Fue una de las primeras intenciones que anunció el Ministerio de Igualdad al plantear la entonces futura reforma de la ley del aborto. El departamento dirigido por Irene Montero defendió la inclusión de la violencia obstétrica como una forma de violencia sobre las mujeres, pero la norma a la que ha dado el visto bueno esta semana el Consejo de Ministros ha renunciado finalmente al término. Sí se mantienen el grueso de las medidas de los primeros borradores que manejaba el ministerio, pero ni rastro de estas dos palabras que tanta polémica han levantado y que los textos nombraban en su momento hasta en siete ocasiones.
Fue uno de los asuntos que desde el inicio de las negociaciones desató más disensos entre los socios del Gobierno. Finalmente, el capítulo referido en un principio a violencia gineco-obstétrica ha acabado denominándose “protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico”. Fuentes de Igualdad reconocen que no es la redacción que les hubiera gustado que figurara, pero asumen que son “la parte pequeña” de la coalición y que ni el Ministerio de Sanidad ni el de Justicia veían con buenos ojos el término. “El texto está trabajado y consensuado entre los ministerios”, responden desde la cartera de Carolina Darias.
La idea de Igualdad era fundamentalmente trasladar a la ley lo que ya llevan tiempo reconociendo algunos organismos internacionales, que alertan de su impacto. La Organización Mundial de la Salud habla del trato “irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto” como una “violación de los derechos de las mujeres” y en 2019 la ONU calificó la violencia obstétrica de un fenómeno “generalizado y sistemático”. Un año más tarde el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés) condenó a España por un caso ocurrido en 2009 en el que reclamaba a las administraciones una mayor formación para profesionales y datos que permitieran “visibilizar” la situación.
El anuncio de Igualdad no tardó en despertar una oleada de apoyos, pero también una férrea oposición. Los colegios de médicos señalaron en un comunicado que el término les parece “particularmente ofensivo” y que “no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto y criminaliza las actuaciones de los profesionales”. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) también se posicionó contra el concepto, que calificó de “inapropiado, tendencioso e injusto”, aunque sí reconoció que “ha permitido poner de manifiesto las experiencias desagradables de muchas mujeres y posicionarlo en el debate público”, y asumió “que existe un margen de mejora” en el escenario asistencial de “determinadas prácticas obstétricas”.
Cómo ha quedado la ley
A medida que la negociación en el seno del Gobierno fue avanzando, las referencias públicas del Ministerio de Igualdad al asunto dejaron de ser tan contundentes. Preguntada sobre ello hace algo más de un mes, la ministra Irene Montero aseguró que el objetivo de la norma era “impulsar que las buenas prácticas” en las consultas ginecológicas y en la atención al parto “sean las únicas prácticas” y afirmó que reconocer la violencia obstétrica en la legislación “no trata de criminalizar a nadie”, en clara referencia a la oposición de los médicos. “Por no nombrarla, no va a dejar de existir”, añadió como preludio de lo que le esperaba a la ley.
La ley contempla la obligación de llevar a cabo estudios y recogida de datos y poner en marcha un protocolo común para las comunidades en el ámbito gineco-obstétrico
En todo caso, el texto al que ha dado luz verde el Gobierno, que acaba de arrancar el trámite y puede aún modificarse, no ha obviado la realidad que el término pretende nombrar. De hecho, el capítulo dedicado a los derechos en el ámbito gineco-obstétrico insta a las administraciones a promover servicios basados en el consentimiento libre, previo e informado, en los que se tienda a disminuir el intervencionismo, evitando prácticas “innecesarias o inadecuadas”, proporcionar una información “clara y suficiente” a las mujeres y “garantizar” su no separación “innecesaria” con los bebés.
En la práctica, contempla la obligación de llevar a cabo estudios y una recogida de datos periódica a partir de lo que ocurre en los hospitales. La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva contará con un capítulo específico y el Consejo Interterritorial de Salud deberá aprobar un protocolo común contra la violencia obstétrica (“para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico”, reza el texto). Las comunidades tendrán que promover que los hospitales adopten protocolos específicos. “Es un avance histórico” porque “reconoce expresamente la necesidad de establecer políticas públicas” que desarrollen lo que la CEDAW recomendó a España, aseguró la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, quien ha tenido un papel clave en el transcurso de la norma.
El impacto de retirar el término
Que el concepto haya quedado finalmente fuera del texto suscita reacciones de todo tipo. “Por mucho que queramos cerrar los ojos, existe, y no es algo que nos hayamos inventado. De hecho, se van a implantar medidas en este sentido y con el objetivo de que se erradique, pero que no esté el término dificulta adoptar una conciencia social plena de lo que ocurre”, señala Cristina Franco, secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, que incide en que, aún así, el documento evidencia “la intencionalidad de mejorar en todos estos procesos”.
"Hablamos de mujeres a las que no se les solicita el consentimiento expreso y de sistemas muy fijos que las infantilizan a la hora de tomar decisiones"
Para Virginia Murialdo, antropóloga y activista de El Parto es Nuestro, la renuncia es “importante” porque el término “expresa que se trata de un problema sistémico y estructural, como dice la ONU, y no son casos aislados”. Entre los testimonios que recibe la asociación se encuentran “prácticas injustificadas sin consentimiento ni información previa” como episiotomías, la administración excesiva de fármacos o la llamada maniobra de Kristeller, desaconsejada por la OMS. Pero también actitudes y comentarios “humillantes” o “actuaciones que no respetan la intimidad de las mujeres”, explica.
“El término se ha centrado mucho en tipos de prácticas concretas, pero de fondo late una realidad que va mucho más allá y tiene que ver con que la vivencia no está bien cuidada. Hablamos de mujeres a las que no se les solicita el consentimiento expreso para determinadas actuaciones y de sistemas muy fijos que no les permiten llevar el proceso como desearían o las infantilizan a la hora de tomar decisiones. Todo ello provoca que se sientan violentadas durante su proceso obstétrico”, resume Franco.
La ginecóloga Isabel Serrano considera que sí es una buena noticia que el concepto haya finalmente desaparecido porque considera que hablar de violencia obstétrica y, sobre todo, generalizarla “puede provocar más problemas de los que queremos evitar, como desconfianza hacia los profesionales sanitarios”. La experta pone el foco en que el sector ha hecho un “gran esfuerzo” en los últimos años que “se ha traducido en avances” palpables.
"La carga asistencial del día a día, en muchas ocasiones no permite que las explicaciones sean todo lo extensas que quisiéramos"
Coincide con ella Beatriz Juliá, ginecóloga del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, que celebra la reforma de la ley del aborto, pero diverge con Igualdad en este punto: “La violencia lleva implícita una intencionalidad de hacer daño”, lamenta. La experta hace referencia a lo delicado del ámbito ginecológico, donde “se exigen resultados excelentes” y los profesionales “no pueden tener que actuar en situaciones incluso urgentes temerosos de ser acusados de violencia obstétrica por prácticas como realizar una episiotomía”, afirma.
Juliá apunta, además, a “la carga asistencial del día a día” que en muchas ocasiones “no nos permite que las explicaciones sean todo lo extensas que quisiéramos”. Por su parte, Serrano reconoce, aún así, que a veces a las mujeres “se les atiende inadecuadamente” y “hay que trabajar para que no suceda”, pero considera que “no es la mayoría” y lo circunscribe a casos de mala praxis, pero no a violencia obstétrica.
No son dos realidades equivalentes para la ginecóloga Miriam Al Adib, autora de varios libros, entre ellos Hablemos de nosotras. “Hay casos en los que se produce un error médico y hay partos que pueden ser traumáticos por ser complicados, pero en otros es que se ha dado un trato deshumanizado en el que las mujeres son sujeto pasivo”, sostiene la experta, que reclama autocrítica y considera que el término “no quiere hacer referencia a que los profesionales seamos unos violentos”, sino a que “social y médicamente existe todavía este paradigma que debemos mejorar”.
De hecho, considera que el avance de los últimos años se ha producido precisamente gracias al reconocimiento de lo que falla. “Hace dos décadas se hacían cosas que serían impensables. Las separaciones innecesarias de madres y bebés, por ejemplo, eran sistemáticas después de una cesárea y la mujer podía estar perfectamente hasta el día siguiente sin verle. Y así con todo. Si hemos dado pasos muy positivos es porque hemos sido capaces de señalar e identificar determinadas prácticas que se consideraban lo normal”, añade Al Adib.