El confinamiento obligó a pasar de una educación presencial a un modelo a distancia que, bien que mal, se basó en el uso de tabletas y ordenadores (quien los tenía). Sin tiempo para preparar nada, en muchos casos los colegios trataron de replicar lo mejor que pudieron las clases en el aula a través de videoconferencias, propuestas de ejercicios o trabajos, generalmente gestionados a través de plataformas online.
Un informe reciente de Unicef alerta ahora contra esas prácticas. O, más específicamente, invita a ponerles límites. El texto COVID-19. Reimaginar la educación propone 10 claves que la organización ha detectado básicas para el debate educativo respecto a lo que ha sucedido y lo que viene, entre las que se encuentra limitar el uso de las pantallas para los más pequeños.
La organización explica que “las horas dedicadas a usos educativos se sumaron al resto del tiempo empleado delante de las pantallas, (por lo que) al emplear estos dispositivos en la educación se debe promover un uso responsable”. Unicef hace suyas las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría y propone evitar la exposición absoluta a las pantallas hasta los 18 meses; entre media hora y una hora de los 2 a los 5 años “siempre que sean contenidos de alta calidad”; entre los 5 y los 12 años se puede subir a hora y media al día bajo acompañamiento y supervisión; y por último en la adolescencia “la labor debe ser más la de guiarlos y educarlos en un uso responsable y saludable de las tecnologías”.
Unicef engloba estas recomendaciones dentro del apartado 2 del texto, dedicado a “un inesperado cambio en el modelo pedagógico”. Además de este, las otras nueve reflexiones/propuestas que propone la organización son: “No teníamos un plan”: “Consulta, coordinación y comunicación”; “La reconstrucción educativa no es gratuita”; “La huella digital”; “La importancia de la acción tutorial”; “La higiene se demuestra”; “El desarrollo debe ser sostenible”: “Rescatar la conciliación familiar”; y “Conviene no olvidar la experiencia”.
“Nadie tenía un plan”
El informe comienza reconociendo lo evidente: nadie tenía un plan para lo que sucedió. Unicef recomienda a los centros, de cara a posibles futuras repeticiones del confinamiento, establecer canales de comunicación habituales con las familias e incluso con los medios de comunicación locales para divulgar las medidas que se tomen con facilidad. Y recuerda que, por poco probable que pareciera lo que ha sucedido, otros países como Nueva Zelanda sí tenían actuaciones previstas.
Continúa la organización repasando el “inesperado cambio de modelo pedagógico”. El informe recomienda establecer planes mixtos (semipresenciales) de asistencia a los centros “porque como ha quedado demostrado no se puede pasar de un modelo pedagógico presencial a uno online automáticamente”. No parece que sea esta la vía elegida por las comunidades autónomas para la vuelta al colegio en septiembre: la mayoría de las que han anunciado sus planes de regreso apuestan por la vía presencial si se puede mantener (por motivos sanitarios).
En este contexto, Unicef también destaca la labor del profesorado. “Muchos docentes se vieron superados por la ingente carga de trabajo que supuso la docencia durante el confinamiento, mostrando un enorme compromiso con el alumnado para garantizar la continuidad del aprendizaje”, se lee, y solicita “establecer plantillas acordes a las necesidades reales de los centros en el contexto de la emergencia”. Tampoco parece que vaya a tener éxito esta propuesta: el ritmo de contrataciones que van anunciado las regiones (y no todas aumentarán plantillas) no alcanzan para sumar un docente por centro.
De fondos y conciliación
La organización también dedica un apartado a la financiación del sistema, y señala que “ninguna administración debería subestimar la importancia de una adecuada dotación de recursos financieros (...) para garantizar el derecho a la educación”. Recuerda Unicef que el Gobierno de momento ha dedicado una partida de 2.000 millones de euros que gestionarán las comunidades autónomas –cantidad que no valora–.
En este apartado, Unicef defiende que “independientemente de la titularidad del centro educativo, cada estudiante deberá tener asegurados todos sus derechos”. En otras palabras: los centros concertados también deben recibir financiación extra, un debate que se está dando estos días en España. Aquí, una de cal y una de arena para la organización: los 2.000 millones mencionados no especifican que deban utilizarse en escuela de titularidad pública, por lo que las comunidades podrán destinar (algunas ya lo han anunciado) parte de esos fondos a la escuela concertada; pero el PSOE y Podemos, que conforman el Gobierno, pretenden que futuros nuevos fondos vinculados al fondo de reconstrucción del país con destino el sector Educativo sí sean exclusivos para la red pública.
Además, el informe de Unicef hace hincapié en un aspecto más olvidado estos meses, al menos en el debate público, pero que muchos profesores señalan como básico: la importancia de la acción tutorial y el diagnóstico temprano. “Tiene una importante función de mediación tanto ende las relaciones del centro educativo como con las familias y la comunidad”, reza el texto, “los planes de acción tutorial tienen entre sus objetivos realizar un seguimiento personalizado del alumno con enfoque preventivo que evite la aparición de disfunciones”, aunque reconoce que el factor tiempo –la falta de, en concreto– puede suponer un obstáculo.