Tras un largo debate público, mantenido en organismos oficiales, en medios de comunicación y, por supuesto, en la propia Red, la FCC, el órgano estatal que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos, ha tomado una resolución decisiva. La agencia ha aprobado una serie de normas que por primera vez asigna a los proveedores de Internet el papel que tienen las compañías eléctricas o las que gestionan el abastecimiento de agua.
A partir de ahora, en Estados Unidos –referente a la hora de legislar sobre cuestiones tecnológicas y país del que parten muchos de los servicios online más importantes a nivel global– Internet se equipara a servicios públicos como la electricidad o el agua. Por tres votos contra dos ha aprobado la FCC estas medidas, que en la práctica no suponen ningún cambio para el usuario respecto a lo que este venía experimentando hasta ahora.
El objetivo es precisamente este: proteger lo que existe actualmente. Las normas de la FCC están orientadas a garantizar la neutralidad de la Red, impidiendo que los proveedores de acceso desarrollen las llamadas vías rápidas, que hubieran permitido dar prioridad al tráfico procedente de sitios que paguen una tasa adicional. También se impide a las operadoras bloquear o ralentizar el tráfico que generan sitios como Netflix o YouTube, a los que pretendía tratar de forma diferente bajo el argumento de que por ser proveedores de vídeo online necesitan hacer un uso más intensivo de las infraestructuras.
Esto ha señalado Tom Wheeler, el presidente de la FCC, que ha justificado las normas para preservar un “Internet rápido, justo y abierto”, según sus propias palabras. Asimismo el regulador ha votado para echar abajo las leyes que se han puesto en marcha en algunos estados, cuyo objetivo era prohibir a los municipios la creación de su propia infraestructura de banda ancha. Esta práctica, en contra de los intereses económicos de las operadoras, se ha planteado en algunas zonas rurales de Estados Unidos como una forma de obtener una conexión de banda ancha cuando la infraestructura de las compañías no llega.
La votación de la FCC ha tenido lugar después de meses de una intensa campaña de protestas en Internet a favor de la neutralidad de la Red. Alrededor de cuatro millones de personas enviaron comentarios a la FCC sobre este tema, hasta el punto de que la web del organismo llegó a estar fuera de servicio temporalmente. Esto ocurrió cuando el cómico John Oliver alentó desde su show a la gente para que enviara sus comentarios al organismo, después de satirizar sobre las perspectivas para la neutralidad de la red. Por otro lado, los proveedores de acceso se han venido mostrando activos, realizando declaraciones y apareciendo en los medios de comunicación.
Ahora, al Congreso
Tras conocer la decisión de la FCC, los proveedores de acceso han criticado la intervención del gobierno en su negocio y algunos de ellos han anunciado que interpondrán demandas para frenar las nuevas medidas. En cualquier caso, la normativa debe ser ratificada en el Congreso, ahora dominado por los republicanos, cercanos a las tesis de las operadoras. La FCC aún no ha redactado el texto final y se espera que no lo tenga listo hasta dentro de algunas semanas, lo que daría tiempo al Congreso para desarrollar una propuesta legislativa orientada a modificar la nueva normativa.
Hace tiempo que el presidente Barack Obama adquirió el compromiso de ponerse del lado de la neutralidad de la Red. El pasado mes de noviembre él mismo pidió que se practicara una fuerte regulación sobre el mercado del acceso a Internet. En cambio, los republicanos sostienen que establecer este tipo de leyes perjudica la innovación y el papel de los emprendedores. En el sector de las startups, en cambio, se vienen alzando algunas voces defendiendo que la innovación precisamente necesita la neutralidad de la Red.
Los proveedores de acceso se quejan de que algunas compañías online ofrecen servicios que ocupan una gran cantidad de tráfico en la Red, particularmente se refieren a aquellos que prestan servicios de vídeo online. Su idea es que estas empresas compartan los costes derivados del mantenimiento y la expansión de las redes. La operadoras señalan que sin la contribución de estas compañías no se mostrarán tan propensas a renovar las infraestructuras o extenderlas.