Atención, políticos: la sentencia contra los bloqueos de Trump en Twitter “es exportable a España”

Las redes sociales y las grandes plataformas digitales posibilitan nuevas formas de hacer política y de comunicarse con los ciudadanos. Aún no tienen un marco normativo propio, pero eso no significa que estén fuera de la ley. Si un político utiliza su cuenta en una red social para transmitir sus posicionamientos, entonces esa cuenta deja de ser meramente personal y pasa a ser un espacio de debate donde puede recibir críticas, blindadas por la libertad de expresión. Es lo que una jueza estableció este martes para Donald Trump y que, según los expertos consultados por este medio, es asimilable al contexto español.

La jueza federal condenó a Trump a desbloquear en Twitter a siete usuarios que lo demandaron tras comprobar que su presidente había impedido que accedieran a su cuenta en esta red social por expresar opiniones contrarias a él y sus políticas. En opinión de la magistrada, la decisión de Trump viola la Primera Enmienda y la libertad de expresión de esos siete usuarios, aunque se trate de su cuenta personal (@realDonaldTrump) y no la cuenta oficial del presidente de EEUU (@POTUS). Con su proclamación como presidente y dado el uso político que hace de ella, considera la magistrada, su cuenta personal ha pasado a ser un “foro público”.

Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional, explica que aunque el fallo se produce en primera instancia y es recurrible, “la sentencia tiene recorrido”: “Es coherente con lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo de EEUU, que dice que cuando se habilita un foro público, y aparentemente es lo que han hecho Trump y su administración con su cuenta de Twitter, la capacidad que tiene el poder para limitar las intervenciones de sus ciudadanos en ese foro es limitada”.

“¿Es trasladable a España? Que yo sepa nunca se ha planteado esto, pero teniendo en cuenta la protección de las libertades de información y de expresión que hace nuestra Constitución, creo que lo podríamos asumir como algo propio”, explica Presno, profesor titular en la Universidad de Oviedo.

El mensaje, siempre que no se traspase la línea del insulto, es claro: “Si usted, político o cargo institucional, utiliza su perfil de Twitter o Facebook para comunicarse con los ciudadanos, esa comunicación debe ser bilateral. Por tanto, usted tiene que permitir que le digan no solo las cosas que le gusten, sino también opiniones críticas que les pueden molestar u ofender”.

Coincide con Presno Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Expone que aunque la norma fundamental española no haga referencia a las redes sociales, “el derecho a recibir información veraz de nuestra Constitución es similar al de la estadounidense”. “La decisión de la jueza americana está muy fundamentada y sería exportable a España”, advierte.

El uso que da Trump a su cuenta de Twitter es casi obsesivo. A través de ella ha comunicado hasta ceses en su Ejecutivo, como el del ex secretario de Estado Rex Tillerson, antes incluso de informar al interesado. En España, Mariano Rajoy no se caracteriza por ser un ávido tuitero, aunque también se ha dejado llevar en alguna ocasión, como cuando bloqueó a Albano Dante, ex secretario general de Podemos en Catalunya, que se encontró el mensaje que encabeza esta información tras criticar al presidente. Rajoy deshizo luego ese bloqueo. También se le escapa algún tuit más emocional que político de vez en cuando, sobre todo con su Real Madrid.

No obstante, los políticos de alto nivel con mayor tendencia al bloqueo se encuentran en Ciudadanos. A Albert Rivera no le tiembla el pulso para bloquear a todo aquel que le exprese críticas, incluso aunque se trate de una de las organizaciones convocantes de la marcha feminista del 8M o periodistas. Su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, es directamente el político que más rápido bloquea de todo Twitter.

Cabe tener en cuenta que la sentencia que condena a Trump no solo habla de su cuenta personal, sino que extiende la prohibición de bloquear a las cuentas de cualquier “funcionario público”. En opinión de los expertos consultados, cualquier cargo electo que utilice la plataforma para difundir su mensaje político sería susceptible de tener prohibido vetar la consulta su cuenta, también en España. “Desde el momento que un político utiliza Twitter como un canal de información para la ciudadanía, todo lo vertido a través de ese canal es una información de interés público”, advierte Ana Valero.

Con esto presente, ¿habrá alguien meditando si abrir ya un proceso legal contra algún político bloqueador español? Pues, de hecho, sí: “A mí me ha bloqueado algún político. Me estoy planteando iniciar algún litigio estratégico. Puede que haya agua en la piscina... Y a lo mejor me tiro”, adelanta Carlos Almeida, abogado especialista en la defensa de la libertad de expresión y los derechos fundamentales en red.

Tú puedes bloquearlos, ellos a ti no

Almeida no es ajeno a la problemática. Es uno de los juristas más activos en Twitter, donde ha hecho más de 64.000 comentarios y tiene más de 33.400 seguidores. Explica que un ciudadano anónimo puede bloquear a quien desee, políticos incluidos. Estos, sin embargo, no: “Un político tiene un poder de comunicación brutal en sus manos”.

“Si un ciudadano bloquea a un político no pasa nada, porque tiene otros medios de comunicación para llegar a él sin problemas”, continúa el abogado, “pero un ciudadano de a pie a lo mejor solo tiene Twitter para hacer llegar su discrepancia directamente a Mariano Rajoy o a quien sea. Impedirle ejercer ese derecho no debería ser lícito. No digo que sea delito, pero debería tener consecuencias”.

El abogado explica que incluso en el caso de que se produzcan insultos u ofensas, habría que estudiar cada caso. “No hay que olvidar nunca que en Twitter estamos discutiendo en un club privado. Quien establece las normas es la propia red social”, recuerda. “Tenemos una serie de derechos garantizados en la Constitución, inalienables, que no nos lo pueden quitar a través de los términos y condiciones de una plataforma digital, pero sí hay una serie de normas: Twitter persigue el discurso de odio”.

El jurista estudia, además, si bloquear a un ciudadano e impedir que este haga llegar sus mensajes a un político, podría suponer un delito de censura previa. “Si lo que se envía a un político es una amenaza grave el bloqueo estaría justificado, pero si este se produce simplemente porque el ciudadano dice algo que al político no le gusta, aunque sea una expresión desabrida, eso no debería dar derecho al político a bloquearle”, concluye Almeida. Políticos, avisados quedan.