El Ministerio de Sanidad dará potestad a partir del lunes a los líderes regionales que gobiernen sobre territorios en fase 3 de la desescalada para decidir sobre la flexibilización, modificación e incluso duración de sus medidas. El estado de alarma continúa, pero la nueva y última prórroga, aprobada este miércoles y que estará vigente hasta el 21 de junio, traslada las competencias a las autonomías y podrán, incluso, alcanzar antes de tiempo la que se ha llamado 'nueva normalidad'. Un escenario que todavía no está definido pero cuyas “medidas de prevención, contención y coordinación” se concretarán el martes en un decreto ley, según ha expuesto Pedro Sánchez en el Congreso.
En ese documento están trabajando actualmente técnicos de Sanidad y de otros ministerios. Sanidad, a preguntas de eldiario.es, no da detalles de momento acerca del proceso, aunque según ha indicado Sánchez el contenido del decreto será abordado antes en un Consejo Interterritorial con todos los consejeros autonómicos que liderará el ministro Salvador Illa. Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha especificado este miércoles que el texto “se está discutiendo ahora y tenemos que revisarlo, probablemente esta noche”.
El decreto que regulará la 'nueva normalidad', la etapa de nuestras vidas que irá desde que acabe el estado de alarma hasta que la COVID-19 esté controlada con una vacuna o un tratamiento muy eficaz, comprenderá no solo medidas sanitarias sino también relacionadas con el transporte y con el comercio, ha enumerado Simón. En lo que respecta a lo estrictamente sanitario, tendrá que garantizar sobre todo “la capacidad asistencial, la fluidez de los datos, y los suministros”. Illa ha mencionado aspectos que estarán presentes seguro en la cotidianidad de los próximos meses, mientras “aprendemos a convivir con el virus”: “La distancia interpersonal de dos metros, el uso de la mascarilla en las condiciones estipuladas, y la higiene constante”.
No bajar la guardia
La 'nueva normalidad' no solo llegará a España sino a todos los países atacados por la pandemia, conforme vayan saliendo de la desescalada del confinamiento. Pero ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede definir a ciencia cierta en qué consiste. Fuentes de la institución internacional remiten a su guía para la desescalada y al discurso que ha emitido este miércoles su director regional para Europa, el Doctor Hans Henri P. Kluge. Aconsejan a los Estados que tengan un buen sistema de monitorización de contagios, que cada uno adapte sus políticas a sus características, y que estén siempre preparados para dar marcha atrás. En cualquier caso, el criterio de la OMS y el del Gobierno no siempre ha coincidido: la OMS sigue sin aconsejar mascarillas a toda la población para reservarlas para sanitarios y enfermos, mientras que el Ejecutivo español las ha hecho obligatorias para todo el mundo siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Tras el estado de alarma, Sanidad sí que seguirá como mínimo recomendándolas.
“Es muy importante entender que nadie tiene un mapa de la 'nueva normalidad'. Hablo a nivel mundial. Es un territorio desconocido e inexplorado que está por construir y en el que nunca hemos estado”, ilustra Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lo que está claro es que este nuevo contexto será diferente y deberá manejar un horizonte en el que no sabemos cómo se va a comportar el virus y si se producirá una segunda ola epidémica en otoño que obligue de nuevo a imponer medidas restrictivas.
La 'nueva normalidad', esgrime López-Acuña, “significa no bajar la guardia”: ni en lo que a capacidades sanitarias se refiere ni a la “responsabilidad de la población” a la hora de cumplir con las medidas de higiene y seguridad. Es decir, el sistema debería seguir contando con un músculo extra de recursos y vigilancia epidemiológica que permita detectar cadenas de transmisión y controlar los posibles rebrotes mediante la detección precoz y el rastreo y vigilancia de casos y sus contactos. Por otro lado, el especialista apunta a la necesidad de que haya “un marco común a nivel estatal” porque “no puede haber 17 'nuevas normalidades' diferentes”, dice en referencia a las comunidades.
Sin aglomeraciones ni eventos de masas
Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Salud Pública que forma parte del comité científico del gobierno canario, reconoce que, todavía sin decreto, no tienen claro en qué consistirá la 'nueva normalidad'. En los debates, “lo que más nos preocupa en Canarias es por un lado qué hacer con el turismo, que es nuestra forma de vida. Cómo se concilian dos intereses tan contrapuestos: minimizar los riesgos de contagio pero abrir la economía. El virus aquí nos vino de fuera, y sabemos que nos volverá a entrar desde fuera. Por otro, la educación, pasamos hablando sobre cómo hacerlo bastante tiempo. Y claro, cómo volver a la normalidad dentro del propio sector sanitario”.
En cuanto a las interacciones sociales, López-Acuña detalla algunas ideas e incide en que “la conducta del distanciamiento va a tener que continuar y debemos incentivar un comportamiento muy cauteloso”. Coincide López-Valcárcel, que confía más en el “control social, en que todos nosotros como ciudadanos seamos responsables” que en medidas coercitivas que se puedan estipular. Además, el exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS pone el foco en las residencias de mayores, duramente golpeadas por la pandemia y que al contar con población vulnerable “deberán extremar la vigilancia y las precauciones” también en esta nueva etapa.
Todos los especialistas consultados tienen claro que las grandes alglomeraciones no deben formar parte de esa 'nueva normalidad'. Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) lo resume en que “será un refuerzo de las cuestiones que venimos estableciendo estos meses”, como no reunirse demasiadas personas. “Hasta que no haya vacuna ni concibo que se puedan hacer eventos de masas, ni discotecas. El virus sigue ahí, no se va con el estado de alarma”, señala López-Valcárcel. El exdirector de la OMS apunta a que ahí “es dónde tendríamos el mayor detonador porque la distancia es el factor determinante”. Según un reciente estudio publicado en The Lancet, el riesgo de contagio a menos de un metro es del 13%, pero se reduce hasta el 3% si se amplía esa distancia.
Reformar la Ley de Salud Pública
Otra gran incógnita es cómo se ejecutará exactamente la regulación de la ‘nueva normalidad’. Hay varias vías, pero habiendo adelantado que será por decreto ley, Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de la Transparencia de Navarra y expresidente de la Asociación de Juristas de la Salud, apuesta por una modificación de la Ley General de Salud Pública de 2011: “Es una norma idónea para esto que se puede modificar y ampliar, para eso está. Puede contemplar todo lo que no sean restricciones de derechos fundamentales”. Así que añadirle párrafos bastaría para legislar sobre mascarillas, aglomeraciones y servicios sanitarios, explica, bajo pena de sanción administrativa para los ciudadanos si no se cumple y que aplicarán las comunidades como autoridades sanitarias ya sin estado de alarma.
“Redactar una nueva ley podría hacerse, pero lo veo innecesario: en la técnica legislativa no se trata todo el rato de generar normas, si ya existen otras que sirven para esa misma finalidad”, sigue el experto jurista. Se da la paradoja de que esa Ley General de Salud Pública que ahora podría ser clave en nuestro futuro más próximo lleva prácticamente en un cajón desde que se creó. Lo cuenta Ildefonso Hernández, quien participó muy activamente en su redacción porque en esa época era director general del Ministerio de Sanidad. “Después del 2011 no se ha cumplido deliberadamente, ni desarrollado sus reglamentos. Desde SESPAS escribimos muchas veces al gobierno de Mariano Rajoy para que se aplicase. Nos consta que el nuevo gobierno había empezado a trabajar en ello, pero aún sin haberlo materializado”.
“La propia ley apela a la responsabilidad individual, con sanciones altas de miles de euros”, continúa Hernández. Aunque se pensó para cosas de no tanta trascendencia como las actuales, motivo por el que todos concuerdan en que requeriría ampliarse. Es una Ley General así que no vale para medidas que restrinjan derechos fundamentales, como en el caso de que en algún momento haya que volver a confinar territorios. Para eso habría que recurrir, según el criterio de Juan Luis Beltrán, a la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Salud Pública, de 1986, que ya incluye la posibilidad de aislar a gente por motivos de salud “pero no comunidades enteras, sino zonas con brotes. Por ella se pudo, por ejemplo, cuarentenar a gente en febrero en un hotel de Tenerife. Para que pueda limitar derechos fundamentales también habría que ampliarla, pero sería otro proceso: el Gobierno tendría que solicitar una modificación por vía urgente al Congreso”.