Tres años después de la intensa batalla entre Apple y el gobierno de Estados sobre el desbloqueo del iPhone de un sospechoso de terrorismo, toma forma un nuevo enfrentamiento entre la empresa, defensora de la privacidad, y la administración Trump.
El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, ha pedido a Apple que ayude al FBI (Oficina Federal de Investigación) a desbloquear dos iPhones vinculados al tiroteo que acabó con la vida de tres personas en una base naval de Florida en Diciembre. El ataque, perpetrado por un cadete saudí de la fuerza aérea, ha sido catalogado por el momento como acto terrorista.
El Fiscal General se queja de que Apple “no nos ha dado ningún apoyo relevante”. “Esta situación ilustra perfectamente por qué es de vital importancia que los investigadores tengan acceso a las pruebas digitales una vez que tienen permiso de un juez”, dijo.
Esta petición de ayuda para desbloquear el iPhone de un supuesto terrorista se parece a la pugna de 2016 entre Apple y el FBI, que quería acceder a la información almacenada en el teléfono de uno de los asesinos de la masacre de San Bernardino, en California.
Apple ha respondido a Barr. Rechaza la acusación de que no ha colaborado con la justicia y señala que respondió a la petición del FBI en cuestión de horas y ya ha proporcionado a los investigadores “muchos gigas con información”.
Pero también reiteró en un comunicado que se opone a debilitar sus sistemas de encriptado y señala que “no hay una puerta de atrás para que entren sólo los buenos” porque “esas puertas traseras podrían ser utilizadas también por quienes amenazan nuestra seguridad nacional o la seguridad de los datos de nuestros clientes”.
La información que Apple proporcionó al Gobierno es, probablemente, la almacenada en la nube. La que el FBI quiere es la almacenada en el teléfono, que sólo es accesible con la clave de acceso al teléfono. Apple no tiene acceso a ella.
Apple es una de las empresas tecnológicas que han limitado la cantidad de datos de los usuarios que almacenan en sus propios servidores a raíz de lo revelado por Edward Snowden y, en parte, para evitar peticiones por parte de los gobiernos.
Donald Trump ha participado en esta disputa y ha tuiteado una crítica a Apple por negarse a “desbloquear teléfonos utilizados por asesinos, narcotraficantes y otros elementos criminales violentos”.
La disputa sobre el teléfono del asesino de San Bernardino estalló cuando Apple se negó a cumplir con una orden de un tribunal federal que le pedía ayudar al FBI a desbloquear el teléfono. Al mismo tiempo, el máximo ejecutivo de la empresa, Tim Cook, se defendió agresivamente de la petición del poder judicial que, dijo, “debilitaría las libertades que nuestro gobierno debe proteger”.
Varias organizaciones de derechos civiles se han manifestado a favor de Apple en el frente legal pero el caso ha superado ya lo jurídico. El FBI entró en el teléfono con la ayuda de una empresa privada.
Esta disputa pasó a segundo plano durante varios años hasta que en octubre de 2019 el Fiscal general envió una carta a Facebook en la que pedía una puerta trasera de entrada al encriptado de usuario a usuario que la empresa planea poner en marcha en todas sus aplicaciones de mensajería.
El secretario británico del interior y su homólogo australiano se unieron a la carta enviada por Barr a Facebook y provocaron una ola de críticas por parte de expertos en seguridad y privacidad de todo el mundo.
“Esto va más allá de un solo iPhone”, escribió en su cuenta de Twitter la Unión Americana por las Libertades Civiles“. ”La petición del gobierno debilitaría la seguridad de millones de iPhone y es inconstitucional“.
Traducido por Alberto Arce