Cuando las Cortes culminen el proceso de investidura, el nuevo parlamento recibirá una propuesta: reforzar la Ley de Memoria Histórica con una iniciativa legislativa popular que busca que el marco legal, aparcado desde que gobierna el PP, se cumpla. Los impulsores de la idea tienen el apoyo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y entre ellos hay politólogos y abogados como Eduardo Ranz, especialista en procesos legales memorialistas y que recientemente ha logrado que la justicia ordene exhumar dos cuerpos en el Valle de los Caídos.
Zapatero “ve con tristeza” cómo una ley aprobada bajo su mandato “no se esté aplicando”, según relata el grupo promotor de esta ley complementaria tras reunirse con él. Con Mariano Rajoy cada vez más cerca de Moncloa y de afrontar otra legislatura de olvido para las víctimas del franquismo, como hizo en su primera etapa presidencial, su antecesor en el cargo reaparece para mostrar un “respaldo firme” sobre un texto “que ha visto y sobre el que da su conformidad”, aseguran.
Esta iniciativa será registrada en el Congreso de los Diputados “a través de la fórmula de la iniciativa popular” y “a partir de la investidura del próximo presidente del Gobierno y la formación del Ejecutivo”. Una vez cumplido el trámite, “en el plazo de nueve meses (prorrogables otros tres) debemos obtener 500.000 firmas”. Si se logran, esa propuesta se tendrá que debatir en el Congreso. Que prospere o no, dependerá de los votos de los diputados.
La queja más reiterada por las asociaciones de derechos humanos es, precisamente, la tibieza de la Ley de Memoria Histórica del Gobierno Zapatero para imponer el cumplimiento de su articulado. Los promotores dicen que su nueva propuesta ayudaría a ejecutar la legislación relativa a las víctimas del franquismo. La deuda principal de España con las víctimas del franquismo está impresa en dos aspectos ineludibles: exhumaciones y simbología. Y han cuantificado, incluso, el presupuesto necesario para solventar ese débito en materia de derechos humanos: “Con un millón de euros al año durante diez años estaría resuelto”.
Para exhumaciones proponen una “regularización del personal a pie de fosa, tanto del personal director como de voluntarios o estudiantes”. La “retirada de simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura” es otro aspecto esencial pero también combatir la “impunidad” del franquismo. Sobre todo en casos que suponen crímenes contra la humanidad: “la interpretación actual de la Ley de Amnistía, junto con la ausencia de delito autónomo de desaparición forzada”, garantizan que estos delitos nunca puedan ser juzgados, escriben.
Los promotores añaden como rémora “la falta de Ley de acceso a archivos”. Un perfil arbitrario que dificulta “realizar un completo ejercicio de la verdad” para el que será básico avalar el “pleno acceso” a todos los documentos relacionados con la Memoria Histórica “tanto públicos como privados, militares y eclesiásticos, y la tipificación del delito de desaparición forzada”.
“Pocos” conocen la literatura total de la propuesta. “El primero al que le hemos dado una copia del texto ha sido Zapatero”, refiere Ranz. “Por una cuestión moral”, específica, y porque el complemento “autorizado” por el expresidente asalta “sin hostilidades a la comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica”.
Tras varias reuniones “personales”, añade, el expresidente y predecesor de Rajoy en el cargo ha mostrado su disposición a asistir a un futuro “acto presentación del documento y de explicación del trabajo”. Una propuesta que recoge además establecer el 31 de octubre (fecha de aprobación de la Constitución Española de 1978) como 'día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas' para homenajear “a las víctimas del golpe militar y la dictadura”. El complemento legal prevén también “una mención especial de género y un reconocimiento a tantas personas que fueron perseguidas por amar diferente”.
La Ley de Memoria “fue buena en su momento porque fue la primera vez que se legislaba en España en esa materia”, recuerdan. “Como toda ley que no se aplica no permite su mejora”, de ahí el pretendido refuerzo. “Nuestra actuación está limitada a lo que se puede hacer a través de una iniciativa popular”, dicen. “Accederemos por eso a los portavoces de los grupos políticos para que conozcan nuestro texto, esperemos que la ley pueda ser reformada adecuadamente”. Todo, sobre una iniciativa que será registrada “cuando haya nuevo presidente, sea quien sea”.
“El año que vienen se cumplen diez años y con la experiencia de los últimos tiempos y los problemas que hemos detectado se ha recogido un articulado y unas disposiciones adicionales a los que Rodríguez Zapatero ha mostrado su conformidad, disponibilidad y compromiso”, sostiene el abogado Eduardo Ranz.