Merçona tiene un apellido tristemente famoso en España. Su hermano, Salvador Puig Antich, fue ejecutado con garrote vil en 1974, condenado por un tribunal militar por la muerte de un policía en un tiroteo. Ella es pequeña, enérgica, decidida. Y no se cansa de explicar que su objetivo es limpiar la memoria de Salvador y que se señale públicamente a los culpables.
Como muchos de quienes participan en la querella colectiva contra los crímenes franquistas, dice que no busca venganza, sino un ejercicio de memoria colectiva. Para ello y después de años de buscar en vano el amparo de la Justicia española, Merçona y otras 15 víctimas se subirán esta noche a un avión rumbo a Buenos Aires.
Allí declararán frente a la jueza federal María Servini de Cubría, que instruye la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, y que ya ha solicitado la imputación de cuatro exagentes del régimen por un delito de torturas, y la petición de extradición de los dos que aún siguen con vida: el expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el exguardia civil Jesús Muñecas.
Ahora la Audiencia Nacional debe decidir si los envía a Argentina para ser juzgados o no. En caso de que acepte la extradición –algo que no parece muy probable–, el Consejo de Ministros tiene derecho de veto.
De hecho, la opinión entre los que se embarcan en este viaje en busca de Justicia al otro lado del Atlántico es unánime: España no tiene ninguna intención de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, amparándose en una Ley de Amnistía que, según recuerdan los querellantes e incluso fuentes del juzgado argentino, no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Hay otros que van un paso más allá y deslizan que el Gobierno ha buscado fórmulas para retrasar o bloquear la causa.
La delegación que viaja a Buenos Aires, y que incluye también a los abogados que llevan la querella en España, tendrá una apretada agenda en la capital sudamericana. Además de un acto oficial en el Congreso de la Nación Argentina, se reunirán con la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También con el nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y con el coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti.
Acusaciones a ministros
Entre los testimonios que escuchará Servini, hay acusaciones contra exministros como el ya fallecido Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Como el testimonio de Merçona Puig Antich, que se querella contra Utrera Molina por haber firmado la sentencia de muerte de su hermano. O el de Andoni Txasko, que acusa a Martín Villa por el asalto de la Policía Armada a la iglesia de San Francisco en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en el que cinco personas fueron asesinadas por los disparos de los agentes.
“Es la primera vez que vamos a testificar ante la Justicia para denunciar unos hechos que ocurrieron hace 37 años”, relata Andoni Txasko con entusiasmo. “Después de vernos obligados a firmar un sobreseimiento en el que la policía decía que no tenía elementos suficientes para acusar a personas determinadas, sentarme delante de un juez a contar lo ocurrido es el primer atisbo de esperanza que tengo”. Y aunque asegura que sabe que es muy difícil que se condene a los responsables, se conforma con visibilizar aquella matanza y señalar a los culpables.
Andoni lleva consigo las consecuencias de aquella huelga y de la forma en la que fue reprimida “como escarmiento” ante los movimientos sociales que surgían en esa época tras la muerte de Franco. Al día siguiente de que la policía gaseara el interior de la iglesia, donde había una asamblea, y arremetiera a tiros contra los manifestantes, recibió una brutal paliza, simplemente por ir junto a tres amigos por la calle en pleno estado de excepción.
Los agentes se ensañaron con su rostro cuando les rogó que no lo golpearan en la cara porque tenía problemas en un ojo. “Cuando me dejaron no veía nada. No sabía si lo que me corría por la cara eran lágrimas o sangre”.
Tenía 20 años. Desde entoces ha encadenado un calvario de meses en hospitales, tratamientos, la pérdida de un ojo y una capacidad de visión residual de apenas el 2%. Una incapacidad que le ha impedido hacer su vida con normalidad.
Con todo, en Andoni hay espacio también para la comprensión. “No me importaría que los acusados no cumplieran la condena en la cárcel. Si son viejos, que se queden en su casa. Simplemente quiero que reconozcan lo que han hecho”.
Y resume en una frase la idea con la que todo el grupo se embarca en este viaje. “Que España no se escude en la Ley de Amnistía. Ninguna amnistía puede perdonar crímenes contra la humanidad. Y si tiene que ser Argentina quien juzgue a los criminales, que así sea”.