La alegría en las asociaciones de mujeres es contagiosa. Se felicitan, se abrazan, no se dan por vencidas. Hay motivos para pensar que lo que ocurre en la calle también empuja en los despachos, pero ese estado de ánimo no les impide separar los pies de la realidad. La intención del Gobierno de modificar los puntos de la legislación actual relacionados con el derecho a interrumpir el embarazo de las chicas de 16 y 17 años las mantiene en alerta, del mismo modo que el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la actual norma de plazos.
Por eso, el próximo domingo vuelven a salir a la calle. Lo hacen en una concentración convocada por Movimientos Feministas antes de conocer la retirada del proyecto y que coincide con el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. En Madrid la movilización transitará por el ya conocido como “recorrido feminista”: desde la glorieta de San Bernardo, de donde parte a las 12.00, hasta la Plaza de España, pasando frente al Ministerio de Justicia.
“Será una celebración, una fiesta de las mujeres y también de los hombres, de toda una sociedad que no estaba dispuesta a consentir un retroceso de este calado”, dice Empar Pineda, portavoz de la Clínica Isadora. “Pero también –añade– un modo de recordar que seguimos en guardia, que continúa habiendo motivos para la movilización”.
Para Pineda, la cuestión de las menores resulta “una última amenaza del Gobierno, una pataleta final para dejar constancia de que algo han cambiado”. Porque, recuerda, “de acuerdo con la norma actual, las chicas de 16 y 17 años tienen, en todo caso salvo excepciones muy contadas, que informar a sus padres o tutores de la decisión de interrumpir su embarazo”.
El consentimiento es un paso más en ese proceso que, según Francisca García, presidenta de ACAI, “no se sostiene desde muchos puntos de vista”. “En primer lugar, las menores que interrumpen sus embarazos vienen con sus padres en una inmensa mayoría. Solo el 13% acuden sin su consentimiento y suelen pertenecer a familias desestructuradas o que tienen grandes diferencias ideológicas con sus padres”, explica. “Abortar no es patrimonio de las mujeres mayores de edad. Si se concibe así –alerta– corremos el riesgo de que las menores recurran a métodos clandestinos”.
El otro escollo, el recurso en el TC, despierta recelos fundados entre las asociaciones. “Hasta que no se retire, no habremos logrado enterrar definitivamente esta intención de contrarreforma”, advierte García. En la misma línea se expresa Pineda, que desliza la posibilidad latente mientras continúe en curso el proceso en el Constitucional de que “haya sorpresas inesperadas” y “teniendo en cuenta de qué pie cojean los jueces, se resuelva el recurso en una determinada dirección”.
Con todo, la salida del artífice de la reforma de la ley –al menos de cara a la galería– supone todo un alivio y un motivo de celebración. “No le quedaba otro remedio. Él se hizo valedor y líder de esta cruzada, pero no podemos olvidar que este proyecto era una apuesta de todo el Gobierno”, señala Pineda. La promesa electoral que se convirtió en leit motiv de su trabajo como ministro de Justicia ha sido también, como un arma de doble filo, la que le ha expulsado de la política por la puerta de atrás. O así al menos lo ve Francisca García que subraya, a pesar de todo, “su comportamiento consecuente”.
Ahora las asociaciones de mujeres, en particular, y buena parte de la sociedad, en general, esperan con las fuerzas renovadas el siguiente paso del Gobierno. De momento y hasta nueva orden, volverán el domingo y de forma simultánea en varias ciudades de España a la trinchera de la calle para gritar que se puede. Porque, como dice Pineda, “si no es ahora, ¿cuándo?”.