España ejercerá la presidencia rotativa de la UE en el segundo semestre de 2022. El puesto implica que el Gobierno ejercerá un papel de coordinación del Consejo Europeo, dirigiendo la relación de esta institución con el Parlamento y la Comisión europeos, los tres organismos que negocian cada ley comunitaria. La presidencia permite al país que la ostenta fijar una serie de prioridades para la UE y determinar agendas en función de su programa semestral. Durante el mandato español está previsto que se cierre un amplio paquete de normas que tendrán un gran impacto en el negocio digital, lo que no ha pasado inadvertido para las empresas del sector.
La industria digital ya ha comenzado un movimiento para acercarse al Gobierno de cara a su papel clave en esas normas. Fuentes de varias grandes empresas han avanzado en privado a este medio que han reforzado la línea de comunicación, aprovechando que el terreno ya está pavimentado. Las patronales digitales han alabado en público la buena interlocución que ha habido con el Ejecutivo en este campo, como en la ley de startups, los programas de ayudas como el Kit Digital o iniciativas como el Fondo Next Tech, por el que el ICO invierte un millón de euros en empresas de tecnología por cada millón invertido desde el sector privado.
“La relación es muy fluida. El Gobierno ha hecho de la política digital uno de los ejes de crecimiento en España y entendemos que la presidencia va a ir por el mismo camino”, explicaba este miércoles una de esas fuentes a elDiario.es. España aún no ha hecho público el programa para su mandato. Suecia, la presidencia saliente, la ha centrado en la seguridad, la competitividad y la transición ecológica y energética.
Son entre seis y siete las directivas y reglamentos que se pueden aprobar bajo el mandato español que afectan directamente al negocio digital. Algunos de ellos están marcados en rojo en el plan que la UE denomina “la Década Digital”: un programa para aumentar el número de trabajadores especializados en nuevas tecnologías, el uso de la nube o la inteligencia artificial por parte de las pymes, la sostenibilidad de las infraestructuras digitales o la digitalización de los servicios públicos.
“Este año 2023 será clave debido a la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea que tendrá lugar durante el segundo semestre, así como el periodo electoral que tendremos. Nuestro país se situará durante esos meses en el centro de decisión de elementos troncales de la Década Digital y de expedientes regulatorios fundamentales para el futuro de la digitalización en Europa”, expresa Miguel Ferrer, director de Estrategia y Agenda Pública de la patronal Adigital.
“La presidencia es una interesante oportunidad donde España puede consolidar su progreso como un país competitivo digitalmente, donde la colaboración público-privada es clave para hacer que esto sea posible”, coincide Miguel Escassi, director de relaciones institucionales de Google en España, que cita la inteligencia artificial y el desarrollo de infraestructuras digitales como los temas que pueden ser claves durante la presidencia española “y donde el usuario se vea beneficiado por estos avances”. “Por último, tenemos el reto del desarrollo de políticas para moderar el contenido online que deben conseguir proteger la libertad de expresión al tiempo que luchan contra la desinformación”, añade.
Una de las normas más importantes que se espera que se aprueben durante la presidencia de España es el reglamento general de la inteligencia artificial. Negociada desde hace años, la norma está más de actualidad que nunca por la irrupción de las inteligencias artificiales generativas, capaces de crear textos e imágenes totalmente nuevos a partir de bases de datos.
El Reglamento no solo será importante para España por su impacto a largo plazo en el desarrollo de una de las tecnologías clave para el futuro. También porque el Gobierno ha colocado al país como campo de pruebas de las nuevas reglas y se ha movido para tener la iniciativa en la creación de instituciones para regularla, como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial que se creará en A Coruña. Ya antes el Ejecutivo había conseguido que el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica eligiera Sevilla para establecer su sede. Este último se ha inaugurado este martes.
Las normas europeas para la IA establecerán los estándares de la Unión en temas como los derechos de autor sobre las creaciones artificiales, la transparencia de sus decisiones, cómo se controla la desinformación que se produzca con estas herramientas o hasta qué punto puede utilizar datos personales de los ciudadanos. Este último punto ya está encima de la mesa de las agencias de privacidad de todo el continente, con la española liderando una investigación europea a este respecto.
El Gobierno español se verá obligado a posicionarse en estos temas, así como para “asegurar que usos de la inteligencia artificial como el reconocimiento facial o los usos en contextos migratorios estén prohibidos, y que otros que presentan riesgos altos (como en la distribución de ayudas sociales) deban tener mecanismos de control y pasar un estudio de impacto”, recuerda Diego Naranjo, jefe de políticas públicas de la ONG European Digital Rights (EDRi).
El resto de leyes son mucho más del estilo Bruselas: normas que apenas se han abierto hueco en la opinión pública pero que pueden marcar la vida digital del continente. “La segunda ley ha tenido hasta ahora poca atención fuera de Bruselas, pero es posiblemente la que tenga un impacto más severo y amplio: la propuesta conocida como Chat Control”, revela Naranjo. La medida tiene por objetivo evitar la difusión de imágenes de abusos de menores.
“Bajo la loable intención de prevenir la diseminación de contenidos ilegales, se esconde una amenaza directa a la confidencialidad de las comunicaciones ya que empresas como WhatsApp, TikTok, Instagram o Signal se verán obligadas a crear agujeros de seguridad y, aquellas que los usan, renunciar al cifrado de las comunicaciones”, avisa el experto.
La privacidad es el tercer terreno de juego de alto nivel. La UE debe definir el nuevo marco para las transferencias de datos con EEUU después de que la justicia europea tumbara por segunda vez el pacto que lo regulaba. Se trata de un conjunto de normas de la máxima importancia para las multinacionales digitales estadounidenses y que fueron las que provocaron, por ejemplo, que Meta avisara que podría retirar Facebook e Instagram de Europa si no se aprobaba un nuevo marco jurídico para su negocio.
Otra de las normas europeas que se decidirán en la presidencia de España que resultan muy importantes para estas grandes multinacionales es la de transparencia y segmentación de la publicidad política. La UE quiere acabar con la situación que puede darse en este campo, con anuncios opacos y ultrasegmentados que pueden distribuirse entre grupos muy pequeños de personas sin que el resto de la sociedad se entere.
Uno de los elementos que caracterizan a buena parte de las leyes digitales que saldrán bajo el mandato español de la UE es que España ya ha dado el primer paso en su regulación. Un ejemplo de ello es la directiva del trabajo en plataformas, que puede inspirarse en la ley rider. Otra es el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, los conocidos como apartamentos turísticos.
Por último, también se espera que España juegue un papel clave en la negociación de propuesta de reglamento EIDAS 2, que regulará la identidad digital europea, y en la directiva de servicios digitales de movilidad multimodal dentro de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente.
“Desde España tenemos la oportunidad de ocupar un espacio de liderazgo gracias los avances y fortalezas que hemos venido desarrollando en los últimos años en materia de digitalización”, señala Miguel Ferrer, de Adigital: “Consideramos que España puede y debe estar en el grupo de países que lidere el nuevo modelo productivo europeo basado en tecnologías de la comunicación e información”.
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