Las toallitas higiénicas atascadas en el alcantarillado son un problema ecológico muy caro. Se lleva más de 200 millones de euros al año solo en trabajos de depuración de agua según la asociación de operadores AEAS. Entre cuatro y seis euros por habitante.
Este encarecimiento de la limpieza de las aguas es fruto de un simple gesto ya conocido: arrojar estas toallas al inodoro. La misma AEAS –que aúna a empresas municipales, mixtas y privadas de gestión del agua– hizo un experiencia colocando una rejilla filtro en la entrada de un depuradora. En solo 30 minutos, la reja retuvo más de seis kilos de restos textiles viajando en 180.0000 litros.
Además, los atascos obligan a los reponsables de la red a acometer trabajos específicos para eliminar las acumulaciones. Por toda la geografía, los ayuntamientos o mancomunidades se han visto obligados a destaponar sus alcantarillas de colonias gigantes de restos de toallitas que han ido engordando hasta hacerse ingobernables.
Tan gigantes como los 100 metros de longitud y 75 metros cúbicos que obstruyeron las alcantarillas de San Sebastián en septiembre pasado. Y más descomunal todavía ha sido la que se descubrió en Valencia al empezar octubre de este año: un kilómetro de largo y 1.000 toneladas de desperdicio. Las toallitas no se deshacen rápido. Se acumulan. Actúan como red y van agregando grasa y otros residuos.
En Valencia han debido recurrir a una máquina específica para aliviar su conducciones de esta maldición. El Ayuntamiento explica que ha destinado una partida de 2,3 millones de euros para abordar los tapones que suman 900 toneladas. Solo 800.000 para desatascar el colector norte de la ciudad. En la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II dice que la retirada de toallitas de las depuradoras le cuesta 2,2 millones al año. 27.000 toneladas.
Por todos lados
Nadie está a salvo. El reguero de masas de toallas se extiende por casi todas las aglomeraciones urbanas. En la depuradora de Besòs en Barcelona, la más gran de España, se registraron 1.600 toneladas de toallitas en los primeros nueve meses de 2017. En la de Gavà Viladecans otras 264. Casi la mitad de las emergencias atendidas por Aguas de Barcelona en 2015 tuvieron que ver con estos productos.
En la ciudad de Sevilla el cálculo del sobrecoste de mantenimiento de la red por culpa de estos productos de higiene se va a los 940.000 euros cada curso. Bilbao asegura que la limpieza de sus instalaciones es ocho o diez veces más caro. El Consorcio del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense ha calculado que el coste añadido de las toallitas se va a entre 200.000 y 300.000 euros anuales.
En la Región de Murcia, se hizo famoso el colector de San Javier que se taponó por una bola enorme de restos de toallitas que provocó un desbordamiento de aguas fecales. Los datos oficiales dicen que se acumulan 2.800 toneladas al año en las depuradoras. Su director general del Agua, Andrés Martínez, explicitó que en una zona con graves problemas de agua, “es vital facilitar la reutilización de las aguas residuales”.
La asociación española de operadores públicos de abastecimiento y saneamiento (Aeopas), al hablar de las toallitas, avisa directamente de que, el hecho de arrojarlas al inodoro, es “un acto que afecta al ciclo urbano del agua, repercutiendo por tanto en las facturas del servicio”.
No se deshacen y contaminan
Los tapones gigantescos que provocan las toallitas se ocasionan, básicamente, porque no se deshacen realmente. Están compuestas de celulosa, poliéster y termoplásticos “los dos primeros son degradables en agua los terceros no”, explicaba en un análisis técnico (publicado en Futuroenviro) el Jefe de Calidad y Medio Ambiente de la empresa de aguas de Córdoba, Emacsa, Rafael Marín Galvín. “Los termoplásticos se erigen como una fuente notable de generación de microplásticos de mínima o nula biodegradabilidad en el medio acuático, además de actuar como absorbentes de otra gran cantidad de compuestos orgánicos sintéticos o naturales con potencial incidencia ambiental.”
Incidencia ambiental como la que hace unos días descubrieron en las costas de la isla balear de Ibiza donde las playas aparecieron cubiertas de toallitas. Un tapón de residuos terminó por reventar y expulsó los desechos hasta la playa. El Ayuntamiento afectado, Sant Josep de sa Talaia, explicó a eldiario.es que no era la primera vez y que la causa había que buscarla en el mal uso que se daba a los productos de higiene en los complejos turísticos. En el norte peninsular, otra población turística como Castro Urdiales (Cantabria) ha tenido que multiplicar por nueve la frecuencia de los trabajos de mantenimiento de los colectores para sacar las mantas de toallitas que se acumulan: cada diez días en lugar de cada tres meses.
Expediente europeo
El tratamiento y depuración de las aguas residuales, que las toallitas complican y encarecen para los presupuestos públicos, no son ni siquiera un opción. Son una obligación legal que, además, se ha convertido en un quebradero de cabeza para España. Muchas poblaciones incumplen la normativa europea. De manera que la Comisión Europea abrió un expediente sancionador el pasado 1 de octubre justamente por esto. Bruselas explicó que “un número muy significativo de aglomeraciones urbanas infringen obligaciones fundamentales de la directiva relativas a la recogida, el tratamiento y el seguimiento”.
Y sin embargo, miles y miles de toallitas acaban a diario en las conducciones subterráneas. ¿Por qué? Una razón directa se halla en que el empaquetado del producto lleva la etiqueta de biodegradable. Incluso aparece la recomendación de que se arrojen dos como mucho cada vez. Y que se utilice la capacidad máxima de la cisterna para llevarse los restos. El periodista José Luis Gallego ha dado una solución sencilla: pedir a los fabricantes “un mensaje en el envase mucho más claro y específico: NO TIRAR AL WC. No alcanzo a entender el problema para no hacerlo”. Cuidado ambiental y ahorro económico.