- Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado la primera ley de violencia sexual, que aborda las agresiones sexuales con un marco integral
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere legislar la violencia sexual con una ley integral de medidas penales, sociales, sanitarias, laborales y educativas. La propuesta, que el grupo confederal ha presentado este miércoles, anula la distinción entre abuso y agresión sexual para crear un tipo único de agresiones sexuales con agravantes y atenuantes. Además, incluye en el Código Penal el acoso en la vía pública y crea un tipo penal especifico para la violación colectiva.
La norma propone un marco integral de sensibilización, prevención, asistencia y reparación de las víctimas al estilo de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. “Es una ley feminista que viene a hacerse cargo de una anomalía machista que se da cuando las mujeres no solamente tienen que demostrar que han sido agredidas, sino que habían opuesto resistencia”, ha explicado la diputada de En Marea Ángela Rodríguez Pam.
Y es que la propuesta, presentada un día después de que el debate sobre la violencia sexual haya vuelto a colocarse encima de la mesa tras las declaraciones de la ministra de Igualdad Carmen Calvo, incide en la reforma que ya ha planteado la comisión dependiente del Ministerio de Justicia que estudia los delitos sexuales: eliminar el abuso sexual.
En el actual Código Penal, la agresión sexual implica violencia e intimidación, no así el abuso sexual, delito con el que la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco miembros de 'la manada'. El abuso sexual es también el tipo que suele aplicarse actualmente en los casos de violencia sexual hacia los menores cuando es perpetrada por personas del entorno. Es decir, la mayoría.
“Esta diferencia ha tenido dos consecuencias negativas. Por un lado, que sea necesario que la víctima se resista activamente para ser calificado como agresión sexual. Por otro lado, se ha exigido un grado de intimidación muy alto. El tema de la resistencia no está en el Código Penal, pero sí ha sido una interpretación de los jueces. Esto ha supuesto que el foco de atención se centre en demasiadas ocasiones en el comportamiento de la víctima”, ha explicado la penalista Patricia Faraldo, que ha participado en la redacción de la ley.
En este sentido, la norma crea un único tipo penal de agresión sexual que se agrava dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si hay penetración, si la víctima es especialmente vulnerable o si el atentado se acompaña de actos vejatorios o degradantes. Por otro lado, se añade un tipo específico de agresión sexual colectiva, que se prevé para aquellas ocasiones en las que “aprovechándose de la situación objetiva de superioridad manifiesta, en un contexto objetivamente intimidante para la víctima, dos o más personas realizan conjuntamente” actos constitutivos de agresión sexual.
La justificación de crear una figura para ello, explica Faraldo, es “clarificar el tratamiento y fomentar una aplicación unívoca” porque “hay una jurisprudencia muy variada que no ha venido a resolver la cuestión”. Actualmente la violación en grupo se tipifica como agravante de las agresiones sexuales (aunque no existe para los abusos sexuales), pero la participación de varias personas ha dado lugar a casos en los que se tipifica como delito continuado o en otras ocasiones se condena a una como autor y el resto cooperadores necesarios.
La norma también propone incorporar en el Código Penal un artículo que tipifica como delito leve el acoso en la vía pública, que castiga “con pena de multa de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días el que se dirija a una persona en vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria”.
El pasado mes de mayo la Asamblea francesa aprobó una ley de violencias sexuales que también castiga estas conductas, sin embargo, lo circunscribe a sanciones administrativas. En este caso, Unidos Podemos propone regularlo por la vía penal, es decir, serán hechos denunciables y se contarán con los medios de prueba habituales en el Derecho Penal.
Un marco integral
La ley del grupo confederal diseña un sistema de medidas como la asistencia jurídica gratuita, la atención, la reparación o la información para las víctimas. La idea es que haya un tratamiento integral y global similar al que ya se dispensa a las víctimas de violencia de género, que fue diseñado por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Pero esta norma solo contempla medidas para las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas.
En este sentido, Unidos Podemos incluye en su ley que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que actualmente solo llevan casos de violencia de género, amplíen competencias y se especialicen también en violencia sexual.
La norma recoge todos los tipos de violencia sexual con independencia del grado de relación que tengan la víctima y el agresor. Por otro lado, los derechos que contiene y que hacen referencia a esta reparación integral (información, atención psicológica y especializada, asistencia jurídica gratuita...) no dependerán de si la mujer ha denunciado o no. Es decir, la puerta de entrada al sistema de protección integral no será la judicial, sino que se habilitarán otras fórmulas alternativas, como tener un informe de Servicios Sociales o de servicios sanitarios.
Por otro lado, diseña todo un abanico de medidas destinadas al ámbito laboral, sanitario, educativo, militar o social para todas las mujeres, incluso las migrantes en situación irregular. Tras ser registrada esta mañana, habrá que ver el trámite parlamentario que sigue a la espera de que sea tomada en consideración en el pleno: “Cada vez el consenso y la respuesta social es mayor y esperamos que eso se materialice en la cámara”, ha hecho hincapié Sofía Castañón, diputada y secretaria de Feminismos y LGTBI de Unidos Podemos.