Unidas Podemos y los aliados habituales del Gobierno pactan incluir a las personas no binarias en la Ley Trans

Si nada cambia, este miércoles se acabará el tiempo para la presentación de las enmiendas a la llamada Ley Trans. La norma, que ha generado una profunda brecha en el PSOE y entre los socios del Gobierno, parece avanzar tras la ampliación de este plazo en hasta cinco ocasiones. Los socialistas ya han anunciado sus enmiendas, la de más calado la que endurece la autodeterminación de género de los menores de 14 y 15 años, mientras sus aliados habituales, junto a Unidas Podemos, han pactado un bloque de propuestas que entre otras cosas aspira a incluir a las personas no binarias en la ley.

Quienes no se identifican ni como hombres ni como mujeres se quedaron fuera del texto que había redactado el Ministerio de Igualdad tras las negociaciones en el seno del Ejecutivo. La enmienda reza que las Administraciones Públicas deberán adoptar las medidas necesarias para “garantizar” que la documentación y los formularios se adecúen a la diversidad, “incluidas las personas no binarias”. Además, propone la articulación de medidas para “omitir, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo en los documentos oficiales”.

Las once enmiendas han sido registradas conjuntamente por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Más País, Coalición Canaria, PdCat, BNG, Junts y Compromis. Se trata de varias medidas propuestas por los colectivos LGTBI, que ya han anunciado que no permitirán “recortes” en la norma que salió del Consejo de Ministros el pasado mes de junio. Varias de estas formaciones ya sellaron su compromiso simbólico con las organizaciones la semana pasada, firmando una bandera trans gigante a las puertas del Congreso. Al acto no acudió el PSOE.

Además de la inclusión de las personas no binarias, otras de las propuestas pasan por sustituir en todo el texto el término “identidad sexual” por “identidad sexual o de género”, incorporar la transversalización de la diversidad en la política de cooperación o el desarrollo de guías y protocolos para atender a los solicitantes de protección internacional. En el ámbito de la educación, sugieren que los centros educativos deban respetar el género con el que se identifica el menor, algo que ya está incluido en multitud de leyes autonómicas, y apuestan por dejar un plazo de diez años a los progenitores de bebés intersexuales para inscribir su sexo en el Registro Civil.

La autodeterminación de género de los menores de edad se ha convertido ahora en el asunto central del debate. El borrador redactado en su momento por Igualdad no fijaba ningún límite de edad para la modificación de la mención registral, pero las negociaciones posteriores incorporaron la fórmula judicial para los menores de entre 12 y 14 años. Las organizaciones LGTBI han reclamado en todo momento que la autorización judicial no sea un requisito necesario, pero ninguna de las once enmiendas versa sobre esta cuestión.

No significa que no vaya a haber ninguna propuesta en este sentido, pues los grupos pueden interponer las suyas propias, pero no será Unidas Podemos quien proponga volver al texto redactado por Igualdad, ya que confirman que no presentaran ninguna más.

Por otro lado, el PSOE pretende precisamente extender esta vía judicial ideada en un principio para los menores de entre 12 y 14 años a todos los menores de 16. Entre sus enmiendas, se encuentra una que afecta a este punto: proponen que los que tienen entre 14 y 16 años no puedan modificar la mención registral solo con la autorización de sus progenitores, como reza la ley ahora, sino que sea necesaria una autorización judicial. Los colectivos han asegurado que se trata de una “línea roja” mientras que Irene Montero ha reclamado esta mañana al PSOE que retire esta propuesta porque “incumple el compromiso de no tocar el corazón de la ley trans”, ha asegurado.