Fue una frase corta, pero que resume el pensar del Ministerio de Educación respecto al sistema universitario. “Es una ecuación imposible”, afirmó la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que España tenga “una de las tasas más bajas de matrículas, impuestos bajos y prácticamente ninguna selección [de alumnos] para acceder a la universidad”. Conclusión del Gobierno: el sistema universitario “no es sostenible”.
Pero Gomendio, en apenas tres frases, consiguió meter alguna verdad a medias, alguna mentira e incluso obviar ciertas contradicciones generadas por las políticas llevadas a cabo por su jefe, el ministro José Ignacio Wert. Políticas como la del cambio en la estructura de los grados que, por otra parte, le han costado una huelga que tendrá su cúspide en la manifestación de este jueves.
Del modelo intermedio... hacia el caro
En España, a diferencia de Finlandia, Noruega o Dinamarca, donde el Estado asume el 95% de la financiación del sistema universitario, la partida de las administraciones no representa ni el 80% de los presupuestos universitarios. El resto cae sobre las familias, principalmente mediante las tasas. Pero Gomendio insiste: “Tenemos una de las tasas más bajas de matrículas”. Y eso que en los últimos años los precios públicos han subido notablemente y se han reducido las becas.
En lo referente a los sistemas de pago de la universidad por parte de sus estudiantes, en Europa se dan tres modelos, explica Vera Sacristán, profesora de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Politécnica de Catalunya y autora de un informe sobre la cuestión (en catalán) para el Observatori Universitari.
En el primer grupo, los estudios universitarios son totalmente gratuitos y además hay becas salario para compensar que quien estudia en la universidad no gana dinero porque no trabaja. Este modelo lo tienen los países nórdicos (aunque tienen impuestos muy altos, afirmó Gomendio), pero también otros como Escocia, Estonia, Dinamarca, Malta, Chipre o Turquía.
En el otro extremo están los que se pagan precios elevados, “por encima de 1.500 euros el curso y muy para arriba”, explica Sacristán. Aquí se encuadran los anglosajones –sin Escocia–, Irlanda, Eslovenia, Hungría, Lituania, Letonia, Rumanía, etc. En este grupo “hay becas también, pero sobre todo créditos”, aclara Sacristán.
Los países del tercer grupo, entre uno y otro, tienen unas tasas simbólicas, desde los 180 euros anuales en Francia a los 300 en Alemania, nunca superiores a los mil euros. También están Bélgica, Polonia, Portugal o la República Checa. La política en estos suele ir por las ayudas al estudio o las subvenciones, más que por las becas salario.
¿Dónde queda España? “Se mueve del modelo central al más caro”, responde Sacristán. La subida de las tasas en los últimos años ha encarecido notablemente los precios. El máximo de un año de grado está en 2.600 euros, cita la profesora, aunque también señala que las diferencias entre regiones son muy importantes: un mismo grado puede costar el doble en Cataluña o Madrid que en Galicia.
Eso en cifras absolutas. Sacristán explica que cuando se homologan las cifras y la comparación se hace a paridad de poder adquisitivo “es mucho más tremenda. Se observa que el precio suizo o el lituano caen por debajo del nuestro y España acaba siendo el séptimo país más caro”, precisa.
Respecto a los másteres, en España se da un fenómeno poco usual en Europa: son notablemente más caros que los grados. “Esto es muy raro en Europa. En algunos países es más caro, pero contados. Pero en España la diferencia es brutal”, sostiene Sacristán.
Una cuestión ideológica
La elección de un sistema u otro es una cuestión ideológica, alega Juan Hernández Armenteros, experto en financiación universitaria y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén. “Detrás hay un pensamiento político”, comenta. Si uno cree que el beneficiario de la educación superior es el individuo porque la recibe y optará a un mejor trabajo, este debe pagársela (modelo anglosajón, el caro para el estudiante). Si cree que quien se beneficia es la sociedad porque crea profesionales mejor cualificados que aportarán valor añadido a la sociedad y, aunque ganen más, lo devolverán pagando también más impuestos, debe pagarla la sociedad (modelo nórdico).
Hernández considera que la mejor opción es apostar por una fórmula de financiación diferenciada. Es decir, que la Administración Pública se haga cargo de mayores o menores costes de la universidad en función de la capacidad de renta de las familias. Lo que sí tiene claro es que “para favorecer la promoción social y la igualdad de oportunidad es necesaria la financiación pública”. Sacristán opina que la matrícula subvencionada tiene dos ventajas: “Es más equitativa porque permite a todos acceder a la educación superior y es más eficiente porque garantiza que el talento llegue a la universidad y favorezca al país”.
Además de estos modelos, Gomendio citó el de EE UU, donde “la universidad la paga prácticamente el estudiante”. Es cierto que Estados Unidos cuenta con un modelo basado en el esfuerzo de los estudiantes y las familias para pagar sus estudios. Lo que no acabó de explicar la número dos de Educación es que, como muchas familias no pueden hacer frente a los altos precios de las matrículas, deben endeudarse y pedir los préstamos que ofrecen tanto el Gobierno como los bancos y otras entidades privadas.
Esta situación se ha visto recrudecida en los últimos años, cuando se ha producido un aumento en el precio de las matrículas: entre 2000 y 2012 se han incrementado un 114% en las universidades públicas y un 14% en las privadas, según se desprende de un informe del Congreso.
El estudio alerta del nivel de endeudamiento de los estudiantes, que no ha parado de aumentar, hasta el punto de ser el único tipo de deuda que ha seguido incrementándose con la crisis. En el año 2012, la deuda anual media de una persona graduada era de 24.000 euros, un 60% de sus ingresos totales.
Muchos de aquellos estudiantes no pueden ahora hacer frente a la devolución de los préstamos, según revela el informe, lo que, según los expertos, puede estar generando una “burbuja educativa”. Los precios de las carreras en el país oscilan desde las baratas universidades públicas (rondan los 6.500 euros) hasta las universidades privadas, donde el coste se puede elevar hasta unos 41.000 de la Washington University in St. Louis.
Un gasto por debajo de la media
¿Es sostenible el sistema universitario? El porcentaje de gasto en educación superior respecto al PIB en España ha pasado del 0,97% al 0,83% en cuatro años (y eso que el PIB cae). En otros países como Finlandia o Dinamarca alcanza y supera el 2%. Un estudio del Observatori Universitari sitúa a España en el puesto 22 de los 27 países analizados, casi medio punto del PIB por debajo de la media de la OCDE. “Digo yo que la sostenibilidad se medirá en porcentaje de gasto respecto al PIB”, opina Vera Sacristán. “¿Y dónde está España en este apartado?”, se pregunta retóricamente.
Si que lo se mira es la financiación pública, un estudio de CCOO señalaba hace pocas semanas que en los últimos cuatro años las universidades públicas han perdido 1.500 millones de euros de los fondos que les transfieren las administraciones.
Uno de los argumentos que repite el Gobierno para apoyar su tesis de la insostenibilidad es que existen demasiadas universidades en España. Pero lo cierto es que nuestro país está a la cola de la tasa de universidades públicas por habitante. España tiene una universidad por cada 582.000 habitantes. En Reino Unido hay una por cada 283.000 habitantes, una por cada 94.000 habitantes de Estados Unidos y una por cada 129.910 en Finlandia, según un estudio realizado por Estudiantes en Movimiento.
Tampoco parece cierto, a tenor de la estadística, que haya demasiados universitarios, tal y como afirmó Gomendio. Este dato se puede considerar desde la óptica del porcentaje de universitarios respecto a la población en esa franja de edad o respecto a la población total, explica Sacristán. El millón y medio de universitarios en España sitúa al país justo en la media de la OCDE en la primera referencia, algo por debajo del 25%. En la segunda, queda por debajo (menos del 3% de la población total).
Un elemento contradictorio que utilizó Gomendio es que afirmó que no hay “prácticamente ninguna selección de alumnos para acceder a la universidad”. Hasta ahora la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) establece una cierta criba, aunque es cierto que tiene índices de aprobación masivos. Sin embargo, la reforma educativa del PP la ha suprimido, cambiándola por la reválida (que es obligatoria para todos los estudiantes que quieran el título de Bachillerato, vayan o no a la universidad) y por unas pruebas de acceso que las universidades podrán realizar o no según crean conveniente.