El proyecto de ley de Bienestar Animal ha llegado al Congreso, aunque el tema que ha centrado el debate en el pleno ha sido la enmienda del PSOE que apuesta por que esta norma no se aplique a “perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza”. PNV, PP y Vox han presentado tres enmiendas para que el texto sea devuelto al Gobierno, mientras Unidas Podemos –el grupo impulsor del proyecto– ha sostenido que en la sociedad “hay una mayoría aplastante” que defiende el derecho de los animales, según ha señalado el portavoz parlamentario del grupo confederal, Pablo Echenique.
En el pleno celebrado este jueves, la Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas en contra del texto de la ley (157 'síes', 179 'noes' y 9 abstenciones) y en contra de las modificaciones planteadas en el Código Penal para endurecer los castigos por maltrato animal (152 'síes', 192 'noes' y 1 abstención), en este último caso solo PP y Vox suscribían esta propuesta.
Esta decisión ha sido celebrada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. “En nuestro país existe un consenso muy amplio para cuidar y proteger a los animales. Hoy el Congreso permite un paso clave para que ese mandato sea una realidad cuanto antes”, ha reseñado la secretaria general de Podemos en su perfil de Twitter.
Las enmiendas presentadas por los socialistas no han sido debatidas este jueves, aunque los intervinientes sí que se han referido a la propuesta del PSOE de que la la ley promovida por el Ministerio de Derechos Sociales regule “exclusivamente” la actividad de criaturas de compañía “que son mantenidas en el hogar familiar y conviven en él con sus titulares”.
El portavoz de Unidas Podemos ha defendido que “ningún cazador que trate bien a sus animales se verá afectado por estas leyes”, no obstante sí que ha aclarado que los textos impulsados “son contundentes” en caso de que exista maltrato animal. A su vez, ha aprovechado su primera intervención para dirigirse a sus socios de Gobierno y pedirles que retiren su propuesta. “Un perro es un perro, se dedique a lo que se dedique; por eso no entendemos que el PSOE le compre el discurso a la derecha y haya presentado una enmienda para sacar a los perros de caza de esta ley”, ha reseñado.
La interpelación de Echenique dirigida al socio mayoritario del Gobierno no ha obtenido respuesta por parte de la diputada socialista que ha tomado la palabra en el debate, Sandra Guaita. En su intervención la representante del PSOE únicamente se ha dirigido a PP y Vox por haber presentado una enmienda a la totalidad. “¿Les parece aceptable desangrar hasta matar a más de 500 perros y hacer negocio con ello?”, les ha preguntado desde la tribuna. Allí también les ha acusado de difundir bulos. Finalmente, ha concluido que a esos dos grupos parlamentarios “les dan igual los derechos de los animales”.
El PSOE no ha mencionado su enmienda
Tanto los populares como los diputados de la formación de ultraderecha han aludido al enfrentamiento que se ha abierto entre los promotores del texto y la Federación de Caza. Por parte de Vox ha intervenido el diputado Ángel López Maraver, expresidente del lobby cinegético, que ha señalado que el texto que se está debatiendo “instaura un sistema de obligaciones, restricciones, prohibiciones y sanciones que representa un grave peligro para todo un sector social económico y cultural”.
“Todos los que de verdad aman al animal nos suplican que les saquemos de esta norma fanática en la que nadie quiere estar”, ha indicado López Maraver. En la misma línea se ha posicionado la popular Milagros Marcos Ortega, que ha defendido que los cazadores son “quizá los más castigados por las erráticas y demagógicas políticas de este Gobierno”. Y ha preguntado a los impulsores del texto: “¿De verdad no era posible hacer una ley que avance en bienestar animal de forma rigurosa sin generar problemas y sin enfrentarse a la gente que trabaja todos los días para subsistir?”.
El PNV considera que supone una “invasión competencial”
Alejado de la polémica cinegética, el representante del PNV Joseba Agirretxea ha asegurado que su formación rechaza el texto porque supone una “invasión competencial” y tiene un “carácter centralizador y reglamentista”. En su exposición, ha sostenido que existe una “ausencia de título competencial suficiente en poder del Estado para regular esta materia como lo hace” el proyecto en el que ha estado trabajando el Ministerio de Derechos Sociales.
Por lo tanto, Agirretxea no ha entrado en el contenido del texto. Asimismo, ha destacado que en Euskadi existe una “normativa propia en la materia” que sirvió para dar “un salto cualitativo muy relevante al superar la mera perspectiva sanitaria y la de los deberes de cuidados sobre animales domésticos”.
Ya centrado en el contenido, Echenique ha sostenido que el “amplísimo consenso social” que existe sobre los derechos de los animales “no está reflejado” en el “actual ordenamiento jurídico” ya que en “en la inmensa mayoría de los casos, los animales están indefensos ante un ser humano que les quiera hacer daño”.
Combatir el abandono y endurecer las penas
Con este texto, Derechos Sociales quiere combatir el abandono de los animales, calculan que anualmente 300.000 criaturas sufren esta situación. Se aboga también por el “endurecimiento de las penas de maltrato a través de la reforma del Código Penal”. De esta forma, “para los casos de maltrato con resultado de muerte se endurecerá la pena de prisión hasta los 24 meses y hasta los 36 en el caso de que concurra más de un agravante”, apuntan desde el Ministerio de Ione Belarra. En esta modificación de las penas se incluyen delitos que afecten a “animales vertebrados”, como los jabalíes, “cuyo maltrato no conllevaba reproche penal hasta ahora”.
Desde el PP han reconocido que, aunque sí coinciden “en la necesidad de seguir desarrollando un mecanismo de protección contra conductas despiadadas” en contra de las criaturas, “en la actualidad, los animales gozan de una protección penal” que consideran “amplia”. Además, han cargado contra el texto que modifica el Código Penal para endurecer los castigos aseverando que promueve “la inseguridad jurídica” porque deja “enorme margen a la interpretación de la norma y desoye a los sectores tradicionales relacionados con los animales”.