El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que mantiene su negativa de abrir la basílica para la exhumación de Franco, ha concedido una entrevista en la revista católica Vida Nueva.
En ella, expone su justificación para impedir que el cadáver del dictador salga del Valle: “En estos momentos, la autoridad civil competente es la judicial y no el Gobierno, al no haberse resuelto un acuerdo con la familia y ser una cuestión conflictiva”, dice. En este sentido, la idea de la Iglesia es esperar a que, una vez el Consejo de Ministros decrete la exhumación, se pronuncie el Supremo sobre si se debe paralizar o no, ya que el alto tribunal estudia un recurso de la familia Franco.
Si el Supremo no para la exhumación, el órgano de gobierno de los obispos (la Conferencia Episcopal) es partidario de permitir que entren las autoridades a iniciar la exhumación del cuerpo y llevarlo, previsiblemente, al cementerio de Mingorrubio, en la localidad madrileña de El Pardo. Lo que acabe haciendo el prior, que tiene la potestad para abrir la basílica, inviolable según los acuerdos Iglesia-Estado, es un misterio.
Cantera se siente vilipendiado y humillado por las informaciones que han salido sobre él. Preguntado por su pasado falangista, algo que el propio Gobierno subrayó en una nota, dice: “Ni me arrepiento ni me avergüenzo de mi pasado. Tenía veintitantos años, tenía mi idealismo y era seglar. Tampoco es un delito que uno tenga o haya tenido unas ideas políticas y, menos aún, cuando hoy se pacta con otras ideologías que incluso han sustentado el terrorismo”.
Lamenta también que nadie del Ejecutivo haya hablado con los monjes: “Nos han saltado por completo. Conmigo no han hablado hasta la fecha”.
Además de admitir algunas tensiones con el cardenal Osoro, dispuesto al inicio a facilitar la labor de exhumación tras la aprobación del real decreto (que fue convalidado en el Congreso de los Diputados), opina sobre esta iniciativa llevada a cabo por el Gobierno de Sánchez: “Está claro que han abierto una cuestión que no era necesaria y de la que ahora parece que no saben cómo salir”.
Del propio prior depende, en gran medida, que el decreto salga adelante, pendiente ahora de las alegaciones de la familia y de una decisión del Tribunal Supremo.