Como viene siendo habitual con las últimas medidas que propone el Ministerio de Educación, los afectados por los cambios han pedido más tiempo al ministro, José Ignacio Wert, para estudiar y adaptarse a las reformas. “El tema es importante, tiene una fuerte repercusión en la organización de los estudios. Dediquémosle más tiempo”, explicó el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Manuel López, que ha recordado que pueden afectar a 1,5 millones de universitarios. Educación se lo ha concedido, aunque quizá no tanto como les hubiera gustado.
El ministro ha debatido este miércoles con las universidades su primera incursión normativa en la educación superior. Son cuatro borradores de decreto, tres de ellos de calado, sobre la organización de los grados, la contratación de maestros y la creación de nuevos centros.
El que más controversia ha generado es el Real Decreto por el que Educación quiere cambiar –o al menos abre la puerta– la organización de los grados. Cuando España adoptó el espacio educativo superior europeo, conocido como el Plan Bolonia –con el Gobierno del PSOE– se optó porque las Universidades diseñaran sus títulos con la fórmula del 4+1. Esto es, cuatro años de grado (240 créditos) más un quinto para el Máster (60 créditos, opcional en algunos grados pero obligatorio en otros para ejercer la profesión).
Sin embargo, Educación aduce ahora que esta fórmula es minoritaria en Europa y sólo la comparten Chipre, Turquía y Eslovenia. El resto de países opera con el sistema 3+2 (tres años de grado y dos de Máster). Estas diferencias plantean ciertos problemas “para la internacionalización de las universidades”, según explicó ayer Wert. Y propone en su borrador de Real Decreto dar vía libre a las universidades para que decida, cada una libremente e incluso grado por grado, si se mantienen con la fórmula 4+1 o pasan a la de 3+2.
La CRUE ha afirmado tras la reunión que “está bien tratar el tema. No es un no, pero tomémoslo con calma”, según su presidente. Las Universidades consideran que es una reforma “de calado” y que “hay que evaluar las consecuencias, y de momento no hay elementos para ello”. La CRUE elaboró un informe con una serie de “dudas” y espera respuesta a estas cuestiones para emitir un veredicto o proponer alternativas. Su máxima intención, aseguraron, es no generar “confusión” en estudiantes y familias. Los rectores alegan que ni siquiera ha dado tiempo a que termine el primer ciclo (4+1 años) del plan Bolonia y los grados no han sido evaluados.
El ministro, tras la reunión, ha valorado los tres puntos fundamentales, a su entender, de este decreto: su carácter voluntario (cada universidad podrá elegir si se acoge al cambio o no), gradual y, por encima de todo, que cada centro decidirá libremente. Pese a ello, reaccionó positivamente a la petición de los rectores y les concede hasta el 16 de septiembre para realizar sus aportaciones al borrador.
El presidente de la CRUE no lo ha dicho abiertamente, pero ha insinuado que es poco tiempo para todas sus necesidades de conocimiento y valoró que “la intención” de Educación parece “seguir adelante con el decreto”, aunque insistió en que esto era “una impresión”. En cualquier caso el propio decreto establece que el cambio no podrá tener lugar antes de septiembre de 2015, con lo que este cambio no se aplicará en ningún caso el próximo curso.
Nuevas acreditaciones para profesores
Los otros dos decretos fueron menos debatidos. El segundo cambia las normas del sistema de acreditación universitaria por el que los docentes pueden obtener una plaza fija como titulares o catedráticos. Básicamente el sistema modifica la forma de contabilizar los méritos de cada docente y cómo se evalúan, y redistribuye el peso de cada área. La experiencia profesional fuera de los campus -en empresas privadas- pasará a tener un gran valor, tanto o más que los méritos educativos. Además, dónde actualmente se dan puntos por hechos (x puntos por publicar en una determinada revista, por ejemplo), pasará a medirse con letras, desde la A (excepcional) hasta la E (muy bajo).
Estos es, grosso modo, el cambio. Las valoraciones de un mismo aspecto, sin embargo, resultan completamente enfrentadas. Para Wert el objetivo de la reforma es dotarse de un sistema “transparente, eficaz, objetivo y que introduce unos criterios internacionales para la acreditación”. El secretario de Universidad de CC OO, Julio Serrano, ve todo lo contrario. Se muestra muy crítico con la reforma, que según afirma sustituye criterios objetivos, mesurables, por otros cualitativos y por tanto de más difícil medida. “Va en la dirección contraria a la que el propio estatuto básico del empleo público señala a la hora de hablar de la evaluación. Lejos de avanzar en la objetividad, transparencia y seguridad jurídica va a un sistema más discrecional, menos objetivo y transparente que al final supondrá el endurecimiento de los criterios de acreditación del profesorado porque va a un sistema cualitativo y por tanto menos objetivo”, explica.
Además destaca la perversión que supone valorar por igual los méritos investigadores que los docentes. “Para ser catedrático necesitas una B (de bueno, la segunda mejor nota en la escala A-E) en docencia y otra en investigación. Pero hay otras posibilidades. Puedes tener una A en investigación y una E en docencia, también te acredita. ¿Cómo se puede acreditar a alguien para ser catedrático con una nota muy baja en la docencia?”, se pregunta. “Por no mencionar que a ver cómo se califica la aportación de una persona a una empresa”, añade.
La tercera pata de esta reforma es la modificación del decreto que regula la creación de nuevas universidades. En aras de la “especialización”, Educación propone eliminar el requisito que establece la actual normativa por el que cada nueve universidades debe ofrecer ocho tipos de estudios diferentes, incluyendo uno de ciencias experimentales. “Las universidades son muy generalistas”, ha lamentado Wert. Serrano opina por el contrario que “la sensación es que se rebajan los requisitos con el objetivo de facilitar la creación de universidades privadas”. Y añade: “Que son las únicas que se crean desde 1997. En estos 17 años hemos pasado de 13 privadas a 32, mientras las públicas se mantienen estables en 50”.