La violencia contra la población LGTBI aumenta 29,6 % en Colombia entre enero y octubre

Bogotá, 20 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia atendió entre enero y octubre de este año 258 casos de violencias por prejuicio contra mujeres y hombres trans y personas no binarias, un aumento del 29,6 % con respecto a 2023 cuando atendió 199.

Los departamentos de Norte de Santander, Santander, Meta, Valle del Cauca y Antioquia son los lugares donde ha habido más casos y, de acuerdo con la Fiscalía colombiana, en lo transcurrido de este año han sido asesinadas 26 personas trans, es decir, dos por mes.

“Entre enero y octubre de este año, la entidad atendió cerca de 260 casos de violencias por prejuicio contra mujeres y hombres trans y personas no binarias. No obstante, le llama poderosamente la atención el hecho de que, según datos oficiales, han sido asesinadas 26 personas de esta población en lo que va del año”, aseguró la Defensoría en un comunicado, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans.

La Defensoría llamó al Estado “a brindarle protección” a la población trans, al tiempo que urgió al Gobierno nacional a resolver los problemas jurídicos de permanencia del Ministerio de la Igualdad y Equidad, así como materializar de manera urgente la expedición y actualización de la Política Pública Nacional LGBTI, ordenada desde 2011.

Igualmente, pidió que disponga los recursos económicos y técnicos necesarios para la adecuación institucional y expedición del CONPES-LGBTIQ+, así como su Plan de Acción y de Seguimiento.

La entidad, adicionalmente, pide poner en funcionamiento el 'Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación a Población LGBTIQ+', pues contribuirá a blindar la política pública de posibles gobiernos menos garantes de sus derechos.

“No es posible que entre los hechos que más vulneran los derechos de la población trans esté la violencia institucional”, aseguró la Defensoría que dijo que atendido 78 casos de barreras de acceso en servicios de salud.

La entidad reconoció los avances constitucionales, legales y políticos para avanzar en la protección de los derechos de personas LGTBI, pero nota que “aún persisten barreras importantes que ponen en grave peligro la vida y los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el territorio nacional”.