No es afiliada a ningún partido, pero por casualidad y tras un debate televisivo, la recién estrenada presidenta de Madrid –postamayazo–, Esperanza Aguirre, la llamó para encargarse de las universidades de la región. “No pude decir que no”, asegura. Así en 2003, Clara Eugenia Núñez asumió la Dirección General de Universidades e Investigación madrileña. Una experiencia que relata, no sin polémica, en su libro Universidad y ciencia en España. Claves de un fracaso y vías de solución (Gadir), en el que analiza los fallos del sistema y en el que ninguno de sus protagonistas (profesores, rectores, sindicatos y responsables políticos) sale indemne.
La carrera política de esta profesora de Historia Económica en la UNED, y doctora en Historia por la Universidad de Nueva York y en Economía por la de Alcalá de Henares, ha estado marcada, durante sus años en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el enfrentamiento con los rectores. Entre ellos, Ángel Gabilondo, que estaba al frente de la Universidad Autónoma y se convertiría después en ministro de Educación durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Otro enfrentamiento, esta vez con la nueva consejera de Educación de Aguirre, Lucía Figar, acabó con sus días en la gestión de la Educación Superior en Madrid y truncó el desarrollo del proyecto del que se siente más orgullosa: los IMDEA, centros de investigación avanzada y formación de investigadores.
Figar, explica, se cargó de un plumazo sus logros para volver a la “política de amiguismos”. Impulsora de las becas de excelencia y de una reforma en la financiación de los centros por objetivos –en la dirección en la que camina el actual ministerio de José Ignacio Wert–, asegura que las universidades públicas españolas no están a la altura ni responden a las necesidades del país.
Asegura en su libro que el problema de las universidades españolas no se soluciona con gasto público. Algo que choca bastante con la actual situación de crisis y de asfixia presupuestaria que viven los centros universitarios.asfixia presupuestaria que viven los centros universitarios.
Una cosa es que hoy digan los rectores que están asfixiados, y lo hacen porque el presupuesto ha pasado de unos 1.200 millones en 2009 a menos de 900 millones hoy. Tienen que ajustarse a menos ingresos y las tasas no lo han compensado completamente. Pero yo creo que el problema de la universidad no es exclusivamente económico. Cuando algo funciona mal, probablemente también haya cosas que mejorar en el diseño de cómo estamos haciendo las cosas.
La reforma universitaria que está sobre la mesa parece ir hacia el modelo de financiación por objetivos que usted defiende.
En la última década creció mucho el dinero que las administraciones daban a las universidades, pero no se exigió nada a cambio. Eso era responsabilidad de los Gobiernos: pedir más calidad, más estudiantes, otras titulaciones…, lo que fuera. Pero se les dio el dinero sin poner objetivos.
Con la educación no somos igual de exigentes como usuarios de lo que somos, por ejemplo, con la sanidad. Quizá porque quien demanda educación, por lo general, es una generación en nombre de la otra, los padres por los hijos, y no vemos los resultados de tener una mala educación hasta mucho más tarde. La sorpresa llega cuando no tenemos trabajo, somos mileuristas o hay que emigrar. Hasta entonces no pensamos si la educación no fue tan buena. ¿A quién le reclamamos entonces?
La financiación del Estado no sólo afecta a las universidades. Muchos alumnos también están ahogados con la subida de tasas y la reducción de las ayudas.
El que las tasas sean más altas no me parece incorrecto. Pero quizá no es el momento adecuado porque las familias se enfrentan a las consecuencias de una complicada situación económica, tasas de paro altísimas y unos impuestos que han aumentado tremendamente.
De una crisis se sale con más educación. Si la inversión en educación tiene que ser algo, es contracíclica. No crecer tanto en tiempos de abundancia y sí hacer un esfuerzo para que todos reciban formación. Dicho esto, la financiación actual de las universidades es regresiva. Si la sociedad lo supiera, pediría un cambio. Y es regresiva porque los que no estudian financian con sus impuestos y trabajos a sus compañeros.
Pero eso pasa con cualquier servicio por el que pagamos impuestos.
La cuestión es por qué vamos a pagar 8 o 9 años en vez de 4, que dura una titulación. Está bien dar el servicio y el derecho a la educación, pero con responsabilidades. Podemos tener 10.000 estudiantes matriculados y una plantilla preparada, pero realmente tenemos 3.000 estudiantes porque 7.000 no existen, no van a clase, al examen no aparecen. Pagan lo que cuesta el curso y no lo utilizan. Entonces hay que ser más exigentes con ellos. Cuando uno paga por el servicio que disfruta, es más exigente consigo mismo y con quien se lo da.
¿Esto se podría modificar con la reforma universitaria que impulsa el ministerio?
Lo importante es que hagamos una reforma no para salir de la crisis, o de un Gobierno, sino pensando en qué está mal y cómo debemos definir ese entorno para que en 10 o 20 años podamos tener universidades del prestigio que corresponde a España por su nivel de renta. Es más, debería ser la última en los próximos 40 años.
¿Y cómo hacer que la universidad responda a esas demandas y necesidades sociales, sobre todo en un contexto de tasas de paro juvenil tan altas?
El mercado laboral quiere gente bien formada, les da igual en qué. No quiere una persona que sólo ha leído apuntes y los ha reproducido. Es verdad que hay modas, pero creo que las personas bien formadas son muy versátiles y capaces de aprender durante toda su vida.
¿Y eso cómo se logra?
Con un buen claustro. Empezando por los rectores.
En su libro les describe como los “jefes de los sindicatos”. ¿A qué se refiere?
Cuando digo que los rectores son la cabeza de los sindicatos, es porque son rehenes de quienes les votan y, en su mayoría, es la población sindicada. Es lógico, porque les resulta más fácil responder a los intereses de un colectivo que a los individuales.
El sistema español es totalmente atípico. En otros países hay un colectivo responsable de marcar las grandes directivas –que aquí sería equivalente al Consejo Social, pero no tiene poder ni representatividad ni capacidad de actuación–, que elegiría rectores con un mandato concreto.
Lo primero que habría que hacer es buscar a gente de gran prestigio académico en condiciones de atraer a gente similar, y con la independencia suficiente para poder ser impopular y hacer lo que nadie quiere que se haga.
En la Transición entendimos que la democracia era votar en todas las instituciones. Democracia es el control de las instituciones por parte del pueblo, y la sociedad española no está controlando a las universidades. Las universidades nos autogestionamos con fondos que son de todos.
Uno de los logros más importantes de su gestión política fueron los IMDEA (los centros de investigación avanzada y formación superior de investigadores), que hoy están casi muertos…
Hay algunos que todavía existen. Lo que ha muerto es la idea como tal, es decir, la institución capaz de renovar el entorno científico independientemente del poder político. Y ha muerto por decisiones arbitrarias tomadas por parte de un patrono: la Consejería de Educación.
Seguimos viendo entonces, y a nivel general, el I+D+i como la oveja negra o la hermana pobre.
Una de las grandes penas que tengo desde que dejé la consejería es ver cómo un proyecto, que era para el Madrid del siglo XXI y se basaba en hacer de la ciencia la base de la sociedad del conocimiento y del futuro, se haya torpedeado sin justificación ni razón alguna y sin que nadie se pregunte por qué se ha tumbado. Habíamos creado esa red de centros con esa dinámica, y eso alguien desde el poder político lo ha dinamitado sin dar explicaciones.
¿Se refiere a la consejera Lucía Figar?
Efectivamente. Estoy de acuerdo en que un político puede decidir qué proyecto apoya o no, pero otra cosa es actuar en contra de las normas establecidas y ni siquiera explicar por qué. Supongo que como sociedad también nos falta cultura política para pedir explicaciones porque no somos conscientes de lo importante que es la investigación y lo que nos puede ayudar en el futuro a ser una sociedad dinámica y con capacidad de crear empleo y riqueza.
En su libro describe a Lucía Figar con cierta ironía. Dice que trabajaba al dictado de la prensa, que trataba a sus subordinados con “dureza y altanería” o que no estaba muy puesta en la materia. Y cuenta que la consejera le preguntó “quién le dice a los investigadores qué investigar” y “qué hacen además de investigar”. ¿Se trata de un enfrentamiento personal?
Intento dejar claro que en la primera legislatura cumplimos el programa que teníamos: financiación por objetivos, becas de excelencia, IMDEA... Habíamos conseguido crear una relación de colaboración con las universidades sin depender de que nos cayéramos bien o mal. La consejera tenía cuatro años para consolidar esos logros, con los que la universidad en Madrid no estaría cómo esta hoy. En cambio, esa política se suspendió y se volvió a lo que había antes; es decir, a la no política universitaria.
También asegura que la política en educación en Madrid es de “amiguismos”.
Al menos en la universidad se volvió a la política de los amigos, de te doy o no, de tira y afloja. Eso no es una forma de hacer política. La gestión de Figar ha sido nefasta. Ha destruido sin sustituir por nada, volviendo a la anarquía.
¿Cómo valora la gestión educativa del exministro Ángel Gabilondo, con el que se enfrentó cuando estuvo al cargo de la Dirección General de Universidades?
No recuerdo ninguna decisión que me haya impresionado por parte del ministro Gabilondo. Sí tengo una cierta memoria, y negativa, de un Estatuto del Profesor Universitario que estaba preparando.
¿Qué le ha parecido la tramitación de la LOMCE?
Ya es grave que las leyes educativas cambien tan a menudo. Pero prometer la derogación de una ley no es la forma responsable de hacer oposición.
¿Y la responsabilidad del legislador de hacer una ley con el consenso de la sociedad?
La LOGSE tuvo el consenso necesario para ser aprobada en las Cortes, y eso la hace legítima. Los socialistas, nada más llegar Zapatero, derogaron la del PP. Y ahora, sin estar en el Gobierno, anuncian lo mismo.
Y el PP acaba de hacerlo igualmente…
No, el PP lo ha hecho con su mayoría en las Cortes y después de que le derogaran la que había hecho antes.
El PSOE lo hizo tras ganar las elecciones. Cada Gobierno pone la suya. ¿Es un juego interminable?
Creo que es necesario un consenso básico en educación sobre su objetivo, que es dar formación de la forma más eficaz posible. Otra cosa es que la educación sea un motivo de batalla política.
¿La ley Wert será eficaz?
Yo creo que es a todas luces insuficiente, que no va a cambiar la situación de la Educación Primaria y Secundaria, entre otras cosas porque deja para más adelante el proceso de selección, formación y cualificación del profesorado. La educación será tan buena como los profesores que estén enfrente y el esfuerzo que pongan los estudiantes.