Internet se enfrenta a una avalancha de regulación. Este 2018 han entrado en vigor nuevas normas de protección de datos tanto europeas como españolas, mientras que 2019 traerá bajo el brazo una nueva Ley de Propiedad Intelectual y, si nada se tuerce, una renovación de la directiva europea de copyright. Ese paquete incluye medidas como la posibilidad de que el Gobierno cierre webs sin orden judicial, de que los partidos políticos envíen propaganda electoral al móvil de los ciudadanos sin su consentimiento previo, o de que se imponga un filtro automático para censurar cualquier contenido que se suba a la red y que dé positivo por violación de los derechos de autor.
Las críticas que han recibido estas medidas por parte de amplios sectores contrastan con la inactividad del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Catsi), encargado de orientar al Ejecutivo sobre asuntos digitales y hacerle llegar la opinión de expertos de la sociedad civil. El PP se olvidó de sus servicios en 2016 y el PSOE no ha cambiado esa decisión.
El Catsi está formado por organizaciones de consumidores, usuarios de Internet, la patronal tecnológica, teleoperadoras, colegios profesionales y representantes de sindicatos y comunidades autónomas nombrados vía BOE. Su presidencia recae en la Secretaría de Estado de Agenda Digital, que también es la encargada de convocarlo y solicitar sus informes, no remunerados ni vinculantes. Así se hizo hasta que el Catsi acumuló posicionamientos en contra del canon digital y otras medidas impulsadas por el Gobierno.
“A partir de ese momento se empezó a dejarlo caer”, expone Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, miembro del órgano. “Cuando empezaron a llegar cosas que eran un poco más polémicas y el Gobierno no contaba con ese favor de conjunto de los que estábamos allí”, abunda.
Leyes, anonimato, noticias falsas
A pesar de la carga normativa para Internet acumulada entre finales de 2018 y principios de 2019, al PP tampoco le faltaron oportunidades para convocarlo. Varios cargos del partido dejaron caer en 2017 su intención de prohibir el anonimato en las redes sociales basándose en los insultos machistas que recibía la diputada Alicia Sánchez Camacho.
El Gobierno del PP fue más allá de esos globos sonda al impulsar desde el Ministerio de Defensa la creación de una subcomisión a puerta cerrada en el Congreso para estudiar el fenómeno de las noticias falsas. “Estamos en guerra”, llegó a afirmar su senador Luis Aznar por la supuesta intervención de hackers rusos en apoyo del proceso independentista catalán. La teoría, respaldada en una comparecencia conjunta por el ex presidente Mariano Rajoy y su ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quizá no habría tenido tanto recorrido de haber contado con la opinión del órgano de expertos, puesto que se basaba en prácticas de intoxicación del debate político online relativamente extendidas.
Domingo explica que son precisamente los consumidores y usuarios los más afectados por el olvido del Catsi. “Los lobbies ya se ocupan de manejar al legislador en otros ámbitos. Tienen más posibilidades de levantar el teléfono para que se respeten sus intereses. Sin embargo para nosotros, este tipo de estamentos son la la única oportunidad que tenemos de decir algo al Gobierno”, argumenta. La Asociación de Internautas ha elevado una petición de reunión urgente al secretario de Estado de Agenda Digital, Francisco Polo, para solicitar que reactive el Consejo Asesor este 2019.
Fuentes del equipo de Polo han confirmado a eldiario.es la recepción de la solicitud de reunión, pero no se han posicionado sobre la posibilidad de poner fin al olvido del Catsi.