Dos pájaros de un tiro. Tras meses de bloqueo y con la amenaza de una sanción de la Unión Europea encima de la mesa, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural tendrá que decidir este jueves sobre la prohibición de cazar lobos y tórtolas en España para proteger estas especies. Sin dar opción a seguir dilatando un veredicto, el Gobierno somete a la votación de las comunidades autónomas ambas decisiones, aunque la competencia final es del Ejecutivo.
La opción de incrementar el nivel de protección del lobo ibérico y la tórtola europea lleva mucho tiempo dando vueltas. Las dos cuentan con el respaldo de sendos dictámenes científicos: los expertos recomendaron en febrero de 2020 incluir todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial. Y ya en 2016, pidieron que la tórtola europea fuera declarada “especie vulnerable”. Esto implica que no puedan cazarse de manera general. Estos informes han sido ahora asumidos por el Ministerio de Transición Ecológica.
La Comisión está formada por representantes de las comunidades y ciudades autónomas además del Gobierno central. Creada en 2008 por mandato de la ley de Biodiversidad, tiene, justamente, entre sus funciones, “proponer la inclusión, cambio de categoría o exclusión” de especies en los listados de protección. Es un órgano consultivo, pero los dictámenes que emanan de este foro aportan el respaldo de las administraciones que luego tienen que implementar las medidas concretas adoptadas por el Gobierno en materia de protección del medio ambiente, caza o gestión de espacios naturales que son competencia autonómica. Es decir, reforzar (o no) el estatus de estas especies recae finalmente en el Ejecutivo, pero las comunidades autónomas tienen voz en la Comisión Estatal y, más adelante, son las que ostentan las competencias para hacer cumplir las disposiciones en sus territorio.
Expiró el plazo para convencer a Europa
La cuestión es que, ante la falta de perspectiva de llegar a una decisión definitiva sobre el estatus de estas dos especies, el Ejecutivo pedirá el voto de cada autonomía sobre el lobo y sobre la tórtola. Basta con mayoría simple. Nadie recuerda que se hubiera tenido que recurrir al voto anteriormente en este foro. Pero el tiempo apremia.
En el caso de la tórtola, la Comisión Europea remitió a España en diciembre pasado un dictamen motivado sobre la falta de protección adecuada que se proporciona a la Streptopelia turtur. Es el paso previo para llevar a un Estado ante el Tribunal de Justicia donde se dirimen posibles sanciones (normalmente económicas) contra los países. España tenía dos meses para responder a este dictamen y presentar las acciones que puedan detener el expediente sancionador. El plazo ha expirado este 3 de febrero, aunque es cierto que, en este tipo de procesos, la Comisión no aplica lo límites de manera estricta.
En Transición Ecológica entienden que considerar esta ave como vulnerable y detener su caza es un paso necesario para revertir la cuesta abajo en la que están sumidas sus poblaciones. “Más adelante se puede revisar ese estatus”, explican. La organización SEO-Birdlife lleva tiempo solicitando un plan que incluya la mejora de los hábitats de la tórtola, perjudicados por la agricultura intensiva, pero también una “moratoria” de la caza, es decir, un parón temporal para permitir a la especie remontar el vuelo sin el lastre de los plomos de las escopetas.
Para Canis lupus, el informe científico que recomienda ampliar su protección legal se incluyó en el borrador de nueva Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España que revisaron las comunidades en noviembre del año pasado. La actual estrategia está caducada desde 2015 cuando expiró el plazo legal de vigencia de 10 años.
Este borrador incorpora el criterio del comité de expertos que concluyó que todas las poblaciones de lobo, tanto al norte como al sur del río Duero, deben tener el mismo estatus legal.
El lobo, con “protección especial”
Actualmente, las manadas del norte pueden ser declaradas especie cinegética por las comunidades autónomas y, por lo tanto, ser cazables a lo largo de la temporada. Sin embargo, la gestión cinegética del lobo que realizan las comunidades ha recibido varios reveses judiciales en los últimos meses. En enero de 2020, el Tribunal Superior de Justicia anuló el programa de caza de lobos de Castilla y León entre 2016 y 2019 “por falta de información suficiente, objetiva, científica y actual”. Obligó a la Junta a pagar más de 800.000 euros por la caza de 91 ejemplares. En noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo sentenció que los controles poblaciones llevados a cabo bajo autorización del Gobierno de Cantabria se hicieron al margen de la normativa.
En realidad, el dictamen científico sobre el lobo rechazó declarar la especie “vulnerable”, como pedía la Asociación para el Estudio y la Conservación del Lobo Ibérico (Ascel) cuya solicitud inició este expediente, pero sí recomendó que disfrutara de “protección especial”, como también solicitó Ascel, en todo el territorio. Sin distinguir entre norte y sur.
Sin embargo, gobiernos autonómicos como los de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han rechazado esta posibilidad. Las cuatro ya remitieron una carta conjunta a la vicepresidenta Teresa Ribera para apuntar que una protección adicional les complicaría la vida. Argumentan que la especie está asentada en su territorio y que son los que sufren peores consecuencias en el sector ganadero.
Así, la estrategia, que aborda también la gestión, los conflictos con la producción ganadera o las indemnizaciones por daños a la cabaña se ha quedado encallada. Este es el tipo de dilación en la Comisión Estatal que trata de diluir la votación de este jueves.
Los cazadores, por su parte, ven peligrar algunos de sus trofeos y protestan. Consideran que incorporar al lobo y la tórtola en estos listados protegidos (como recomiendan los dictámenes científicos) responde a un “ecologismo radical” y lo califican de “sectario”. Incluso amenazan con llevar a los tribunales decisiones que impidan cazar estas especies. En la Real Federación Española de Caza esgrimen que manejan evidencias que avalan la caza sostenible de ambas especies y mencionan “informes de diferentes entidades como Fundación Artemisan”. Esta fundación tiene como benefactores a la Oficina Nacional de Caza, la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza), la Asociación de Rehalas Regionales de Caza (Arrecal), la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética (Aproca), la Asociación Española de Rehalas o la Real Federación Española de Caza además de otras federaciones autonómicas.