La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados dedica un puñado de artículos a las faltas y sanciones que se podrán aplicar a los manifestantes y acciones de protesta contra decisiones y medidas del Gobierno. Los grupos que se baten habitualmente en esos frentes –de la vivienda, el medio ambiente o el trabajo– temen que la poda del derecho de manifestación acalle la contestación ciudadana contra la acción política.
Uno de los colectivos que se ha distinguido por sus acciones de protesta –especialmente alimentadas durante la crisis– ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su férrea oposición a la batería de desahucios que ha conllevado la depresión económica se tradujo en sentadas en bancos que ejecutaban hipotecas u oficinas públicas de vivienda.
Carlos Macías, de la PAH en Barcelona, avisa de que su grupo “ha ido ya por delante de la misma ley mordaza”. “Nos hemos adaptado para evitar infracciones”, asegura. Se refiere a que, a partir de que el Gobierno presentó el anteproyecto de ley, la plataforma ha modificado sus protestas: “Ahora en lugar de ocupar oficinas las bloqueamos”, explica. “Le hemos dado la vuelta al texto y esquivamos las acciones que traen aparejadas sanciones”, cuenta Macías. Con todo, subraya: “No vamos a quedarnos en casa cuando hay necesidad de protestar”. De hecho, “seguiremos adelante con la desobediencia civil que paraliza los desahucios. Son ilegales y continuaremos evitándolos”.
La ley “afecta a la población en general en cuanto a sus derechos”, analiza María Serrano, portavoz de Política Interior en Amnistía Internacional (AI). Serrano detalla que el nuevo marco legal “ofrece menos garantías y más sanciones”. AI incide en que se ha allanado el camino para que los ciudadanos que protesten sean multados: “Se favorece la vía administrativa y se le otorga la presunción de veracidad a la policía a la hora de sancionar. Si se quiere recurrir, hay que ir a la vía judicial y pagar las tasas”.
Serrano se muestra preocupada por varios aspectos que, a su juicio, se ven exacerbados por la Ley de Seguridad Ciudadana. “La sanción de difundir imágenes de las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones, por ejemplo, que ha sido un elemento clave para denunciar abusos policiales”. Y todavía más: “Todo el asunto de la falta de consideración con los agentes, ¿cómo se va a medir?”, se pregunta. En su opinión, “todo el derecho de manifestación se ve menguado. Ahora se podrá multar a personas que intervengan en una manifestación espontánea por no estar comunicada aunque no sea violenta”.
Convertir el conflicto laboral en conflicto de orden público
Amnistía Internacional pone el acento, por último, en la criminalización de ciertos colectivos debilitados. Su portavoz recuerda que la ley permitirá sancionar a “víctimas de trata” si “insisten en ofrecer servicios de prostitución en zonas como parques. Ellas no pueden escoger ni decidir dónde ejercer”, avisa Serrano.
Y si un grupo ha visto cómo el articulado de la ley mostraba síntomas de “haber pensado en nosotros”, es el del activismo ecologista. Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, analiza que, más allá de que “se convierta a los manifestantes en un riesgo para la seguridad”, el Ejecutivo ha incluido acciones propias de su asociación. “El escalamiento de edificios se mantiene como infracción aunque haya pasado de falta grave a leve en la revisión del texto”.
Otro punto que se les ajusta como un guante es el de “las manifestaciones en infraestructuras críticas como centrales nucleares, puertos o aeropuertos”, señala el portavoz de la ONG. Esas acciones pueden ir desde “graves a muy graves”. En estos días se está juzgando a 16 activistas de Greenpeace y un fotógrafo por una de estas protestas en la central nuclear de Cofrentes (Valencia). “Desplegar pancartas, ocupar espacios es nuestra manera de defender el medio ambiente”. Es un ataque “al derecho de expresión y manifestación”, remata Soto.
Incluso el movimiento sindical se siente incómodo. Inmerso en su campaña contra las acciones legales que afectan a huelguistas (“la huelga no es delito”), la ley mordaza es vista como una “mordaza al movimiento sindical”, según la perspectiva de la secretaria confederal de Movimientos Sociales de CCOO, Empar Pablo Martínez. “Convertirá el conflicto laboral en un conflicto de orden público”.