Víctimas, familiares y abogados personados en la querella argentina contra los crímenes del franquismo llevan años buscando justicia. Ahora, tras el auto de procesamiento contra el exministro Rodolfo Martín Villa por parte de la justicia argentina conocido el pasado sábado, han manifestado públicamente satisfacción y a la vez han hecho un llamamiento para que “los tres poderes del Estado español dejen de obstaculizar la investigación judicial”.
El letrado Eduardo Fachal, por la parte querellante argentina, destacaba este martes que el auto contra Martín Villa “establece, literalmente, que toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición”.
Tendremos que redoblar el esfuerzo porque sabemos que el Estado español no ha colaborado hasta el momento
“La jueza lo procesa por cuatro homicidios pero deja claro que va a seguir investigando todo el proceso de transición. Nosotros por tanto tenemos que continuar trabajando y tendremos que redoblar el esfuerzo, porque sabemos que el Estado español no ha colaborado hasta el momento. Lo más probable es que las comisiones rogatorias solicitadas por la jueza [Servini] sean rechazadas por la judicatura española”, añadía.
En el mismo sentido se ha expresado el abogado español Jacinto Lara: “Este auto indica que esto es un problema actual de nuestra democracia, que no da respuesta a las demandas de tutela efectiva y que pone al Estado español frente a un espejo”.
Lara ha recordado que “desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU, desde el Consejo de Europa, incluso desde el Parlamento europeo se ha denunciado el modelo de impunidad del Estado español” y ha subrayado que “está en manos de los tres poderes del Estado español revertir este modelo de impunidad incompatible con un Estado de derecho y democrático”.
La Fiscalía General del Estado español tiene una oportunidad más que evidente para modificar la conducta mantenida hasta ahora.
Los letrados de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) consideran que el auto interpela a los juzgados españoles, a la Fiscalía General del Estado y también al Gobierno actual. “La Fiscalía tiene una oportunidad más que evidente para modificar la conducta mantenida hasta ahora e informar para que se cumplan las comisiones rogatorias. El Gobierno español también es interpelado, para que introduzca en su proyecto de Ley de Memoria las enmiendas necesarias para dar respuesta adecuada a la justicia”, indica Jacinto Lara.
En ese sentido, solicitan que “el poder judicial, jueces, magistrados y el propio Tribunal Constitucional dicten resoluciones acordes con las obligaciones internacionales asumidas que permitan y posibiliten en el orden jurisdiccional penal la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas”.
Presentamos más de 80 querellas en juzgados territoriales en España y la respuesta sistemática de esos juzgados ha sido la inadmisión.
Las peticiones de víctimas, familiares y organizaciones
Víctimas, familiares y abogados han hablado en rueda de prensa vía Internet ante medios de comunicación argentinos y españoles. Lucila Aragó, de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano ha recordado que acudieron hace ya una década a la justicia argentina, “sabiendo que nos amparaba la justicia universal y que estamos ante crímenes de lesa humanidad”.
“Hemos continuado acumulando pruebas, no hemos cejado, hemos presentado más de ochenta querellas en juzgados territoriales en España, y la respuesta sistemática de esos juzgados ha sido la inadmisión. Se nos niega sistemáticamente la tutela judicial. Este procesamiento a Martín Villa deja claro que se pueden juzgar estos delitos como crímenes de lesa humanidad”, ha explicado Aragó.
Recibimos este procesamiento con mucha ilusión pero también con cierta cautela dadas las trabas puestas por el Estado español
Tanto ella como otras víctimas han subrayado que la persecución de justicia para estos delitos implica la reivindicación de una sociedad más justa y con mayor calidad democrática.
Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, asesinado por la policía durante los Sanfermines de 1978 en Pamplona, ha destacado que el auto “deja claro que fue un acto organizado, planificado y por tanto premeditado”. “Que hayamos tenido que hacer esto en un juzgado a miles de kilómetros describe el estado de la judicatura española”, ha añadido.
Andoni Txasco, una de las víctimas –tiene solo un 2% de visión tras la paliza que le propinó la policía el 4 de marzo de 1976 en Vitoria, horas después de la masacre que acabó con la vida de cinco obreros y provocó heridas a 150 personas más–, ha dicho que “recibimos este procesamiento con mucha ilusión pero también con cierta cautela dadas las trabas puestas por el Gobierno y el Estado español para que se pueda avanzar en esta querella, trabas expuestas por la propia jueza [Servini]”.
El Estado español sigue sin juzgar ni deja juzgar los crímenes del franquismo
Txasco ha lamentado que el Estado español “sigue sin juzgar ni deja juzgar, da cobijo y amparo a los criminales franquistas que cometieron graves violaciones de derechos humanos”.
Manuel Ruiz, integrante de la asociación La Comuna y hermano de Arturo Ruiz, ha recordado que Arturo fue asesinado de dos tiros por la espalda en Madrid en enero de 1977 “por ultraderechistas que colaboraban con la policía o la Guardia Civil”. Ruiz subraya que, a pesar de que Martín Villa no haya sido procesado por la muerte de su hermano, “la jueza ha dejado abierta la puerta a que se siga investigando, lo que pide son más datos”.
“La complicidad de las bandas de extrema derecha con las fuerzas del Estado eran claras. El asesino de Arturo nunca fue detenido, primero porque no hubo intención fuerte por parte de la policía ni de la judicatura. Como consta en el auto, fue protegido por la Guardia Civil, pudo huir del lugar y el dinero que le enviaban familiares le llegaba a través de un agente que posteriormente tuvo un puesto importante en la Guardia Civil”, ha indicado.
“Aplicación de la Jurisdicción Universal”
Por lo demás, los abogados de la querella argentina subrayan que “desde una perspectiva jurídica el auto de procesamiento es un ejemplo de aplicación efectiva de la Jurisdicción Universal y, en consecuencia, de los principios y normas que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. En este sentido aborda la imposibilidad de aplicar la Ley de Amnistía, o cualquier otra norma de impunidad, a crímenes contra la humanidad, su imprescriptibilidad o cómo debe atenderse a la tipificación internacional de este tipo de crímenes sin tener en cuenta la fecha en la que se incorporaron al ordenamiento jurídico interno de los Estados”.
“Interpelamos al Estado español para que colabore con la causa criminal, para que adopte las medidas necesarias para el reconocimiento de la tutela judicial de estas personas. Nos concierne como sociedad en su conjunto, para que haya un reconocimiento total de los derechos humanos que asisten a estas personas”, han reiterado.
Durante sus intervenciones en la rueda de prensa buena parte de los letrados, víctimas y familiares han querido recordar al abogado Carlos Slepoy y a Chato Galante, ya fallecidos, “que siempre trabajaron por los derechos humanos y cuya labor fue esencial para llegar hasta aquí”.