La Universidad Rey Juan Carlos ha colocado a un profesor, no catedrático, al frente del Instituto de Derecho Público, el organismo que organizó el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. No ha encontrado –o no ha querido– a un académico de más nivel, pero el elegido, Pablo Acosta Gallo no cumple los requisitos para ser director de instituto universitario: le falta la experiencia investigadora que exigen los estatutos de la Universidad.
“Asume las funciones transitoriamente”, se ha cuidado de informar la URJC tras el Consejo de Gobierno del que ha salido Acosta como sustituto del catedrático Álvarez Conde. Este profesor titular de derecho administrativo tiene reconocido cuatro quinquenios docentes (que acreditan su experiencia como profesor), pero solo un sexenio como investigador, según su ficha de la Universidad. Los estatutos de la institución piden dos sexenios de estas características para poder ejercer como director de instituto de investigación, como el IDP.
Con esta decisión del Rectorado, será la primera vez que una persona distinta al catedrático Enrique Álvarez Conde esté al frente de este instituto. La elección definitiva de este puesto deberá realizarse más adelante. De hecho, el Instituto de Derecho Público tendría que haber escogido director el mes pasado, pero el caso del curso de la política madrileña impidió finalizar el proceso. Solo se había presentado como candidato a la dirección el propio Álvarez Conde quien suspendió el nombramiento el día que debía formalizarse ante el aluvión de noticias que lo involucraban en irregularidades entorno al máster de Cifuentes.
El catedrático fue suspendido por el rector Javier Ramos el pasado 6 de abril. El IDP fue creado en tiempos del exrector Pedro González Trevijano y ha gozado de una gran autonomía. Se constituyó como organismo aparte, con CIF propio, y solo se le exigió rendir cuentas mediante entrega de memorias a pesar de estar incrustado en la Universidad, utilizar sus instalaciones, sus profesores y ser parte de su estructura de investigación. Álvarez Conde y el instituto han actuado con pocos o nulos controles por parte del Rectorado o el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Tras el escándalo del máster de la presidenta, el rector sí ha exigido al IDP que se le remitan todas la cuentas además de revisar los títulos que ha ido concediendo a lo largo de sus más de diez años de actividad.