Escolano: el problema de la I+D+i es la falta de inversión privada no pública

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha dicho hoy que el problema de la I+D+i no es la falta de recursos públicos, sino la baja participación del sector privado, que solo representa la mitad de la inversión frente a los dos tercios de las empresas de la UE.

En su primera intervención en el pleno del Congreso para hablar de ciencia, Escolano ha subrayado que tiene “compromiso” e “interés personal” por el sistema porque la I+D+i es “fundamental” para “la competitividad y para consolidar el patrón de crecimiento actual”.

“Tener un sistema de ciencia fuerte y desarrollado es condición sine qua non para estar en los países de cabeza de Europa y porque apostando por la I+D+i conseguiremos generar empleo y riqueza para mantener el sistema de bienestar”, ha insistido.

Para Escolano, el problema de la I+D+i no es la falta de recursos públicos sino la baja participación del sector privado, que en España solo representa la mitad de inversión.

Y es que en España casi no hay empresas de tamaño medio, “que son las que hacen el esfuerzo innovador”, por lo que el Gobierno tendrá que revisar los instrumentos de financiación disponibles para que la I+D española se sitúe en la media europea, “ese es el gran punto en el que España tiene que cambiar”.

Para eso, el Gobierno apostará por el impulso de la Red Cervera (ayudas para centros e instituciones tecnológicas), el refuerzo del modelo español de centros tecnológicos, y el lanzamiento de nuevos tipos de convocatorias y de 'pruebas de concepto', para que el proceso de innovación llegue “cuanto antes al sector empresarial”.

Además, el Ministerio de Economía revisará el sistema de ayudas para las empresas, reforzará la comunicación entre el Centro de Desarrollo Técnico Industrial (CDTI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y liderará la digitalización de la industria, entre otras medidas.

Y paralelamente, España tiene que situarse entre los referentes de la innovación en todos los programas europeos y ganar infraestructuras emblemáticas como el TMT (el Telescopio óptico de 30 metros) para La Palma o la sede de la Fuente de Neutrones para Granada, ha avisado.

Respecto a los presupuestos, ha recordado que este año incluyen 1.812 millones (91 millones más que en 2017) en subvenciones directas para la investigación en centros públicos.

El resto, ha reconocido, son créditos para el apoyo a la I+D+i en el sector empresarial, es decir, “un techo máximo de gasto” de 2.700 millones que se pueden gastar o no. “Sumar la media de ambas partidas es un error”, ha puntualizado.

Sobre los problemas de los organismos públicos de investigación (OPI), ha reconocido que hay que reducir las cargas administrativas que soportan los investigadores, solucionar los problemas asociados a la alta temporalidad en algunos centros y garantizar una financiación suficiente para el sistema de ciencia.

Así, ha recordado que los presupuestos incluyen una disposición final que permitirá “acotar la fiscalización previa en determinados casos”, lo que permitirá a los OPI tener más agilidad para contratar y otras facilidades como las que ya disfruta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Respecto a la temporalidad, ha avanzado que los presupuestos incluyen una tasa de estabilización de parte del empleo temporal y de las plazas que lleven más de tres años ocupadas ininterrumpidamente por trabajadores eventuales, lo que beneficiará a unos 2.000 investigadores.

Además, el Gobierno trabaja ya en “una nueva modalidad de contratación indefinida ligada a la financiación externa para los trabajadores de las fundaciones y consorcios del sector público” (como el CNIO o el CNIC), y podría tener cerrada “a final de este mismo mes” la negociación del Estatuto del Personal Investigador en Formación.

Escolano ha insistido en su interés por tener una I+D+i fuerte, eficiente y responsable y ha anunciado que en breve se reunirá con todos los agentes que forman el sistema porque “el modelo de I+D+i debe ser una cuestión de Estado que se defina de forma consensuada y que tenga el mayor nivel estabilidad posible y duradero”.