Lo han intentado, con más o menos ahínco, pero en cualquier caso, sin éxito: en Málaga, en León (con un oscuro episodio de cárcel incluido), en Alicante y, últimamente, Almería. Lo han probado, al menos en dos ocasiones anteriores, en Madrid. Y como no hay dos sin tres, la ultracatólica Universidad Católica de Murcia (UCAM) vuelve a la carga: quiere montar un centro de estudios superiores en la Comunidad de Madrid, paraíso de la educación privada.
Lo confirman fuentes del Gobierno regional madrileño: se ha recibido una solicitud por parte de la empresa Centro de Estudios Superiores Alma Máter para crear un centro adscrito a la UCAM en la región. La Comunidad, que aún analiza la propuesta, no comparte más información, pero la compañía está radicada en Torrejón de Ardoz, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).
La empresa, propiedad de la Fundación Universitaria San Antonio, dueña de la UCAM, tiene como administradora única a María Dolores García Mascarell, viuda del fundador de la UCAM, José Luis Mendoza Pérez, y actual presidenta de la Universidad por voluntad de quien fue su marido. Mendoza Pérez fue miembro del movimiento ultracatólico del Camino Neocatecumenal (los 'kikos') y levantó su universidad gracias a una relación muy cercana (y varios favores, como cesión de terrenos) al Gobierno murciano del PP. El fallecido empresario sumó a sus conexiones políticas una buena relación con Vox (se decía que él era el partido en la región y el actual presidente de la formación en Murcia y vicepresidente del Gobierno, José Ángel Antelo, jugó en el equipo de baloncesto que financia la universidad y trabajó en ella).
La empresa que quiere abrir un centro en Madrid fue fundada este pasado mes de febrero y tiene como objeto social “la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio y, en particular, la instalación y explotación de universidades y otros centros de enseñanza superior, así como centros de posgrado y formación continuada”. Este diario ha pedido a la UCAM detalles sobre el proyecto (sede, estudios que pretende ofertar, alumnado), pero no ha obtenido respuesta.
Si finalmente la Comunidad de Madrid aprueba la solicitud de la UCAM, el centro se uniría a las 13 universidades privadas y dos centros adscritos a universidades de fuera de la región que ya operan en Madrid (además de los campus de la Universidad de Navarra y la Pontificia de Salamanca). El Gobierno regional ha aprobado en los últimos cuatro años cuatro centros que ya están operativos (UDIT, UNIE, CUNEF y la Internacional Villanueva), y lo ha hecho contra el criterio de los rectores de los centros públicos (Cruma) y de los sindicatos de la región. En la Comunidad de Madrid ya hay más del doble de universidades privadas (13) que públicas (seis).
“Intereses económicos e ideológicos”
“La creación de universidades privadas en Madrid ha respondido, hasta ahora, a entramados de intereses económicos e ideológicos afines a los distintos Gobiernos del PP de Madrid. Proyectos nada han tenido que ver con un modelo de universidad de calidad con concepción de servicio público y bien social. Esta línea política deteriora y debilita el posicionamiento de todo el sistema universitario madrileño, que se ve desprestigiado en su conjunto”, sostiene Isabel Galvín, responsable del sector de Educación de CCOO Madrid.
“Es un movimiento natural: Madrid favorece la implantación de universidades privadas y, además, la UCAM ya lo ha intentado en varios sitios antes, aunque no ha llegado a fructificar ninguno”, añaden fuentes conocedoras de la institución murciana. En Madrid ya llevan, al menos, dos intentos, y cuentan con el Instituto Juan Pablo II, aunque este centro solo ofrece en el área formativa un Diploma de Experto en Ciencias del Matrimonio y la Familia, según su web.
Uno de los lugares donde la universidad ultracatólica intentó expandirse fue en Alcorcón, gracias a su entonces (2018) relación cercana con el PP. El alcalde de aquella época, David Pérez (hoy presidente de la Junta Municipal de Hortaleza en el Ayuntamiento de Madrid), abrió un concurso público ad hoc para darle salida, UCAM mediante, a las instalaciones del CREAA, un proyecto faraónico inacabado que no tenía uso. Pero la universidad realizó una oferta, la única que se presentó, que el jurado definió como “insuficiencia de documentos y criterios que permitan su correcta valoración, y entiende que la posterior aportación de los mismos alteraría sustancialmente la propuesta presentada”, por lo que la tumbó y lo declaró desierto, según informaba la prensa local.
Un par de años más tarde el digital Religión Confidencial daba por hecho el desembarco. “Nace en Madrid la Universidad Internacional del Deporte”, titulaba esta web. Según esta información, la propuesta, avalada por el entonces arzobispo de Madrid, Carlos Osorio, y “especializada en las enseñanzas del deporte, la salud, el derecho, la comunicación especializada y los negocios –una Escuela Internacional de Negocios–”solo estaba pendiente “de los trámites administrativos”. No debió superarlos porque nunca se volvió a saber.
Un sector viento en popa... que tendrá que adaptarse
El negocio de la educación superior privada crece de manera estable en Madrid y un indicativo de que tiene interés empresarial es el desembarco de los fondos de inversión en el sector, apoyado en el constante goteo de nuevos centros y el alumnado que acude a ellos. Si en el conjunto de España el 80% de los universitarios está matriculado en un centro público, en Madrid es un 70%. La comunidad tiene al 18,3% de todos los estudiantes, pero el desglose no es equivalente: son el 16,2% de los que van a la pública, pero el 26,3% de los que van a la privada.
La evolución del alumnado que cursa específicamente másteres (el principal nicho de negocio de este tipo de instituciones) en los centros de iniciativa empresarial apunta en la misma línea: en los últimos cinco años, el porcentaje de universitarios, además de haber subido un 17,6%, ha pasado de un 58,6%-41,4% a favor de la pública al 46,5%-53,5% a favor de la privada. A modo de comparación con una población similar: Catalunya tiene 12 universidades, pero solo cuatro privadas.
Precisamente para evitar (o limitar) esta eclosión de universidades privadas que se centran en la parte del negocio que más dinero da (los posgrados) y dejan de lado otras cuestiones menos rentables, como la investigación o los doctorados, el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, endureció la normativa de creación de los centros.
El Real Decreto 640/2021 establece que las nuevas universidades (y las ya existentes, que tendrán que adaptarse a ello) deberán tener “como mínimo una oferta de enseñanzas conducentes a la obtención de diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado. En el conjunto de esta oferta estarán representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura que, a su vez, agrupan los diversos ámbitos del conocimiento)”. Además, a los cinco años de funcionamiento, el estudiantado de grado debe ser al menos la mitad del total y las universidades deberán dedicar el 5% de su presupuesto a la investigación, entre otras medidas destinadas a que “las universidades sean universidades”, en palabras de Castells.
Un análisis del Observatori Universitario de Catalunya realizado a raíz del anuncio del RD reveló que solo 12 universidades, todas públicas, cumplían entonces (en 2021) con los requisitos que exigía la nueva normativa. Entre las últimas abiertas en Madrid, ninguna pasa el corte de los dos doctorados, aunque el Real Decreto les da cinco años para cumplir.