Acusaciones de dedazo indisimulado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. La universidad ha convocado un concurso para la provisión de 35 plazas por el sistema de Libre Designación destinadas a funcionarios sin incluir entre las bases de la convocatoria los méritos que se valorarán para otorgar las plazas. Fuentes sindicales y de los propios trabajadores de la institución analizan que adjudicar así puestos colisiona al menos con sus propios estatutos y podría contradecir varias sentencias del Tribunal Supremo sobre la adjudicación de plazas en la administración pública.
Algunos trabajadores del centro sostienen que es ilegal. Santiago Cuesta, secretario de Universidad de CC OO Madrid, no se atreve a tanto, pero asegura que “publicar los requisitos es una condición necesaria” en un concurso de este tipo, y que han solicitado la reunión de la Mesa de Seguimiento para que aclare a qué se debe esta anomalía. Habrá denuncia si las explicaciones no son satisfactorias, afirma. El Supremo recordó en 2009 el “carácter excepcional” de la Libre Designación y que “cuando se considere necesario acudir a él, se haga excepcionalmente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse”, circunstancias que no parecen darse en esta convocatoria.
El director de Comunicación de la universidad, Francisco Javier Pérez, explicó a este diario que “todo se ha tramitado conforme a los procedimientos previstos en la legislación vigente, incluidos los Estatutos de la URJC”.
El método elegido, de Libre Designación, otorga libertad al rector de la universidad, Fernando Suárez, para prácticamente decidir a quién le otorga esas plazas (siempre cumpliendo unos mínimos como el nivel de funcionario, etc.). Este tipo de práctica es habitual en la administración pública —y por extensión la universidad— para cubrir ciertas plazas “de confianza” como secretarios, asesores, etc. Pero esto no exime a quién la convoca de cumplir unos requisitos mínimos en las convocatorias, advierten sindicatos y algún trabajador del centro que denuncia la situación pero prefiere mantener el anonimato. Y esto no ha ocurrido en este caso, aseguran.
“Sabemos que las dan [las plazas] a dedo a los amigos, pero es que ya no guardan ni las apariencias, el que sea un concurso de libre designación no les exime de publicar la lista de méritos valorables”, explica el citado empleado. La URJC ha sido acusada de nepotismo por dar trabajo a varios familiares de sus principales dirigentes y ex dirigentes, según ha publicado El Confidencial. Las investigaciones sobre la Universidad y los recursos a las decisiones que se toman desde el rectorado se acumulan: desde la investigación del campus fantasma de Aranjuez hasta la adjudicación de plazas.
Habrá denuncia, anuncia este funcionario. El problema que se les presenta por esta vía es que los procesos en el Contencioso Administrativo suelen prolongarse varios años y para cuando los Tribunales resuelven los destinatarios de las plazas, o aquellos que habrían querido optar a ellas, pueden hasta haberse jubilado.
Además, varios miembros del PAS informan de que profesores de la Universidad Rey Juan Carlos tienen impugnadas en la vía administrativa las Relaciones de Puestos de Trabajo de PAS funcionario y laboral aprobadas en el año 2014, y que en breve, dichos profesores impugnarán las mismas en la vía judicial. De salir adelante, podrían anularse dichos instrumentos de ordenación de la función pública con los efectos que esto podría acarrear: entre otros, que se podrían invalidar todos los procedimientos de provisión de puestos de trabajo (libres designaciones y concursos) y los procesos de selección de nuevo personal que se pudiera llevar a cabo.
El punto 3 del artículo 157 de estatutos de la URJC estipula que “las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por concurso o libre designación definirán los requisitos que deberán reunir los aspirantes a los puestos de trabajo vacantes y los méritos que se valorarán para su provisión”. En la convocatoria hecha pública por la URJC podría considerarse, apurando, que “los requisitos” son el nivel de funcionario que sí aparece en la tabla donde se relacionan los puestos. Pero ni en esta tabla ni en ningún otro lugar aparece mención alguna a “los méritos que se valorarán”.
Preguntado al respecto, Pérez, el portavoz de la universidad, no ve problema alguno. “En los anexos (anexo II) que acompañan la convocatoria se explicita claramente que todo participante en el concurso tiene la opción —al cumplimentar la documentación— para acreditar sus méritos, y se consignan los apartados: estudios, puestos desempeñados, formación complementaria, idiomas, etc”. Siendo esto cierto, no es lo mismo que el candidato pueda consignar sus méritos a que se explicite “los méritos que se valorarán”.
A todas las fuentes consultadas les sorprende también el elevado número de plazas convocadas, un total de 35. Hay de diferentes categorías y áreas, desde secretarios que requieren un nivel 18 hasta el director de Recursos Humanos (nivel 29), un puesto que tiene un complemento específico de 44.869,32 euros, según aparece en la convocatoria. Fuentes de la universidad señalan que ni siquiera existe correspondencia entre los puestos ofertados y los correspondientes que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo de la universidad.
El Supremo, en la citada sentencia —que atañía a la Comunidad de Madrid— insiste: “Ni la circunstancia de que se trate de puestos con nivel 26, ni la posición que les corresponda en la organización administrativa son razones que, por sí mismas, sirvan para justificar la opción seguida sobre su provisión por la Comunidad de Madrid. La naturaleza de los cometidos a desempeñar y la especial responsabilidad que puedan implicar tales puestos son las razones que podrían, en su caso, hacerlo, pero se trata de extremos que no pueden presumirse, sino que su concurrencia debe ser explicada de manera suficientemente precisa y particularizada por la Administración, cosa que, insistimos, no se ha hecho”.
Carta de recomendación
Un último elemento “quizá no estrictamente legal pero sí defendible en sede judicial y que en cualquier caso es un escándalo”, según fuentes conocedoras de estos procesos, es que la convocatoria exigía a los funcionarios de otras universidades que quisieran optar a la plaza un “certificado de méritos” (el anexo III de la convocatoria) firmado por su superior de la universidad en la que se encuentre actualmente. Esto es, el funcionario en cuestión tendría que pedirle a su jefe que le haga una especie de carta de recomendación para irse a la competencia.
La URJC está en el punto de mira por haberse convertido en una suerte de centro de acogida de familiares del antiguo rector, Pedro González-Trevijano, y su sucesor, según informaciones de El Confidencial. Este diario publicó que el ex dirigente colocó a su exesposa y otros dos familiares y la del actual también ejerce en la universidad. La gerente, el exgerente, el secretario general y otros cargos también han colocado a familiares en los diferentes campus que la URJC tiene por Madrid. El récord de la universidad lo ostentaría el exdecano de la Facultad de Ciencias Camilo Prado, que colocó a tres de sus hijos y a sus parejas sentimentales.