“Trabajo comunitario antes que intervención policial”: el plan social de Palma y Zaragoza frente al confinamiento que no tiene Madrid

Siete estrellas blancas sobre un fondo rojo: cuatro libres y tres enjauladas. Así han simbolizado su descontento las plataformas vecinales que cumplen desde este lunes las restricciones aprobadas por la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ordenó confinamientos selectivos en las 37 áreas sanitarias más afectadas por la COVID-19, lo que algunos de sus habitantes han percibido como un trato “discriminatorio” e “indigno” hacia los barrios del sur, precisamente los más superpoblados y empobrecidos de la región.

No ayudaron las palabras de Ayuso, que remarcó la importancia de “evitar el desastre económico a toda costa”, una forma de primar el dinero sobre la salud para los expertos en epidemiología. “Menos policía y más sanidad”, rezaban algunas de las pancartas en las protestas contra las medidas. “Creen que creando guetos compensan la falta de recursos”, clamaban los vecinos. Madrid no es en absoluto la primera comunidad en imponer estas restricciones perimetrales, pero en otros territorios han ido acompañadas de un plan previo de intervención comunitaria para ayudar a las personas con dificultades, como ha ocurrido por ejemplo en Baleares o Aragón.

“Se toman estas medidas porque han funcionado en otros sitios, pero está por ver qué pasará en un área metropolitana como Madrid. Lo que no se ve es un plan para paliar la desigualdad social que facilite el cumplimento de las medidas, que no se pueden tomar sin atender a este asunto primordial”, opinaba el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, Ildefonso Hernández. El equilibrio comunitario paliaría, según los expertos, la sensación de segregación que ha calado en los barrios madrileños y que puede poner en riesgo el respeto por las nuevas normas sanitarias.

“Madrid es una ciudad que estaba segregada antes de las medidas del pasado viernes, por eso llama la atención que ningún representante político mencionase la desigualdad”, opina Manuel Franco, investigador en Salud Urbana y Epidemiología Social en las universidades de Alcalá y en la Johns Hopkins. “Si no la nombras, no la analizas ni la tienes en cuenta, es muy difícil que trabajes para equilibrarla y para que todas esas familias en riesgo de exclusión no se sientan aún más discriminadas”, afirma.

"Somos barrios olvidados y nos oponemos a estas medidas. Sin nosotros no habría cuidados, ni calles y espacios limpios, ni comida a domicilio, ni agua depurad. Nuestro "modo de vida" es el modo de vida mayoritario que nos imponen, no el que elegimos”

En su Manifiesto por la Dignidad del Sur, las asociaciones de vecinos de Carabanchel, Villaverde, Usera, Puente o Villa de Vallecas respondieron a las declaraciones “racistas” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que achacó la alta incidencia de coronavirus al “modo de vida” de los migrantes y a la población de dichas zonas. “Somos barrios eternamente olvidados y por eso nos oponemos a estas medidas, sin nosotros/as no habría cuidados, ni calles y espacios limpios, ni comida a domicilio, ni agua depurada… porque nuestro ”modo de vida“ es el modo de vida mayoritario al que nos condenan por falta de inversión, no el que elegimos”, declaran.

Esas 856.000 personas a las que afectan las medidas suponen el 13% de la población total de la comunidad, un número similar al 10% que también ha sido confinado dentro de la ciudad de Palma, en Mallorca, y que sin embargo no se levantaron contra el Govern balear o el alcalde palmesano. “No se pueden comparar ambas ciudades ni en densidad de población ni en movilidad, pero sí podemos aprender de lo que han hecho allí”, reconoce Franco.

Atención social antes de imponer las restricciones

En Palma, más de 40.000 personas no pueden salir desde el día 11 de septiembre de los barrios de Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord, la mitad de Son Canals y Arquitecte Bennàssar salvo para recibir atención sanitaria, ir a la escuela o al trabajo, cuidar de personas vulnerables o por causa de fuerza mayor. Unas excepciones parecidas a las que establecía este lunes la orden madrileña.

Antes de decretar el confinamiento perimetral, el Govern balear en colaboración con el Ayuntamiento de Palma diseñó un plan de intervención comunitaria. ¿En qué consiste? “Hay un equipo de la Conselleria de Salut que trabajó sobre el terreno de forma previa al anuncio de la medida, detectó las zonas vulnerables de los barrios que pensaba limitar y diseñó una estrategia de comunicación y acercamiento”, cuentan los encargados.

En Zaragoza, aunque finalmente no se llegó a confinar el barrio obrero de Delicias, el Ayuntamiento también tenía diseñado un plan de choque previo. “Un trabajador social o un mediador cultural, acompañado de un voluntario, acudirían al domicilio de estas personas para informarles de su situación, comunicarles que han de cumplir con el aislamiento en el domicilio y comprobar que contaban con las condiciones necesarias para eso”, explicaban fuentes del consistorio. Algo muy similar a lo que se ha aplicado en Baleares.

“La Conselleria localizó a las familias que no cumplían el aislamiento y era, o bien porque no entendían o conocían las medidas de seguridad, o bien porque sus viviendas se lo impedían”, explica el alcalde de Palma, José Hila, a elDiario.es. “Pensamos que no bastaba con decretar las normas y con que la policía interviniese: había que darles alternativas”, asegura. Fue entonces cuando decidieron, en colaboración con el Govern de las Islas Baleares, designar a un Regidor de distrito y crear un protocolo de actuación para las personas más vulnerables. Tanto el corregidor aragonés como el balear coinciden en que la colaboración entre administraciones municipales y regionales fue la clave, mientras que en Madrid los alcaldes critican que el plan de Ayuso esté “absolutamente improvisado” y exigen “informes técnicos”.

“Hablamos con los líderes de las distintas comunidades para que nos ayudasen en esa tarea, se ha usado la red que tiene el barrio, una plataforma de entidades muy potente y, en los casos más vulnerables, hemos ido puerta a puerta y casa por casa para ver qué ayudas se necesitaban e informarles del catálogo de ayudas municipales”, explica el alcalde de Palma. Estas son dar ayudas económicas o alimenticias, ofrecer ayuda a domicilio o poner a su disposición los hoteles sanitarios en caso de no poder guardar una cuarentena estricta, entre otras.

No generar el ambiente de un “estado policial”, para Hila, fue determinante a la hora de que los vecinos se sintiesen colaboradores del plan sanitario y no solo perjudicados. “No se prohíbe la movilidad, se reduce, y es imposible tener a un policía detrás de cada persona para que cumpla”, expresa. “Por supuesto que su colaboración es importante”, pero tanto como “la de organizaciones vecinales”. En contraposición, Ayuso acordó ayer con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez “el mayor despliegue policial desde el estado de alarma”.

Para Manuel Franco, “pensar que una pandemia se cura con medidas policiales y no sanitarias o de servicios sociales es una forma de malentender la Salud Pública”. A pesar de que “el confinamiento es la última medida que deberíamos tomar”, el experto reivindica los centros de Madrid Salud inutilizados durante toda la pandemia y que precisamente cumplen esta labor de “aproximación más cercana al ciudadano de a pie y conocen a todas las asociaciones de vecinos”. “Hay que tener en cuenta las redes de los distritos, pero no creo que el Ayuntamiento ignore a unos más que otros, nos ignora a todos y no le parece que esa sea la forma de llevar a cabo una intervención social”, se lamenta el profesor.

“Los barrios vulnerables tienen muchas necesidades pero tienen otra cosa: están muy organizados en su estructura. Si la usas, llegas mucho más lejos a través desde su propia gente, pero si la ignoras, te conviertes en el enemigo”, resume el alcalde de Palma, que concluye con la que para él es la clave de un confinamiento perimetral exitoso: “Trabajo comunitario antes que intervención policial”.