La Autoridad de la Competencia de Francia ha obligado a Google a negociar, en un plazo de 3 meses, con los editores de prensa y con la agencia AFP un mecanismo de remuneración por la publicación de sus contenidos, porque considera que las reglas fijadas por el buscador constituyen un abuso de posición dominante. Google tendrá que llevar a cabo “de buena fe” esas negociaciones, que cubrirán retroactivamente el tiempo pasado desde la entrada en vigor, el pasado 24 de octubre, de la ley francesa que transpone la directiva europea sobre los derechos conexos, de abril de 2019, indicó en un comunicado la Autoridad de la Competencia.
Esas conversaciones no podrán afectar a la indexación ni a la presentación de los contenidos protegidos de la prensa y el gigante estadounidense de internet tendrá que presentar informes mensuales en los que dé cuenta de la marcha del proceso, en espera de que el organismo de supervisión se pronuncie sobre el fondo.
Lo que pretende la Autoridad de la Competencia francesa con esta medida de urgencia es proteger a los editores de prensa y a AFP, que se querellaron contra Google, mientras instruye la causa para determinar si ha infringido las reglas de la competencia. De momento, lo que ha constatado es que Google tiene una posición dominante en Francia, con una cuota en las búsquedas generalistas de alrededor del 90% a finales de 2019 y fuertes barreras para que otros competidores puedan contestar ese dominio, teniendo en cuenta las inversiones necesarias.
Además, con su decisión unilateral de no mostrar en las búsquedas de sus usuarios más que extractos de los contenidos de prensa, a menos que los editores le den una autorización gratuita, ha abocado a la mayor parte de estos a permitirle el uso de esos contenidos sin negociación posible. Es decir, que les ha impuesto una remuneración nula y ha tratado a todos por igual sin una justificación objetiva y sin haber examinado las particularidades de cada uno.
La Autoridad de la Competencia indica, a partir de un estudio de los denunciantes sobre 32 cabeceras de prensa, que Google supone entre el 26 y el 90% del tráfico dirigido a sus páginas de internet, y que con ese nivel de dependencia los editores no pueden permitirse el lujo de prescindir de esa aportación por sus dificultades económicas. Eso es lo que les ha llevado a aceptar unas condiciones que son “todavía más desfavorables para ellos”.
En resumen, el organismo estima que la actitud de Google afecta de forma “grave e inmediata al sector de la prensa”, que en el contexto de la fuerte crisis que atraviesa le priva de unos recursos que el legislador considera “cruciales” para que pueda mantener su actividad.
En una primera reacción, el vicepresidente de News en Google, Richard Gingras, declaró que “desde que la ley europea de derechos de autor entró en vigor en Francia el año pasado hemos colaborado con los editores para aumentar nuestro apoyo e inversión en medios de comunicación”. “Cumpliremos con la orden de la Autoridad de la Competencia de Francia mientras la revisamos y continuamos con las negociaciones”, añadió Gingras.