“Ni de broma. No me planteo tener otro hijo”, es la respuesta de Soledad -nombre ficticio-, soldado raso de las Fuerzas Armadas en activo, al ser preguntada sobre si volvería a quedarse embarazada. Ella está encantada con su retoño, lo que le ha complicado la vida es la falta de apoyo que ha encontrado entre sus altos mandos para conciliar la vida familiar y laboral. “Si mi hijo se pone malo y necesito ir al médico o quedarme con él, me obligan a cogerme días de asuntos propios y de vacaciones”.
Envidia el entorno laboral de su marido. Él no tiene problemas para conciliar, explica que en cuanto llama a su jefe contando que se tiene que quedar a cargo de su hijo no le pone ningún problema: “No necesita dar más explicaciones y, por supuesto, no le descuentan días”. Soledad se alegraría por la comprensión de la que goza su pareja en su puesto de trabajo, si no fuese porque él y ella trabajan para la misma empresa: las Fuerzas Armadas. “Ya no sabes si las actitudes diferentes se deben al género o a los jefes. Pero lo que sí es cierto es que mis compañeros hombres gozan de unas libertades que a mí no me conceden”, añade.
Una de las líneas de actuación prioritarias del Ministerio de Defensa consiste en “optimizar el entorno social en el que el militar desarrolla su profesión, fomentando la conciliación de la vida profesional”. Desde 2013 el departamento dirigido por Pedro Morenés ha manifestado esta intención en los proyectos de los Presupuestos Generales del Estado, pero nunca ha detallado qué partida económica va a destinar a tal fin. eldiario.es se ha puesto en contacto con Defensa para solicitar esa información, sin haber recibido respuesta por el momento.
Las asociaciones de militares no tienen constancia de que se invierta en políticas públicas que fomenten la conciliación familiar y laboral. Al contrario, denuncian que la situación ha empeorado después de que el Ministerio aprobase en febrero de este año la orden DEF/253/2015 que obliga a los militares que tienen hijos mayores de cuatro años a realizar guardias, y no pueden negarse a participar en maniobras que duren menos de 36 horas. En caso de que los vástagos tengan entre 8 y 11 años, deben acudir a las actividades planteadas por su mando si éstas no superan los seis días.
Hasta que entró en vigor esta normativa los padres se podían librar de las guardias hasta que sus hijos fuesen mayores de 12 años “siempre y cuando las necesidades del servicio no lo impidiesen”, según la orden 121/2006 que regulaba las reducciones de jornada.
Conciliación conseguida mediante sentencia
Este cambio de normativa afecta a militares como Soledad. Por ahora, no le han llamado para hacer guardias. Pero teme que en cuanto su hijo cumpla cuatro años tenga que realizar obligatoriamente estos servicios: “Mi hijo se va a quedar desvalido porque no sé dónde voy a encontrar una guardería 24 horas”. Que en el futuro esta soldado tenga que acudir a la base militar fuera del horario establecido por su jornada solo dependerá de su jefe. Así funcionaba también antes en la práctica pero ahora los superiores cuentan con una normativa que les ampara a la hora de solicitar las guardias.
Las asociaciones militares han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones que esta decisión es “totalmente arbitraria, ya que depende solo de la opinión del superior”. La Unión de Militares de Tropa considera que Defensa está obligando a los militares a cometer un delito “por tener que dejar a sus hijos abandonados”. La Organización de Apoyo a la Tropa va más allá y anima a los afectados a denunciar estos casos ante la Fiscalía de Menores. Algunas militares decidieron iniciar un proceso administrativo después de que sus superiores les denegasen la posibilidad de conciliar. El primer triunfo llegó en marzo del 2014. Un juez desestimaba que una madre tuviese que participar durante 10 días en unos entrenamientos físicos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) argumentó que las “necesidades del servicio”, a las que el mando había hecho alusión para que acudiese a unas maniobras, “no tienen que ver con los motivos esgrimidos en la resolución que se refieren al mantenimiento de la capacitación de la soldado; máxime cuando se incumple la normativa al no procurar la sustitución por otros medios, y más aun cuando nada se prueba de que se hubiera acudido al último extremo posible”. En esa Comunidad Autónoma ya se han emitido dos sentencias más a favor de las militares.
El 8% de los oficiales del Ejército son mujeres
En los últimos tres proyectos de Presupuestos Generales del Estado, Defensa ha elaborado un listado de medidas con las que persigue que se alcance la conciliación laboral y personal en el Ejército. En teoría, apuestan por “la representación de la mujer militar en los órganos de evaluación para la selección, ascenso y asignación de destino”. Así aumentaría el número de féminas que decidan sobre la concesión de reducciones de jornada.
Aunque las mujeres suponen el 12,4% de la plantilla en las Fuerzas Armadas, conforme se escala en los rangos militares ese porcentaje disminuye. Solo el 7,9% de los oficiales son mujeres, esta cifra se reduce al 3,9% en el caso de los suboficiales. La mayor representación femenina se encuentra en la tropa y marinería, representan el 16,7%; según los datos recogidos en diciembre del 2014 por el Observatorio Militar para la Igualdad.
En el proyecto de los presupuestos del 2016 aluden a esta institución, al Observatorio Militar para la Igualdad. Consideran que se ha convertido en “un punto de referencia sobre igualdad y conciliación” y quieren darle continuidad. Al igual que con las medidas anteriores, no han planteado qué cantidad presupuestaria van a destinar para potenciar este organismo. Fuentes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) aseguran que no recibe inyección económica, ni cuenta con ningún medio extra -más allá de las herramientas de las que se beneficia un departamento convencional del Ministerio- para llevar a cabo las actuaciones que plantean.
La comandante Zaida Cantera, víctima de un delito de abuso de autoridad con trato degradante -ya que entonces el acoso sexual no estaba tipificado en el Código Penal Militar-, pone en duda que este organismo sea “un punto de referencia sobre igualdad”. Tras ser acosada en el año 2010 por su superior, el coronel Isidro José Lezcano-Mújica, pidió ayuda a los miembros del Observatorio. “Todo lo que me dijeron fue que lo que les estaba contando era muy grave y que me aconsejaban denunciar”, cuenta ahora que le han concedido la baja definitiva del Ejército, “en aquel momento les pedí que me cambiaran a mí o a mi acosador de unidad y me respondieron que no podían hacer nada”. Este órgano tiene carácter consultivo por lo que, según explican en su página web, “no puede resolver instancias ni realizar trámites administrativos”.
Por último, Defensa también hace referencia a otras medidas con las que pretenden apoyar la conciliación como “programas de centros infantiles y facilidades para acceso a la vivienda”. En estos casos tampoco detallan qué partida presupuestaria tienen pensado destinar para que se puedan llevar a cabo.