con las apuestas en términos de inversión. Se trata de medio ambiente, calidad del aire y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En este sentido, este miércoles se vio con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que le presentó su plan ambiental. ¿Sirve para detener la sanción europea?sanción europea
Siendo una primera propuesta de medidas pendiente de aprobación hay cosas interesantes, pero me ha parecido honesto plantearle por mi parte al alcalde de Madrid que es conveniente aplicar el principio de no regresión: no conviene nunca ir para atrás, sino ir para adelante. Uno de los elementos que más alarma suscitó en el seno de la Comisión Europea fue el hecho de que no consideraban suficientemente convincentes el conjunto de medidas que se presentaban. Quizá permitir que a Madrid Central entren coches de etiqueta C, que son unos 600.000, o el replanteamiento de algunas zonas por las que discurren las bicicletas no son buenas noticias. Con todo, le he notado mucho más sensibilizado.
Si un amigo le pregunta a usted qué coche se compra ¿qué le responde: diésel, gasolina, eléctrico, híbrido?
Pues depende del uso que le vaya a dar. Yo a un amigo le diría que, con carácter general, tiene muchas soluciones antes de utilizar un coche, pero en el caso de un vehículo privado es bueno fijarse en cuáles son los recorridos. Es obvio que, en un área metropolitana o de 50 kilómetros, probablemente la mejor solución sea la del coche eléctrico o si son recorridos medios y largos, el coche más eficiente entre los posibles. En todo caso, es distinto el debate sobre cuál es la decisión que tomamos hoy como ciudadanos individuales en caso de necesidad de adquirir un vehículo y la necesidad de trabajar como país y como Gobierno en la evolución de un sector industrial y de un sector de políticas públicas en torno a la movilidad o un sector de innovación y de reubicación de nuestro potencial de empleo, que tienen que pensar en el medio y en el largo plazo y no solamente la visión de corto plazo de un usuario corriente.
Reino Unido planea prohibir la venta de coches de combustión en 2035, cinco años antes que el plazo europeo y español, ¿es viable?
En la Unión Europea hay un grupo de países que reivindica una revisión de los objetivos para eliminar los vehículos con motores de combustión antes. Pero, en paralelo, se debate sobre cómo hacer atractivo a las casas matrices y a la industria apostar por los sistemas de producción locales y nacionales cuando tienen que decidir dónde ubicar sus cadenas de ensamblaje o sus cadenas de componentes, y en aquellos vehículos que consideran que serán los que tengan más recorrido en el medio y largo plazo. Hay claramente un momento de tensión por las apuestas tecnológicas y por los desarrollos industriales en torno a los motores de combustión, a los motores eléctricos y, eventualmente, al hidrógeno.
Para que el coche eléctrico sea eficaz y viable hace falta que la energía sea libre de emisiones. El plan es llegar a eso en 2050 ¿Es posible ese cambio sin carbón, sin gas, solamente con energías renovables?
Estoy convencida de ello. Exige un nivel de penetración ordenado de la nueva potencia renovable, con una salida ordenada de la potencia fósil tradicional y, al mismo tiempo, exige apostar por sistemas de almacenamiento que nos permitan dar estabilidad y seguridad al sistema. Yo creo que esto es un punto muy delicado: estar seguros de que ninguno de los pasos que damos pone en riesgo la seguridad de suministro, ni pone en riesgo una reducción paulatina de precios. Y tenemos que encontrar cuál es la fórmula que nos permita dar estabilidad y generar atractivo para que se invierta en esos términos.
Ha habido una enorme petición de permisos para construir nuevas plantas de energía renovable, ¿estamos ante una nueva burbuja?
En parte sí y eso me preocupa. Tenemos una demanda de permisos de evacuación de energía renovable que supera con creces lo que consideramos que se puede desarrollar de aquí a 2030. Y dado que no existen requisitos intermedios que permitan ir configurando un mapa de la seriedad de la oferta que hay detrás, no sabemos muy bien si detrás hay proyectos serios, medios serios de financiación o si es un potencial mercado especulativo de proyectos. Y creo que esto no es bueno.
¿Cómo piensan controlarlo?
Posiblemente tendremos que intervenir a través de la normativa que nos vaya introduciendo garantías durante todo ese proceso, hasta que se pueda autorizar finalmente la instalación.
Los fondos extranjeros, que denunciaron España por los recortes del PP a las renovables, siguen pleiteando en tribunales internacionales. ¿Le preocupa que haya embargos a España?
Ha sido uno de los legados más complicados y duros que tenemos por delante. No hay nuevas iniciativas, no hay nuevos procedimientos abiertos desde que aprobamos la posibilidad de elegir entre una compensación reconocida por un tribunal de arbitraje, o bien acogerse a periodos de estabilidad que aseguran una rentabilidad de más de un 7% durante mucho tiempo. Yo confío en que lo propios árbitros que recriminaban al Gobierno que no había alternativas para mitigar el golpe de los recortes ahora vean que hay esa alternativa.
Pero, mientras tanto, tenemos laudos que ya han recaído y, efectivamente, pueden instar la ejecución y buscar poder hacerse con activos por parte del Estado. Es una de los pruebas manifiestas de la mentira tan grande que fue aquello de “yo me quito de en medio este problema” porque, en el fondo, fue una patada para adelante que ahora nos toca gestionar a los demás.
¿Cómo planean resolverlo?
Recuperando la confianza de los inversores internacionales. Habrá una defensa firme por parte del Estado ante los tribunales de arbitraje y los tribunales internacionales, pero, al mismo tiempo, confiamos en que haya una voluntad creciente de adherirse a este tipo de soluciones que, creo, son razonables para todos.
¿Descarta ya Villar de Cañas como ubicación para el almacén temporal de residuos nucleares?
Este es es un ejemplo de lo que ocurre cuando las cosas se gestionan mal. Tendremos que ser consecuentes y ver cómo se gestiona eso, con total seguridad, con total garantía para las personas y el medio ambiente. Es importante que haya, no solamente requerimientos técnicos que garanticen esa seguridad, sino también que sea socialmente aceptado por los vecinos, por las corporaciones de aquel sitio donde se vaya a ubicar ese almacén.
¿Elegirán otro municipio entonces?
El ministro Miguel Sebastián lanzó un proceso de consulta complicado, donde hubo varios municipios que se ofrecían para hacerlo y, por lo tanto, tenían una voluntad de acoger esa actividad. Todo aquello se fue al traste por una decisión personal que fue muy cuestionada a nivel local. Tendremos que abrir un proceso de consultas con los potenciales candidatos que quedaron. Además, los municipios donde existen centrales nucleares hoy están habituados a convivir y a coexistir en condiciones de plena seguridad con este tipo de actividad. Para explorar cuál es el mejor emplazamiento, tengo la impresión de que es muy difícil imponer una decisión así con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, hay que encontrar un emplazamiento para ese almacén y hay que hacerlo rápidamente.
¿Estaban pagando lo suficiente las eléctricas para, después, gestionar sus residuos y desmontar las centrales nucleares?
Esto es lo que se ha puesto de manifiesto con el informe anual de Enresa: no estaban pagando lo suficiente, no se había actualizado su tasa y eso es lo que hicimos en diciembre pasado incrementándola un 20%. Una tasa que no supone un aumento del precio final de la electricidad, sino que, más bien, va contra el beneficio de los generadores de electricidad.
En este sentido, el acuerdo de gobierno del PSOE con Unidas Podemos prometió atajar los llamados “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas. ¿Cuáles son sus planes al respecto?
Esa tasa Enresa actualizada es financiada en gran medida por una parte de esos beneficios creados por la diferencia entre el precio único final de la energía que se marca en el mercado y lo que cuesta generar electricidad, según la tecnología utilizada. En estos momentos, y yo creo que este año va a ser fundamental para ello, lo que tenemos que entender –y velar para hacerlo con cuidado– es cómo está cambiando rápidamente la evolución del mercado eléctrico de los sistemas de fijación de precios.
La DANA de septiembre o la tormenta Gloria nos han puesto ante la nueva realidad de España: el litoral está muy indefenso ante episodios extremos cada vez más frecuentes. ¿Van a revisar las concesiones de ocupación en la costa?
No cabe engañar a la gente, que fue lo que ocurrió en 2013 y 2014 [con la reforma de la ley de Costas del PP] ni intentar engañar a la naturaleza, porque, llega la ola y deslinda. Se acabó. Se ponga como se ponga, contra la naturaleza es muy difícil hacer trampas. Pero hay que ser cuidadosos con respecto a la previsibilidad y a la preocupación que puedan tener los ciudadanos a los que no se les puede marear con cambios drásticos en muy poco tiempo.
Esto nos obliga a pensar con cuidado cuáles son las cosas que, en todo caso, es imposible pensar más allá de una prórroga hasta el límite máximo que permite la Constitución. Y, segundo, de qué modo se facilitan mecanismos de alternativas. Nos podemos encontrar con ciudadanos que tienen poca alternativa para poder preservar sus bienes básicos y lo que hay que pensar es una reordenación del espacio del espacio urbano, que muchas veces están ocupando clarísimamente la playa. No una zona dudosa, no: la playa. Yo creo que esto nos exige responsabilidad, acompañamiento y un debate social que no siempre será fácil.
¿Habrá reforma de la ley de Costas?
Sí, habrá modificación de la ley de Costas. Hay mucho desorden en la costa y estamos gestionando con mucha prudencia la solución de ese desorden. Hay razones objetivas por las que nos conviene preservar la costa y no solamente un motivo ambiental. Por un motivo de seguridad pública de primer orden. Por tanto, hay que pensar en una recuperación de la línea de costa. Insisto, por razones de seguridad de las infraestructuras, de seguridad de las personas en escenarios que cada vez son más virulentos y frecuentes.
¿Cuánto gastamos en reparar el litoral para que luego vuelva a destruirse?
Es difícil de contestar pero, en todo caso, mucho más dinero del que la gente piensa porque hay dinero de seguros –privados y públicos–, hay dinero de distintas administraciones y hay dinero de los particulares que afrontan en muchas ocasiones sus propios gastos. A veces, precisamente los que más gastos tienen que afrontar son los que menos recursos tienen. Es una cantidad de recursos colectiva puesta en algo que se acaba volviendo a llevar el mar.
No tiene sentido empeñarnos en luchar contra la naturaleza. Más vale pensar con tiempo, con prudencia. En determinados casos habrá que construir infraestructuras de protección porque no queda más alternativa, pero en otros hay que pensar con cuidado y dejar una renaturalización del espacio y una cierta regresión de la línea construida.
Respecto al agua, pero dulce, ¿van a lanzar la transición hidrológica para adecuar los usos a los recursos cada vez más escasos?
Efectivamente, va a haber cambios muy importantes en el modo en el que abordemos nuestra relación con el agua. Ya no basta con tener escenarios de disponibilidad de aguas, sino que tenemos que prepararnos para la gestión de escenarios extremos, de mucha agua o de poca agua, y que además puede haber una variación de tiempo muy pequeña entre un escenario y otro.
¿Cuál es la principal preocupación?
Pondremos un énfasis muy particular en el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua. Es muy duro, y no nos lo podemos permitir, que España siga teniendo un nivel de depuración y saneamiento muy por debajo de lo que corresponde a un país de nuestro entorno. Y tiene poco sentido pensar que se puede usar el agua, ensuciar, depurar y volver a ensuciar.
Se pueden tomar decisiones respecto al tipo de fertilizantes o biocidas que empleamos, otras que tienen que ver con la presencia creciente de contaminación por nuevas nuevas sustancias como pueden ser antibióticos o microplásticos. Eso nos obliga a repensar el empleo de algunas de estas sustancias o los sistemas de depuración que utilizamos.
¿Espera una nueva guerra del agua con algunas comunidades de regantes del Levante y el sureste peninsular por esto?
Ellos saben que tiene que haber una planificación diferente porque sufren las consecuencias del exceso y del defecto de agua. También entienden que España está en una mala situación de cara al cumplimiento de las obligaciones europeas en materia de calidad del agua, de presencia de nitratos o de purines, amoniaco, etcétera en el agua. Es decir, de sustancias que tienen mucho que ver con los materiales empleados en agricultura. Les he dicho que me parece importante que ellos también se sumaran a una asunción de responsabilidad en la gestión de las respuestas. Estamos abordando una transformación muy importante que me parece que entienden aunque necesiten también sus tiempos para acomodarse a todo ello.
Una de las consecuencias del desgobierno del agua ha sido el colapso ecológico en el Mar Menor ¿Cree que se va a salvar?
Para mí, en general para el Gobierno, pero yo diría que para el conjunto de la sociedad murciana ésta es una cuestión que no admite más que una respuesta: hay que salvar el Mar Menor que simboliza, a escala distinta, al mar Mediterráneo. Es decir, una serie de presiones no controladas –como si no existiera el problema– durante muchas décadas que acaba generando una implosión delante de nosotros y con una sensación de impotencia grande. Pero, lo que no vale es contar cuentos de hadas.
¿En qué sentido?
No puede decirse que vino algún episodio divino que nos generó el problema. Hemos tenido muchas presiones muy distintas, acumuladas durante demasiado tiempo y con todo el mundo mirando para otro lado. Y esto hay que abordarlo con seriedad y con medidas estructurales donde vienen las grandes amenazas que generan el problema para el mar y de donde deben venir también las soluciones que es de tierra firme. El uso de fertilizantes nitrogenados es claramente inviable en ese espacio. La ocupación por superficies agrícolas de regadío probablemente tenga que ser revisada y limitada. Habrá que pensar qué ocurre con todo el acuífero, que es muy difícil que el ciclo natural de recuperación permita una regeneración a corto plazo si no se le ayuda.
O sea que hay que ver qué ocurre y hay que pensar qué pasa con las presiones urbanísticas, de depuración o de la ladera de la sierra minera. Todo esto es agua, costas, pero sobre todo se trata de actividades que tienen mucho que ver con el Gobierno regional.
¿Está colaborando el Gobierno de Murcia?
El Gobierno de Murcia ha hecho cosas un poco pintorescas. La primera decir “págueme usted todo. Me bombea el agua del acuífero que está llena de nitrógeno [de los fertilizantes] me la lleva algún sitio y la depura y el agua la volvemos a utilizar para regar, con fertilizantes”. Habrá soluciones más sencillas que cuesten menos...
Yo creo que el Gobierno de Murcia está, por una parte, un tanto asustado de la magnitud del desastre y de la importancia de las reformas estructurales y no acaba de dar el paso de asumir sus responsabilidades en cómo puede contribuir a resolver esto. No digo que se nieguen a trabajar por ello, pero cuesta mucho avanzar en la misma dirección y con el mismo diagnóstico. Y creo que siguen pensando en que existen los Reyes Magos.
Mientras, en otro lugar de importancia crucial como Doñana se ciernen proyectos de autovía, depósitos de gas y extracción de agua masiva...¿está en peligro?
Doñana es un espacio sobre el que es imposible que nadie acepte incrementar ningún tipo de presión adicional. Soy un poco más optimista: creo que no se va a construir esa carretera que inicialmente se anunció. Los almacenes de gas no tienen ningún recorrido, ninguna viabilidad, y se va entendiendo que lo que hay que hacer es reducir las presiones como las extracciones ilegales de agua. A la par considero importante que se desarrollen políticas activas que acompañen la generación de oportunidades y no que la gente, los vecinos, vean que es cuestión de supervivencia sacar agua aunque sea ilegal, porque si no, no llegan a fin de mes.
¿Prevé algún tipo de impuesto, algún tipo de medida para disuadir el uso del plástico?
Es una de las cuestiones que se plantean a nivel europeo y es una de las cuestiones que se plantean también a nivel nacional: imponer una figura, un tributo a los plásticos de un solo uso como una medida, por una parte, disuasoria, pero por otra para dar cobertura a los costes muy grandes que provoca desde el punto de vista ambiental y de la salud pública.
España es uno de los países con más kilómetros de alta velocidad de Europa. ¿Tiene un plan para incentivar el uso de trenes que son menos contaminantes frente al avión en trayectos donde existen alternativas?
Hemos asistido a una modificación muy interesante en la nomenclatura de los ministerios. Ya no hablamos del fomento de las obras públicas, sino que hablamos del transporte, la movilidad sostenible y la agenda urbana que están íntimamente relacionadas y tienen un enfoque muy diferente. Es decir, el planteamiento de la intermodalidad, de las alternativas sostenibles en nuestros modos de transporte y de las infraestructuras necesarias para una movilidad diferente.
Al mismo tiempo se está produciendo un cambio muy importante en la mentalidad y en las demandas de los usuarios. A mí me parece que esa combinación de facilitar el tipo de movilidad que queremos, con ese aprendizaje social en el que la gente con espíritu crítico tome decisiones con respecto a sus propias opciones, es una buena cosa.
¿Van a tomar alguna medida fiscal con las líneas aéreas?
Esto forma parte del paquete que mi colega la ministra de Hacienda seguro que en breve dará a conocer, pero España sigue muy por debajo en términos de fiscalidad ambiental del promedio de la Unión Europea y de la OCDE.
La aviación muy posiblemente sea uno de esos espacios en los que, hasta la fecha, y a pesar de los crecimientos importantísimos que ha venido manteniendo a lo largo de décadas en sus cifras de negocio y en su actividad como sector, ha estado por debajo en cuanto a fiscalidad respecto a otros sectores que no han crecido tanto. O sea, que algún tipo de respuesta seguramente se produzca. Con total comprensión, como ocurría con el caso del gasóleo para uso profesional, para aquellos trayectos en los que la alternativa no es posible o no es exigible.
Usted también es ministra de Reto Demográfico, ¿Es compatible esa transición ecológica con que no abandonemos gran parte de nuestro territorio que vivía de las antiguas formas de producción y de agricultura?
Yo creo que es que es compatible e imprescindible. Durante décadas hemos hecho las cuentas mal y hemos pensado que la economía iría bien, incluso si nos cargamos el capital físico que lo sustentaba o si nos olvidamos de las personas que producían o consumían. Y eso ha generado distorsiones muy grandes en términos de desigualdad o vulnerabilidad social, en determinados casos con un monocultivo industrial o económico que no permitía generar otras alternativas en la zona y a costa, como digo, de destrucción del capital físico.
Y eso es lo que tenemos que corregir en gran medida. Hoy no podemos pensar en una agenda ambiental que no lo sea a la vez social y de oportunidades económicas. Probablemente no se resuelva en una legislatura, pero sí que toca en esta legislatura reorientar y asentar las bases para pensar en un futuro mucho más sensato para nuestros hijos y nietos.
La entrevista completa a Teresa Ribera