Ruslan Sokolovsky le echó un órdago al gobierno ruso en agosto, pero perdió. Al menos de momento. Este fin de semana ha sido condenado a dos meses de detención administrativa y se enfrenta a cargos de hasta cinco años de cárcel por jugar a Pokémon Go en una iglesia de Ekaterimburgo, a 1.800 kilómetros de Moscú. Está grabado y colgado en su canal de YouTube, en un vídeo que ya han visto más de un millón de personas.
Sokolovksy ha sido el último en caer. Se ha convertido en activista por accidente, y está acusado exactamente de los mismos delitos por los que las Pussy Riot fueron condenadas en agosto de 2012: incitación al odio y ofensa de los sentimientos religiosos. “Este caso refleja lo que sucede cuando las autoridades tienen tan poco respeto por la libertad de expresión”, se ha apresurado a denunciar Amnistia Internacional.
“Desde que Putin volvió a la presidencia [en mayo de 2012] se aprobaron una serie de medidas legislativas que han supuesto una restricción cada vez mayor de la libertad de expresión, de asociación o de ciertos colectivos como el LGTB”, cuenta a eldiario.es Yolanda Vega, responsable del Trabajo sobre Rusia en Amnistía Internacional España. En Rusia hay una lista negra de páginas webs a las que no se puede acceder porque, según el gobierno, son inapropiadas o muestran contenido erótico. En esa lista estuvieron Reddit o la Wikipedia el año pasado, y muchas páginas porno como Pornhub aún llenan el índice.
“Los proveedores de Internet van bloqueando sitios y páginas webs por orden del Roskomnadzor, ya que sus contenidos no son acordes a lo que las autoridades permiten”, continúa Vega. El organismo oficial es la Agencia Federal de Supervisión de Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información, encargado de filtrar y decidir qué medios cuentan con el beneplácito del Gobierno y cuáles no.
En abril del año pasado el sitio de la ONG RosKomSvoboda fue baneado por contar en su web con un apartado donde explicaba cómo saltarse el bloqueo para entrar en páginas censuradas en Rusia. El nombre de la ONG, en clara alusión al Roskomnadzor, también explicaba cómo usar anonimizadores: herramientas para ocultar el rastro en Internet como TOR, VPN o servidores proxy. Putin llegó incluso a ofrecer siete millones de rublos (unos 98.000 euros) a quien consiguiese descifrar los datos que viajan a través de la red TOR.
Sin libertad ni expresión
“Al final, todo esto lo que hace es que el derecho a la libertad de expresión esté completamente restringido”, afirma Vega. Sokolovsky está acusado de violar los artículos 148 y 282 del Código Penal ruso, que se endureció tras la performance en febrero de 2012 de las Pussy Riot en la Catedral del Cristo Salvador de Moscú y por la que seis meses después fueron condenadas a dos años de cárcel.
Hace apenas tres meses la Duma Estatal aprobó nuevas leyes, entre las que se incluyen la obligación para las compañías telefónicas de almacenar todos los registros de llamadas y mensajes SMS, desencriptar dispositivos si las autoridades lo requieren o el endurecimiento de las penas por hacer uso de la libertad de expresión en Internet.
Aunque según Putin “Rusia es el país europeo con mayor número de internautas”, el gobierno les acecha a todos. A algunos incluso los detiene. Es el caso de Yekaterina Vologzheninova, una dependienta de Ekaterimburgo (como Sokolovksy) que “criticó en 2014 en las redes sociales la anexión de Crimea por Rusia y la intervención en Ucrania”, dice Vega. Fue acusada de “promover el odio y la enemistad hacia las autoridades del gobierno ruso”, y aún hoy el juicio sigue adelante.
Es habitual que el gobierno ruso utilice cargos relacionados con la traición a la patria. Amnistia Internacional confirma que “además de por esos cargos, por otros relacionados con la incitación al odio y con la unidad nacional”. Es la “táctica” que sigue Putin para mantener a sus ciudadanos a raya y presentar a las voces críticas contra el gobierno como sediciosos o traidores: “Cuando los medios de comunicación se refieren a alguna ONG los presentan como antipatriotas, contrarios al Estado ruso, etc.”, continúa Vega.
Elena Klimova es otra activista rusa denunciada por el gobierno. Putin considera que viola la ley y hace propaganda homosexual con su página, Children 404, una de las pocas ventanas que existen en Rusia para que los jóvenes LGTB encuentren apoyo entre sí. Otro caso que tuvo lugar durante los Juegos de Invierno de Sochi 2014 fue el de “una bibliotecaria de Moscú acusada de tener libros de una finalista ucraniana que lleva en arresto domiciliario desde hace casi un año”. ¿Correrá mejor suerte el entrenador Pokémon?