Una de cada tres personas que pidió ayuda para morir dignamente en España murió antes de que se resolviese su solicitud de eutanasia. Según los datos del Informe de Evaluación Anual 2022, publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, ese año pudieron acogerse a este derecho 288 personas, la mitad de las que iniciaron el proceso.
Precisamente, entidades como la asociación Derecho a Morir Dignamente llevan desde la puesta en marcha de la ley, en junio de 2021, alertando de las dificultades de algunas personas para que sus solicitudes se materialicen. Entre ellas, apuntaban a la objeción de conciencia, los plazos excesivos o las desigualdades entre comunidades autónomas.
Según los datos ya consolidados de Sanidad, en la segunda mitad de 2021, cuando estuvo en vigor la ley, se registraron 173 solicitudes, de las que se atendieron 75. En 2022, se registraron un total de 576 peticiones. La mayoría de las personas que piden asistencia para morir se encuentran en un rango de edad de entre 60 y 80 años y padecen enfermedades graves de tipo neurológico y oncológico.
El informe señala que, mientras el número de personas que cambian de opinión una vez solicitada la prestación es “mínimo”, un tercio del 20% que se deniegan acaban estimándose favorables tras las correspondientes reclamaciones ante las Comisiones de Garantía y Evaluación (CGE).
En proporción, donde más eutanasias se realizan sobre las solicitadas es en La Rioja (80%), Navarra (68%), Madrid (61%), Euskadi (60%). A la cola están Extremadura y Balears, donde solo llegan a término el 27% de las solicitudes, Aragón (30%) y Castilla-La Mancha (35%).
Para iniciar el proceso, es necesaria la valoración inicial de un médico responsable, de un segundo médico especialista en la dolencia del paciente, sin relación con él ni con el primer profesional, y el visto bueno de la CGE, formada por sanitarios y juristas de cada comunidad autónoma. La ley establece que, en caso de que alguno de los sanitarios sea objetor de conciencia, debe remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo. Aunque la norma no fija plazos, en unas circunstancias adecuadas, el proceso debería culminar en torno al mes de iniciarse la solicitud.
El informe del ministerio señala también que las prestaciones se han realizado “de forma preferente” en el ámbito de la Atención Primaria y bajo el paraguas de la sanidad pública. Además, un 14% de los solicitantes se acogió al programa de donación de órganos, con lo que se realizaron 135 trasplantes.