Theodore Olson, uno de los abogados que representa a Apple en su batalla contra el Gobierno de EEUU, alertó hoy que la derrota de la empresa tecnológica en su pulso con el país norteamericano conduciría a un “estado policial”.
“Uno puede imaginarse a diferentes agentes del orden diciéndole a Apple que quieren un nuevo producto para acceder a algo”, dijo hoy Olson en declaraciones a la cadena de televisión CNN.
“Incluso un juez estatal podría pedirle a Apple que diseñe algo. No habría punto final. Conduciría a un estado policial”, afirmó.
El Buró Federal de Investigación (FBI) quiere que Apple le ayude a desbloquear un iPhone utilizado por uno de los autores del tiroteo de diciembre pasado en la ciudad californiana de San Bernardino (EEUU), en el que murieron 14 personas y 22 resultaron heridas, en un caso que se investiga como terrorismo.
En concreto, el FBI busca que Apple diseñe un software que le ayude a eliminar el sistema de seguridad instalado en el teléfono y que está programado para eliminar todo el contenido del dispositivo después de 10 intentos de contraseñas fallidas.
Eso permitiría a la agencia federal utilizar el método conocido como “fuerza bruta”, que utiliza un ordenador para probar gran número de combinaciones de contraseñas hasta dar con la adecuada.
La jueza federal Sheri Pym ordenó el martes de la semana pasada a Apple ayudar a los agentes del FBI.
Apple pidió este jueves en su respuesta formal a la juez Pym que anule la orden, cuya implementación tendría, según la empresa, “un daño significativo a las libertades civiles, la sociedad y la seguridad nacional”.
El abogado de Apple dijo hoy que lo que quiere el Gobierno equivale a crear un talón de Aquiles en el iPhone.
“La seguridad del iPhone es la razón por la que mucha, mucha gente compró el teléfono”, afirmó Olson, quien insistió en que Apple es “muy sensible” a los esfuerzos del Gobierno para proteger a sus ciudadanos y ha cumplido con todas las solicitudes “legales” del Gobierno para compartir datos de clientes.
El asesor legal de Apple asegura que en este caso concreto el Gobierno se ha extralimitado en su autoridad legal.
“Es muy fácil decir que hay un caso de terrorismo y que por lo tanto uno tiene que hacer todo lo que diga el Gobierno, pero uno no quiere violar las libertades civiles que todos celebramos simplemente porque usen la palabra terrorismo”, concluyó.