El ministerio de Cultura, José Ignacio Wert, ha rematado la Ley de Propiedad Intelectual confirmando sus principales apuestas, a las que ha añadido la reforma para que los medios puedan pedir dinero a Google y otros agregadores por indexarles.
Como ya se anunció hace casi un año, la LPI servirá para perseguir las webs de “enlaces ilícitos” –donde no hay acuerdo con los titulares de derechos-, y no sólo el servidor de los contenidos. “Quedan excluidas los enlaces ocasionales y sin fin comercial”, han explicado desde el ministerio, donde reconocieron que el texto dispara contra los que han hecho de estas webs “de contenido ilícito” un modelo de negocio.
Según el departamento que dirige el ministro Wert, esta medida será más eficaz, puesto que “son páginas que están en el mercado local, ya que ahora se tenía que investigar al servidor de los contenidos, que podía estar en Australia. La identificación y la notificación llevaban mucho tiempo”. Habrá medidas sancionadoras contra estás webs que tendrán una cuantía que irá desde los 30.000 a los 300.000 euros. Primero se dará un tiempo para quitar los enlaces, también se pedirá la cooperación de intermediarios de pago electrónico y agencias publicitarias que hayan indexado anuncios en estas páginas –y que serán multadas si no colaboran- después se podrán imponer la multas y finalmente si no se pagan se podrá bloquear la web. Además, el nuevo texto abre la vía civil para la denuncia de estas páginas, cuestión que hasta la fecha queda circunscrita al ámbito penal. “Se podrá pedir al juez vía civil que investigue quién está detrás de estas webs”, recalcaron desde el ministerio. Hasta la fecha 152 webs han retirado contenidos que, según la CPI, se ofrecían ilícitamente y, entre ellas, 21, han cesado su actividad.
Una ventanilla única para las entidades de gestión
La nueva norma propone, según insistió ayer Wert, una mayor “transparencia” de las entidades de gestión de derechos de autor. Se imponen así una serie de obligaciones como la rendición anual de cuentas y la realización de auditorías, y si no se cumplen habrá sanciones que estarán supervisadas por la Secretaría de Estado de Cultura –que coge peso en este sentido-, y por la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Esta, además, también sale reforzada puesto que será la que fije las tarifas cuando no haya acuerdo entre el usuario –por ejemplo, el sector de la hostelería o las peluquerías- y la entidad de gestión. Las sanciones económicas estarán vinculadas a un porcentaje de la recaudación del año anterior de la entidad de gestión que variará según sea la gravedad de la infracción, porcentaje que podrá llegar hasta el 2%.
También se pretende crear una ventanilla única que lleve a cabo la recaudación. Será una entidad jurídica privada constituida por todas las entidades de gestión y donde no haya una posición dominante de ninguna de ellas. “Pensamos que será una página web donde aparezcan las tarifas aplicables a los diferentes colectivos”, manifestaron en el ministerio. El usuario o colectivo pagará a esta nueva ‘ventanilla’, que se encargará posteriormente de distribuir la recaudación entre las diferentes entidades de gestión. El plazo marcado para su diseño es de cinco meses después de la aprobación final del texto.
Acotación de la copia privada
Una de las primeras medidas tomadas por el Ministerio de José Ignacio Wert fue la eliminación del canon en 2011. Este proyecto de ley mantiene la financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado –en 2012 fueron 8,5 millones de euros-, y ahora propone una limitación de la copia privada “con el fin de adecuarla al entorno digital”. Permanecen amparadas las reproducciones de CD y DVD comprados y las grabaciones de contenidos de televisión o radio para visionado o escucha posterior, pero el tratamiento de las copias digitales queda remitido a los correspondientes contratos de licencia. Es decir, por ejemplo, si iTunes sólo te permite cuatro reproducciones de una canción, la quinta ya quedará excluida de la copia privada.
Derecho de cita y ampliación de royalties
Con este proyecto de ley se amplía el uso de “pequeños fragmentos de obras o material fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada”. Esto es, en el aula virtual, el profesor o el ponente podrán utilizar estos pequeños fragmentos sin necesidad de pedir permiso ni pagar al titular de los derechos. En el caso de que ya sean fragmentos más grandes no habrá que pedir autorización, pero sí habrá una compensación, que se recaudará a través de la entidad de gestión. En el caso de que estos fragmentos procedan de manuales o libros de textos, el profesor deberá ofrecer un enlace donde se pueda adquirir este material de forma legal.
La reforma atiende, por último, a la trasposición de dos directivas europeas. Una de ellas, la Directiva europea 2011/77, se refiere a la ampliación de los royalties, que pasa de los 50 años a los 70 años desde el fallecimiento del autor o titular de derechos. La segunda, la Directiva 2012/28 establece un marco legislativo para garantizar la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas –aquellas que se desconoce el titular de derechos- por parte de las instituciones culturales y los organismos públicos de la Unión Europea.
Anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual by eldiario.es