La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con su rector Javier Ramos al frente, ha decidido pedir a la justicia que reabra el caso Máster que afecta a su misma universidad en la época del rector Pedro González Trevijano (hoy magistrado del Tribunal Constitucional).
En un mensaje enviado este martes, portavoces de esta universidad pública anunciaban un recurso (del que aún no se conocen los detalles) contra la decisión de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de dejar de investigar las irregularidades cometidas en la obtención de títulos de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, el presidente del PP Pablo Casado y la exministra de Sanidad Carmen Montón.
De facto, este recurso supone que la URJC pide que se vuelva a imputar a los posibles implicados, entre ellos y básicamente a los profesores de estos másteres y al líder del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, a quien la jueza de instrucción calificó como el “urdidor”. Si no se reabre, pese a las declaraciones y confesiones de algunos alumnos, las convalidaciones con firmas falsificadas y las denuncias de profesores de cambios de nota, el caso quedaría impune.
La decisión para intentar llegar hasta el final es sorprendente porque es el mismo rector quien salió a defender a la expresidenta con la coartada del “error de transcripción de notas” (aunque luego pidió perdón), y también justificó que las investigaciones internas de Cifuentes y Casado se cerraran en la URJC, aduciendo que la justicia ya estaba investigando y que habían enviado a los tribunales toda la información de la que disponían. Sin embargo, el expediente administrativo y académico es perfectamente compatible con el judicial, aunque la URJC decidió no seguir indagando acerca de qué funcionarios, alumnos y profesores pudieron incurrir en irregularidades.
Sobre el caso Montón, el rector sabía desde junio que había manipulaciones de notas e irregularidades porque había abierto otra investigación. Pero no informó hasta el 10 de septiembre, después de que publicara la noticia eldiario.es, y sin revelar nada del contenido más allá de que había cambios de nota fuera del año académico, solo tras la publicación en los medios. Esta investigación sigue supuestamente en marcha, aunque la última providencia de Medel fue precisamente solicitar a la URJC documentación relativa a la exministra de Sanidad para abrir esta investigación, de modo que judicializó también ese máster, eso sí, tres días antes de cerrarlo.
Las investigaciones internas se aparcaron y la posibilidad de quitarle los títulos a los alumnos que no habían asistido a clase ni habían hecho exámenes se desvanecieron. De hecho, fue la propia Cifuentes quien quiso renunciar al título por carta, algo que no ha sucedido porque es la universidad quien tiene que iniciar ese procedimiento y no lo ha hecho. Las últimas declaraciones del rector, en la Cadena Ser, también iban en el sentido de no hacer nada hasta que la justicia se pronunciara. Sorprendentemente, dos alumnos que aseguraron a la jueza que no habían hecho nada para aprobar, Maria Dolores Cancio y el exconcejal del PP Pedro Calvo, mantienen a día de hoy sus calificaciones, entre las que hay numerosos sobresalientes.
Ahora, la URJC va a intentar que siga la investigación y mantiene vivo el caso Máster con la presentación de un recurso. Falta saber si la propia jueza o la Audiencia Provincial consideran reabrirlo. En caso de que se haga, sería para investigar a los profesores y al director del Instituto o los funcionarios de la URJC que pudieran estar implicados en este caso de corrupción, ya que el Supremo ha marcado que el alumno Pablo Casado no es investigable y no ve delito en él, por lo que el resto de alumnos deberían seguir la misma senda.
Ramos, que en el mes de junio vivió uno de sus peores momentos como líder de la URJC por la amenaza de una moción de censura que por ahora no se ha concretado, declaró ante la jueza como testigo y, en aquella declaración, respondió a muchas de las preguntas con un “no lo sé”, lo que generó impaciencia en la propia jueza y algunos abogados. También minimizó el impacto de la noticia: “No le di mayor importancia, como de vez en cuando salen noticias criticando cosas de la Universidad Rey Juan Carlos...”.
Ahora, la universidad que él dirige ha decidido impulsar el caso en el plano judicial para que se investigue por qué, cómo y quiénes beneficiaron a los ilustres alumnos dando títulos sin que se haya podido acreditar la asistencia a clase, exámenes o trabajos que otros estudiantes, los “ordinarios” según la jueza, sí hicieron.