Esta semana una de las noticias más comentadas en medios y redes sociales ha sido que casi la mitad de los usuarios de Internet en España descargan películas sin autorización. Según el informe de la Coalición de Creadores (PDF), el lobby que representa los intereses de las industrias culturales en España, el valor total del lucro cesante por piratería en 2012 sería de 1.220,6 millones de euros, se podrían crear 24.766 nuevos empleos directos y las arcas públicas ingresarían 494,7 millones de euros.
Ponen a España como ejemplo de unos de los países más piratas en un momento clave. La presión al gobierno español viene motivada por la petición de un cambio legislativo en la conocida como ley Sinde-Wert y en la propia ley de Propiedad Intelectual para hacer más restrictivos algunos derechos civiles.
A finales de enero, Christopher Dodd, presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), el lobby que representa los intereses de los productores y distribuidores de Hollywood, vino a España para reunirse en privado con Mariano Rajoy durante una hora para discutir sobre las leyes españolas sobre derechos de autor. Hace unos días, la Asociación de Internautas filtró un borrador de la nueva ley de Propiedad Intelectual, donde entre otros asuntos, se pretende criminalizar los enlaces al considerar que el acto de enlazar es comunicación pública.
La realización de informes como el que se acaba de publicar es uno de los métodos que utilizan las patronales de la industria para presionar a los Gobiernos para que legislen a favor de sus intereses empresariales.
Conocer exactamente la cantidad de descargas de este tipo de material que se realizan desde España o en cualquier otro lugar del mundo es imposible. La forma habitual de aproximarse a este dato es mediante encuestas de mercado. Se encuesta a un número determinado de ciudadanos que estadísticamente representan al total de la población.
El informe que acaba de publicar la Coalición no aporta la ficha técnica del trabajo realizado por la consultora independiente GfK, aunque se indica que la metodología empleada es una “encuesta a internautas de panel GfK de 50.000 panelistas con captación personalizada”, algo que puede llevar al error a la hora de cifrar el número total de encuestados. Héctor Jiménez, responsable de este informe, explicó a eldiario.es que la encuesta se ha realizado a 3.262 de sus panelistas a través de Internet, de las cuales se han validado 2.571 encuestas con un margen de error de +/- 1,93%. Son una muestra representativa fiable para el propósito del estudio, según expertos consultados por eldiario.es. Sin embargo, el apartado que explica los diferentes hábitos de consumo de contenidos digitales de los usuarios se ha realizado mediante diferentes focus group presenciales.
A pesar de que el informe incluye de forma repetitiva en sus conclusiones palabras como “piratas”, “piratería”, “infractor” o “descargas ilegales”, estas palabras no se han utilizado en la encuesta de los panelistas para no condicionar sus respuestas. Además, a la hora de valorar la “legalidad” o “ilegalidad” de un contenido, GfK los ha determinado según la procedencia del archivo descargado o tecnología empleada sin valorar su contenido o el tipo de licencia. Por ejemplo, si un contenido se ha descargado desde “iTunes” consideran que es legal, sin embargo si el contenido proviene de “eMule” o una web de enlaces determinada se determina que es una descarga no autorizada.
Este es el primer año que la consultora GfK realiza el informe para la Coalición. Desde 2009 a 2011, sus estudios los realizó la empresa independiente IDC. Hace unos años, la SGAE también presentaba estudios de mercado sobre las descargas realizadas mediante una empresa especializada de su propiedad. Durante algún tiempo, el 100% de las acciones de esta empresa fueron propiedad de la SGAE a través de una de sus filiales.
La publicación de este tipo de estudios suele venir rodeada de polémica debido a la metodología empleada para contabilizar descargas y para posteriormente hacer una estimación económica de las posibles pérdidas para las industrias culturales. Aún así, instituciones como la Oficina de Contabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) han determinado que los datos para medir los daños de las descargas no son fiables ya que no se pueden cuantificar.
Aunque la metodología de las encuestas son similares entre los informes anteriores de la Coalición y el recientemente publicado, la valoración de las pérdidas ocasionadas por las descargas no se pueden comparar al utilizarse diferentes metodologías. Antes se consideraba que una descarga equivalía a una copia no vendida, conclusión que se ha demostrado falsa en diferentes estudios (1) y (2). El nuevo informe determina el valor del lucro cesante preguntando a los encuestados “qué comprarían si no pudieran acceder gratuitamente al contenido” y posteriormente multiplicándolo por el valor medio de estos productos, según datos aportados por la propia industria. De esta forma, el estudio determina el llamado lucro cesante en 1.220,6 millones de euros en 2012 frente a los más de 5.000 millones semestrales que valoraba los estudios anteriores.
Otro dato importante a tener en cuenta es que a los panelistas no se les ha preguntado específicamente por la nacionalidad de los contenidos descargados. Es decir, se desconoce si los contenidos descargados son productos culturales producidos en España o pertenecen al mercado internacional. Por tanto, no se puede determinar qué parte concreta de la cadena de valor de la industria estaría más afectada.
Tampoco se ha tenido en cuenta otros aspectos de esta cadena de valor para determinar el valor de la industria, tan solo el precio final del producto. Según explicó Gfk a eldiario.es, esta valoración está basada en datos sectoriales aportados por cada una de las industrias culturales para la realización de este estudio. De igual modo, a la hora de valorar las pérdidas de empleos directos, el estudio determina que se podrían crear hasta 24.766 empleos directos en una situación donde no se descargaran contenidos sin autorización. Sin embargo, el responsable del estudio reconoció no saber qué se considera como empleo directo, ya que la estimación está basada en datos sectoriales de las diferentes industrias del sector. En base a un determinado volumen de negocio, han estimado el número de empleos que podrían crecer.
La consultora GfK estuvo envuelta en una polémica en 2011 debido a un estudio que no tuvo los resultados que se esperaban. Un cliente encargó un informe sobre los hábitos de consumo de los usuarios de la web de enlaces Kino.to para demostrar que estos usuarios eran responsables de la crisis de la industria audiovisual. Sin embargo, reveló que los usuarios de este tipo de sitios son los mejores clientes de la industria. El cliente decidió enterrar los resultados del estudio.