“No es violencia, es tortura institucional”, asegura María Salmerón a las puertas del Congreso. Si nada lo impide, la mujer entrará en prisión próximamente tras ser condenada por incumplir el régimen de visitas de su hija con su exmarido que en su día impuso la justicia. El hombre fue condenado a 21 meses de cárcel por un delito de maltrato habitual, pero nunca llegó a entrar en la cárcel por ser la condena menor de dos años y no tener antecedentes. Es ella, por el contrario, la que 21 años después de separarse, tras todo este tiempo inmersa en una batalla judicial que, dice, la ha dejado casi sin fuerzas, afronta su propio ingreso en prisión después de que el Consejo de Ministros haya rechazado la petición de indulto.
La mujer se trasladó este miércoles de Sevilla a Madrid apoyada por el movimiento feminista y con un mensaje claro: pedirle al Gobierno que rectifique y le conceda la medida de gracia porque, asegura, “lo único que he hecho es proteger a mi hija” frente a la violencia vicaria, algo que “no hicieron las instituciones”. El viacrucis que ha atravesado es un complejo proceso marcado por múltiples denuncias que su exmarido ha ido interponiendo contra ella durante dos décadas. El resultado son cuatro condenas por un mismo delito: incumplir las visitas con el progenitor condenado por violencia de género; y una más por impago de pensiones.
El de Salmerón no es un caso aislado y entronca con otros tantos similares de procesos judiciales que se acaban volviendo en contra de las mujeres. En algunos, estas madres son acusadas con el falso Síndrome de Alienación Parental tras denunciar abusos sexuales o violencia hacia sus hijos por parte de los padres y se les acaba quitando la custodia bajo la premisa de que les han manipulado. En otros, son los incumplimientos de las visitas a las que se ven obligados los niños y niñas los que acaban penalizándolas. Es el patrón que siguen la treintena de casos por los que la ONU ha llamado la atención recientemente a España y los 400 documentados por la asociación Madres Protectoras.
“Son culpabilizadas por no doblegar la voluntad de sus hijos y no obligarles a acudir con el agresor. Eso en un contexto en el que cada vez más la legislación está avanzando hacia la protección de los menores en casos de violencia machista”, explica Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, que ha reclamado una “solución” para estas situaciones en las que “se acaba vulnerando el espíritu de todo el marco legislativo contra la violencia de género vigente en España”.
“Actitud dominante y celosa”
Si Salmerón no está en la cárcel a día de hoy es porque ha podido eludirla por una concesión de suspensión de condena y tres indultos otorgados en 2012 y 2016 por el entonces Gobierno del Partido Popular. El último de ellos fue revocado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la mujer ha vuelto al principio con la última sentencia, de 2020, en la que el Juzgado de lo Penal nº 6 de Sevilla le impuso una condena de nueve meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia. ¿Qué ha pasado para llegar hasta aquí?
La mujer se separó de su exmarido en 2001, cuando su hija Miriam tenía apenas unos meses. La justicia le otorgó a ella la custodia y a él un régimen de visitas de dos horas dos días a la semana, fines de semana alternos y vacaciones partidas. En 2003, Salmerón le denunció por violencia machista y obtuvo una orden de protección. Se decide entonces que las visitas se llevarán a cabo en un Punto de Encuentro Familiar (PEF) y el 28 de marzo de 2008 la Audiencia Provincial de Sevilla condena al hombre por un delito de maltrato habitual, un fallo confirmado por el Tribunal Supremo un año más tarde.
Según consta en los hechos probados de la sentencia, la violencia comenzó desde el inicio de la relación, marcada por “la actitud dominante y celosa del procesado” que “acrecentó” tras la boda. Desde entonces “aprovechaba cualquier ocasión para humillarla no sólo en privado sino también en público”. María dejó de relacionarse con sus compañeros de trabajo y amigos y cambió su forma de vestir, reza el fallo, que describe distintas situaciones de violencia, humillaciones e insultos entre 1999 y 2001.
Antes de que la justicia condenara a su exmarido, María Salmerón ya había sido requerida en diversas ocasiones por incumplimiento del régimen de visitas desde 2006, en un momento en el que su hija ya tenía seis años. “Ella no quería ir con él, sabía que era una persona violenta, pero le obligaban y era un sufrimiento constante”, cuenta la mujer, que incluso tuvo que enfrentarse a ver cómo la justicia le otorgaba a su exmarido la custodia durante casi dos años incluso cuando el hombre ya había sido condenado por violencia machista. Posteriormente, a mediados de 2011, Salmerón recuperó la custodia y su hija volvió a vivir con ella.
La negativa de Miriam
“Durante todos estos procesos, la niña cuenta que prácticamente no tenía relación con el padre incluso cuando estaban conviviendo y que cuando se hacían las visitas, ni siquiera iba a recogerla. Consta la negativa de Miriam a relacionarse con él”, explica Ángela Alemany, integrante de Mujeres Juristas Themis y abogada de Salmerón en uno de los procesos. La experta incide en que hoy lo que le está pasando a Salmerón sería improbable a raíz de las recientes reformas legislativas que generalizan la suspensión de visitas a padres investigados por violencia machista.
Miriam, que hoy tiene 21 años, y no tiene relación con su padre, sigue reclamando que la intención de su madre era intentar protegerla. “La única misión de mi padre es destruir a mi madre y con ella me lleva a mí por delante”, le dijo hace unos días a El País. Las condenas llegaron en 2008, 2009 y 2010, a las que se sumó la última de 2020. Pero, tal y como esgrimió su exposición ante el Defensor del Pueblo, también hubo denuncias de su exmarido que no prosperaron. Fue el caso de un proceso que acabó archivando la Audiencia Provincial de Sevilla en 2017, en el que literalmente el sobreseimiento asegura que existía un “rechazo de la niña hacia su padre y una resuelta decisión de no estar con él”, una situación “incompatible con la presencia del dolo necesario por parte de la querellada María Salmerón para que se pueda atribuir a ésta la perpetración de un delito de desobediencia”.
Para Alemany este es uno de los procedimientos clave que demuestra que el embrollo judicial en el que está inmersa la mujer supone “una ceguera” de la justicia “hacia la violencia machista” pero que, además, en este caso ha incurrido en pronunciamientos contradictorios. “Una misma conducta no puede ser delito en una sala y en otra no. Es algo que causa inseguridad jurídica”, señala la abogada.
La condena de 2020 por la que el Gobierno no ha concedido el indulto a Salmerón se produjo por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2014, una fecha en la que Miriam “debía ya, por su edad, haber sido escuchada en sede judicial”, reclama la mujer. Solo un par de años más tarde, en 2016, el juzgado decidió ordenar el cese inmediato de las visitas “atendiendo a la edad de la menor, con notable juicio y grado de madurez”. Así, el auto dispuso que la joven, de entonces 15 años, no debía verse obligada a ello y, “por decirlo en un lenguaje claro”, reza el escrito, “verá al padre cuándo, dónde y como quiera, si quiere”. A día de hoy, Miriam no tiene relación con su progenitor.
Proteger a sus hijos e hijas
El caso de Salmerón llegó a la mesa del Consejo de Ministros el pasado martes 27 de abril, pero el Gobierno rechazó su última petición de indulto –“por imperativo legal”, justificó el Ejecutivo– al “tratarse de una persona reincidente y haber sido informado el indulto negativamente por el tribunal sentenciador” y la Fiscalía. La ley permite conceder la medida de gracia a reincidentes siempre que el tribunal o el Consejo de Estado vean “razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública”, circunstancia que no se ha producido en este caso, afirmaron fuentes del Ministerio de Justicia a EFE.
Salmerón, que ha solicitado al Gobierno el expediente de su indulto “sin éxito”, tampoco ha satisfecho la responsabilidad civil, es decir, el pago de 3.000 euros en concepto de indemnización, que le impuso la última condena, aseguraron también las mismas fuentes. A petición del exmarido de la mujer, el Tribunal Supremo había revocado el tercer indulto, concedido por el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, al considerar que el Ejecutivo no había motivado suficientemente las razones. Con todo, la decisión de denegarle este cuarto indulto divide al Gobierno, ya que el Ministerio de Igualdad sí se ha mostrado favorable y lo considera “necesario”.
Son varias las organizaciones que se han pronunciado en la misma línea y que ven en el caso los ecos de otros tantos. La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha reclamado una aplicación “más flexible” de la ley del indulto y asegura que España “está desoyendo tratados internacionales” que obligan a la aplicación de la perspectiva de género e infancia. “Una vez más, nos encontramos a una mujer que, además de haber sido víctima de la violencia machista, ahora es víctima de la violencia institucional provocada por un sistema legal y judicial que no integra” este enfoque.
Soleto, de la Fundación Mujeres, entiende “la dificultad jurídica y los motivos” que han llevado a la denegación del indulto, pero pide una solución “general y urgente” para su caso y el de otras mujeres “que solo quieren proteger a sus hijos e hijas” pero que se encuentran con que acaban siendo castigadas, lo que les pone entre la espada y la pared. “Si entregas a tu hija al padre mal, si no la entregas, peor”, decía este miércoles Salmerón ante el Congreso.
“Si yo no hubiera hecho lo que hice, no sabemos de qué estaríamos hablando ahora. Quizás mi hija no estaría”, añadía recordando casos como el de Ángela González, cuyo exmarido mató a su hija en una visita tras haber puesto medio centenar de denuncias. La ONU condenó a España por no protegerla y le exigió que tomara medidas para que no volviera repetirse. Cuatro años más tarde, en 2018, las dos hijas de Itziar Prats fueron asesinadas por su padre, un caso por el que el Estado asumió “un fallo global y transversal” por no protegerlas.