Cuando llegaba cada jornada electoral, Pablo se enfadaba. Veía cómo sus hermanos acudían a votar “y que yo me quedaba apartado en un rincón. No me sentía bien, decía: yo quiero ser también ciudadano”. Los comicios generales del 28 de abril ya no los aguarda “cabreado” sino “emocionado y nervioso”. A sus 46 años, serán los primeros en los que participe gracias a la reforma de Ley Electoral (LOREG) aprobada en el Congreso en octubre, que convierte a España en el octavo país de la Unión Europea que reconoce el derecho al sufragio de las personas con discapacidad intelectual.
Pablo es una de las 100.000 beneficiarias de esa modificación. Nunca había podido votar porque hace años un juez le había incapacitado por no haber superado un examen que incluía contenidos sobre el sistema electoral, las administraciones o los partidos. Algo que en 2017 Mariano Casado, presidente de la Federación Plena Inclusión Madrid, calificaba de “grieta insalvable en la igualdad”. Las personas con discapacidad intelectual eran los únicos ciudadanos que debían someterse a una prueba similar.
Ahora, según el mismo Casado, “esto les hace sentirse ciudadanos de primera”. Pablo, como parte de Plena Inclusión Madrid, ha participado en actividades como el Diputado por un día de la Asamblea de Madrid, y este febrero en un simulacro electoral: “Me equivoqué al principio con las papeletas, entre la blanca y la rosa. Pero para eso era, para aprender. Me sentí bien haciéndolo”. “Al simulacro vinieron unas 300 personas. Se hizo evidente el interés e ilusión”, explica Casado. “Las dificultades que surgieron fueron dudas sobre en qué mesa se está, o cómo se rellena la del Senado. Nada que no pregunte cualquier persona cuando vota por primera vez”.
Ese día, Jesús, compañero de asociación de Pablo, era vocal en una mesa.“Tenía que decirle el nombre y apellidos a la presidenta e ir tachando según dejaban la papeleta. Me resultó complicado al principio porque no había estado nunca en una mesa electoral, pero me ayudaron y estuvo muy bien”, cuenta sobre la experiencia. Jesús tiene 45 años y el 28A no serán sus primeros comicios. No recuerda el año exacto de la última vez que votó pero sí que “se presentaba Felipe González”. Luego su familia pasó a tutorizarle y, como a Pablo, los tribunales le incapacitaron.
“Son personas muy exigentes con sus derechos”
Pablo y Jesús tienen ya casi del todo claro su voto. Pablo ha asistido incluso a mítines de distintas formaciones para informarse, “me gusta acercarme cuando son al aire libre”. Jesús dice que ya lo tiene decidido desde hace meses, que sobre política debate con su madre y que, aunque no eligen al mismo partido, evitan discutir. Los dos siguen la actualidad por prensa y televisión y les interesa lo que digan los partidos en sus propuestas sobre inclusión y ayudas a la discapacidad y dependencia. Por ejemplo, pedirían al siguiente inquilino de la Moncloa más ayudas a la vivienda.
“La mayoría de las personas que atendemos están interesadas en las políticas más específicas sobre discapacidad, pero es que eso está afectado de manera transversal. Toca la educación, la sanidad, el empleo…”, añade Mariano Casado. “Hay de todo, como en todos los ambientes, pero en líneas generales, las personas con discapacidad tienen mucho criterio político. Son muy reivindicativas y exigentes con que se cumplan sus derechos, precisamente porque lo han tenido complicado para ejercerlos”.
Casado tiene una hija con Síndrome de Down que también “sigue la política con interés” y de la que él no sabe “a ciencia cierta” a quién va a votar. La pone de ejemplo cuando se le pregunta sobre la supuesta influencia o manipulación del entorno que achacaban tradicionalmente algunas voces reacias a este derecho: “Ella sabe que su voto es secreto, que es su libertad, y así la mayoría de la gente. Puede haber algún caso, pero exactamente igual que también ocurre en algunas casas sin familiares con discapacidad”.
El siguiente reto: representación parlamentaria
El día de las elecciones, el acompañamiento dependerá de las necesidades que tenga cada persona, pero en Plena Inclusión ya están preparándose: “Requiere su tiempo, su trabajo, su asimilación”. José, trabajador que asiste a Pablo y a Jesús y que les acompaña durante la entrevista, describe estos días como “un poco marabunta”.
Sobre el proceso, que no es nuevo ya que lo habían hecho muchas veces antes porque hay personas que no estaban incapacitadas y ya podían participar en sufragios, José relata que “lo más complicado es intentar mantener la neutralidad total al informarles, es importante lidiar con que no haya ninguna sospecha. Nosotros ayudamos a que se informen: les facilitamos programas electorales, les animamos a ver las noticias, les respondemos cualquier duda”.
En esa labor informativa los partidos tienen un papel clave. Por ejemplo, incluir sistemas accesibles de lectura fácil en sus webs y programas, que Jesús y Pablo afirman echar en falta. Desde Plena Inclusión tienen “la esperanza de que, dado que en estas pueden votar, harán un esfuerzo. Ya van muchos a foros de inclusión y espero que haya más”.
Casado nombra el siguiente reto social: que haya diputados con discapacidad intelectual. “Ya ha pasado a nivel local, pero casos muy puntuales. Tendrá que darse pronto seguro. Cuando han ido a la Asamblea algunos ya han demostrado que sabrían defender muy bien sus derechos”. Antes de que ese día llegue, el 28 de abril 100.000 personas se encontrarán frente a las urnas como ciudadanas de pleno derecho.