Solo el 17% de españoles apoya que el Gobierno pueda cerrar páginas web sin autorización judicial, como contempla la nueva Ley de Propiedad Intelectual que impulsan PP, PSOE y Ciudadanos. Solo un 24% opina que las plataformas de Internet deben ser responsables por todo lo que cualquier usuario haga, diga y comparta. Son las dos medidas estrella que se negocian en España y la UE para potenciar el copyright, pero el 69% cree que los políticos las usan como coartada para recortar la libertad de expresión en la red.
Son los resultados de un sondeo de opinión de GAD 3 para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), basado en 916 entrevistas por Internet a una muestra representativa de la población española entre 18 y 65 años. El objetivo del estudio era “conocer qué opiniones tiene la sociedad sobre la libre expresión en Internet”: la conclusión es que los españoles valoran “como más importantes para la salud democrática” las libertades de expresión y de libre acceso a la información que el copyright, pero también el derecho de parodia, crítica, cita o mención académica.
Todos ellos son derechos que se verán afectados por las nuevas regulaciones de copyright, según las organizaciones que velan por el respeto a los derechos fundamentales en Internet. Entre ellas se encuentra la propia PDLI, a cuya protesta se han sumado otras como Facua, la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, la Asociación de Internautas, la Asociación Española de Startups o la patronal tecnológica Adigital.
“Esto no es una crítica de carácter ideológico porque estamos hablando de derechos fundamentales”, ha aseverado durante la presentación del estudio Yolanda Quintana, coordinadora de la PDLI. “Tampoco una crítica sectorial: todos los sectores afectados por un entorno digital libre, abierto y democrático y con una regulación en la que hay seguridad jurídica estamos implicados en la denuncia de estas reformas de la propiedad intelectual”.
Recta final para los nuevos derechos de autor
Las nuevas nomas sobre derechos de autor se encuentran, tanto en España como en la UE, en las últimas fases de negociación y podrían ser aprobadas entre enero y febrero de 2019. Para el director de GAD 3, Narciso Michavila, el estudio muestra “que los ciudadanos son conscientes de que si los retos del mundo digital se afrontan con respuestas desde el mundo analógico, en lugar de ir hacia adelante la legislación irá hacia atrás”, ha afirmado.
El sociólogo también ha opinado que los políticos se están viendo afectados por un “efecto farola” en la modernización de los derechos de autor: “Como el mundo cada vez es más complejo y se le escapa, el legislador está sobrelegislando sobre el perímetro en el que tiene control, aunque sus problemas están fuera, no en el perímetro en el que arroja luz la farola”.
La reforma de la ley española sobre propiedad intelectual ha pasado a toda velocidad por su trámite parlamentario. Actualmente se encuentra en el Senado y solo Unidos Podemos se opone con rotundidad a la posibilidad de que el Gobierno pueda basarse en una supuesta violación de copyright para cerrar una web sin el visto bueno previo de un juez. La directiva europea sobre copyright, en cambio, lleva casi un año el taller. Ha sufrido algún que otro revés legislativo y una gran oposición desde un gran número de sectores.
Además de las organizaciones de derechos digitales, han cargado contra incluso algunos sectores empresariales a los que los políticos pretenden beneficiar con las nuevas normas, como las principales ligas de fútbol europeas. Google por su parte ha avisado que, de seguir adelante tal cual está planteada, se plantea incluso impedir el acceso desde Europa a los vídeos de YouTube protegidos por derechos de autor.
Otros de los resultados relevantes de la encuesta de GAD 3 es el 68% (dos de cada tres ciudadanos) que opinan que si las redes sociales son obligadas a revisar todos los contenidos bajo la amenaza de ser multadas, algo que contempla el criticado artículo 13 de la directiva europea de copyright, estas recurrirán al borrado masivo de aquel contenido que genere dudas, aunque muchos no contengan propiedad intelectual.
Menos concluyentes son las respuestas dadas por los ciudadanos a las preguntas sobre si la garantía de remuneración para los autores debe quedar por encima de derechos fundamentales como la libertad de expresión (57% en contra); o a la posibilidad de que los vídeos de los usuarios que contengan algún elemento con derechos de autor sean bloqueados y borrados por algoritmos automáticos, algo a lo que se oponen un 48% de los encuestados.