La farmacéutica Pfizer ha ganado la carrera, al menos pública, de las vacunas contra la COVID-19: tras la restricción de uso del fármaco de AstraZeneca decidida por varios países al detectarse unos escasos efectos adversos, la fórmula de Pfizer ha más que duplicado sus ventas respecto al primer trimestre del año: de 3.400 millones de dólares (2.860 millones de euros) entre enero y marzo a más de 7.800 millones de dólares (6.562 millones de euros) de abril a junio. La empresa suma 11.200 millones de dólares (9.422 millones de euros) ingresados en medio año con su vacuna.
Basta con ver el resumen del estado de la vacunación de España para comprobar cómo la opción de Pfizer se ha impuesto: de los 55 millones de dosis administradas hasta el 28 de julio, más de 38 millones corresponden a este fármaco. Un 70% del total.
A partir de estos datos, la empresa estadounidense ha recalculado los ingresos que prevé obtener con su vacuna frente al SARS-CoV-2 durante todo el ejercicio. Le adjudican ahora a este preparado 33.000 millones de dólares (27.764 millones de euros) frente a los 26.000 millones de dólares (21.875 millones de euros) calculados previamente. Es un aumento del 27%. Esperan que los beneficios antes de impuestos ronden “la franja alta del 20%” respecto a esos ingresos, según ha expuesto la farmacéutica en su presentación de resultados.
La creación en tiempo récord de vacunas contra la pandemia ha supuesto un hito científico. Para finales de 2020 había disponibles varios remedios, y cuando comenzó la campaña masiva de vacunación en España y la Unión Europea dos productos lideraban el proceso: Pfizer/Biontech y AstraZeneca-Oxford. Esta última era la gran esperanza para alcanzar al mayor número de personas: es cuatro veces más barata que la de Pfizer y no exigía entonces unas condiciones tan severas de conservación en frío.
Sin embargo, a finales de enero AstraZeneca anunció que no iba a conseguir enviar a la UE todas las dosis comprometidas. Surgió una fuerte polémica entre la farmacéutica y los países de la Unión que, finalmente, tuvieron que aceptar la reducción del 50% de los envíos planeados hasta marzo. Primera crisis reputacional.
Pero lo peor fue el revés de imagen que se generó al reportarse algunos efectos adversos de trombosis, escasísimos pero que levantaron gran alarma en Europa. Varios países, entre ellos España, Alemania y Francia, decidieron paralizar el uso del fármaco hasta recibir una evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La EMA vio el 7 de abril un “posible vínculo” entre el suero y los trombos, aunque mantuvo su recomendación de administrarla a todos los grupos de población.
No hubo manera de remontar: para el 14 de abril, España optó por inyectar AstraZeneca solo a los mayores de 60 años. Incluso se acabó avalando utilizar las de tecnología de ARN mensajero, Pfizer sobre todo y Moderna, para completar la pauta a aquellas personas que hubieran recibido esta vacuna como primera dosis. De hecho, aunque en los primeros momentos la mayoría de ciudadanos optaron por mantener su segunda dosis con AstraZeneca, las evaluaciones científicas han terminado por demostrar la gran efectividad de la mezcla de vacunas.
Una vez establecida esta situación, la farmacéutica ha ido firmando nuevos contratos tanto con EEUU como con la Unión Europea para aumentar los envíos de su producto. Pfizer ha explicado que su revisión al alza de ingresos se ha debido “a los acuerdos de suministro adicional que se han firmado desde mediados de abril hasta julio”.
En mayo pasado la empresa firmó un nuevo compromiso con la Comisión Europea para enviar 900 millones de dosis “con una opción de que la UE requiera hasta otros 900 millones adicionales”, ha explicado la farmacéutica a sus posibles inversores. Este suministro está planeado realizarse, mensualmente, a partir de diciembre de este año y “hasta 2023”. Son una partida “extra” respecto a los 600 millones de dosis comprometidos para este 2021 cuando los países europeos empiezan a deslizar que será necesaria una tercera dosis.
De manera similar, este mes, el Gobierno de EEUU ha acordado comprar otros 200 millones de dosis además de los 500 millones que el país norteamericano anunció en junio que a adquiriría de Pfizer para, explicaron, “donar a los países más pobres”.
Las patentes activas y el camino a la tercera dosis
El mismo día que la empresa presentaba estos resultados y expectativas, el 28 de julio, la Organización Mundial de Comercio (OMC) dio otra patada adelante sobre la propuesta de levantar los efectos de las patentes sobre las vacunas anti-covid para multiplicar la fabricación de dosis.
La sesión terminó con el compromiso de mantener “más negociaciones informales en septiembre”. El embajador de la UE en la OMC afirmó que “la exención propuesta no incrementará la producción de vacunas contra la COVID-19 ni acomete ninguno de los cuellos de botella que han sido identificados. De hecho, mina las colaboraciones ahora en curso que se basan en una protección bien establecida de la propiedad intelectual. Y [esa exención] tendría una efecto negativo futuro sobre esas colaboraciones”.
La propuesta inicial de suspender las patentes partió a finales de 2020 de un grupo de países empobrecidos, pero el 5 de mayo pasado la representante de Comercio Exterior estadounidense, Katherine Tai, anunció que el presidente Joe Biden apoyaba la medida. Entonces, el Parlamento Europeo votó a favor de secundar esa suspensión y la Comisión Europea se abrió a “debatir la idea de Biden”. De momento, no hay avances.
“Muchos países de África reportan actualmente un alto número de muertes debido a la propagación de nuevas variantes de la COVID-19, y sus gobiernos necesitan urgentemente vacunas, pruebas de diagnóstico, oxígeno y otros tratamientos”, recuerda Tom Ellman, director médico en Médicos sin Fronteras. La organización sostiene que levantar ese blindaje “proporcionaría a los países una forma eficaz y rápida de eliminar las principales barreras de propiedad intelectual y los riesgos legales en medio de la pandemia”.
Hace solo unas semanas, un grupo de 100 académicos de la propiedad intelectual firmaron el 14 de julio una petición pública que aportaba justificación técnica para adoptar esa suspensión temporal de las patentes: “Es una medida necesaria y proporcionada para impulsar la fabricación de vacunas para la COVID-19” .
Mientras, en este mismo reporte trimestral, la farmacéutica Pfizer ha empezado a preparar las bases para extender una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. “Los nuevos datos muestran que una tercera dosis de refuerzo administrada seis meses después de la segunda obtiene de cinco a diez veces más anticuerpos neutralizares para la variante original y la beta del virus que con la pauta de dos dosis”. También asegura que se crean anticuerpos para la variante delta. Los ensayos continúan, han anunciado.
Los Estados parecen, al menos, predispuestos a esta estrategia. Este jueves, el portavoz de Sanidad de la Comisión Europea, Stefan de Keersmaecker, ha reconocido que son “muy conscientes de que, de hecho, puede ser necesaria una vacuna de refuerzo”. Hace solo una semana, la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, admitía que “todo apunta” a que habría esa dosis extra. Queda por reunir “más evidencia científica” sobre cuándo y a quién, añadió el pasado lunes la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.