La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tiene un problema con el 'campus' de Aranjuez. Básicamente, la cuestión es que lo utiliza como tal, pero no lo es. El campus existe sobre el terreno, tiene edificios, alumnos, profesores y allí se imparten nueve grados normales y cuatro grados dobles. Pero el campus no existe –legalmente– en la URJC porque no tiene los permisos de la Comunidad de Madrid necesarios para ello ni para dar todas esas carreras. Y pese a eso tiene destinado un millón de euros en su presupuesto y hasta el rector, Fernando Suárez, se ha autoconcedido una ayuda al desplazamiento (a sí mismo y todos los demás profesores que dan clase sin permiso) para impartir una asignatura de un grado no autorizado.
“El hecho es que tenemos un campus ilegal. No existe permiso para dar clases allí pero la Universidad lo está haciendo”, resume Richard Taylor, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha solicitado a la Comunidad de Madrid que regularice la situación del campus.
Un portavoz de la URJC ha explicado a este diario que “todas las clases y titulaciones que se imparten en el campus de Aranjuez están sujetas a la legalidad más absoluta y los derechos de los alumnos que cursan allí sus estudios están avalados y garantizados a todos los efectos”, aunque no argumentó en qué se basan esas afirmaciones.
Una 'herencia' de la Complutense
Todo empezó el pasado verano, cuando la URJC decidió hacerse cargo del Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez, un centro privado de titularidad pública creado hace 15 años por el Ayuntamiento de la localidad con el permiso de la Comunidad. En origen el campus se adscribió a la Universidad Complutense (UCM), que acabó renunciando a él por problemas económicos, según El Mundo. La URJC se comprometía por el acuerdo a completar los grados que ofrecía la UCM.
Pero llegó el verano y la URJC decidió ampliar su oferta académica. Pasó de los cinco títulos que ofrecía la UCM y para los que tenía permiso a dar 13 (nueve grados normales y cuatro dobles). Un mes después de que empezaran las clases resultó que no podía impartirlas. La Comunidad de Madrid publicó una autorización el 25 de septiembre en la que aclaraba que se podían impartir sólo cinco grados –los mismos que se daban cuando el centro pertenecía a la Complutense– y que “el incumplimiento podrá dar lugar a la revocación de esta autorización”.
El aviso cayó en saco roto. A día de hoy la URJC sigue con sus 13 grados y aportando decenas de profesores y un millón de euros de sus presupuestos a un centro que se supone privado y sólo tiene la categoría de adscrito, según recuerda también IU. El propio rector, Fernando Suárez, imparte una asignatura en el grado doble Derecho y ADE “en un campus que no existe y de una carrera que no puede existir”, recuerda Taylor. “La alegalidad de la universidad coloca a los estudiantes en una situación de absoluta indefensión”, añaden desde IU.
Ayudas para el rector
El funcionamiento del 'campus' de Aranjuez está tan institucionalizado que incluso se han aprobado ayudas por desplazamiento por valor de 500 euros al mes, ayudas que recibe el propio rector y otros profesores que imparten clase allí. Estos complementos, que han quedado en suspenso mientras se resuelve la situación legal del campus, los reciben también algunos familiares del rector y de las 'sagas familiares' que se han ido colocando por la universidad, según El Confidencial.
La URJC ha asegurado a este diario desconocer si se han concedido ayudas al desplazamiento pero que, de existir, “no tendría nada de excepcional. Anualmente sale una convocatoria de ayudas al transporte a la que puede acogerse el personal funcionario y laboral, se hace en todas las Universidades de la Comunidad de Madrid”. Excepto que éste es el único campus que no tiene permiso para operar. En los propios estatutos de la URJC hay una relación de los campus que tiene la universidad y cita Alcorcón, Móstoles, Madrid y Fuenlabrada. Ni rastro de Aranjuez. La Comunidad de Madrid tampoco ha autorizado cambio alguno en la universidad.
El Ejecutivo regional asegura no tener constancia de que se estén impartiendo más carreras de las permitidas y que enviará al rector de la URJC, Fernando Suárez, un recordatorio de que sólo tiene permiso para dar cinco grados y que “cualquier otra que pueda estar impartiendo en dicho centro no cuenta con autorización”. “La directora general de Universidades e Investigación, Lorena Heras, ha enviado un requerimiento al rector solicitándole información” el 3 de diciembre. Están a la espera de la respuesta.
El consejero de presidencia, Salvador Victoria, afirmó el 4 de diciembre que la Consejería estudiará si hay irregularidades y que se adoptarán “las medidas precisas” si existieran. Según la Ley Orgánica de Universidades, en última instancia se puede “revocar el reconocimiento de los centros o enseñanzas afectados”.
Quizá relacionado con las gestiones que va a realizar la Comunidad, la Universidad ha retirado esta semana las placas con el nombre Universidad Rey Juan Carlos que se exhibían a la entrada de los edificios, según afirman representantes de los estudiantes de Aranjuez. Taylor, presidente del Consejo de Estudiantes, explica que puede tratarse de un intento por dar apariencia de legalidad a las instalaciones ante una eventual inspección de la Consejería de Educación.