LuxLeaks: ¿Revelación de secretos o servicio público?
El pasado miércoles día 11 de mayo se celebró la última sesión del juicio contra los tres acusados de la filtración de los papeles del escándalo LuxLeaks, mediante los cuales pusieron de manifiesto el trato de favor en materia fiscal que numerosas empresas multinacionales recibían en Luxemburgo. Entre dichos acusados están dos extrabajadores de la consultora encargada de auditar las cuentas de las empresas en materia de impuestos, PwC. Se trata de Raphaël Halet y otro cuyo nombre ha trascendido en bastante mayor medida a la opinión pública, y que para diversas organizaciones de defensa de los derechos de confidentes y de la transparencia institucional ha pasado a ser un icono a la altura de Edward Snowden: Antoine Deltour.
No se dictó sentencia ese miércoles, quedando esta tarea pendiente para otra nueva sesión el día 29 de junio, pero sí se terminó de escuchar a las partes ya con la petición definitiva del fiscal en el horizonte: 18 meses de prisión y una multa cuya cuantía aún no se ha fijado para los dos extrabajadores de PwC. Para Édouard Perrin, solo una multa que castiga al periodista francés por hacer público el contenido de ese documento en el espacio televisivo Cash Investigation, de la cadena pública France 2.
El fiscal rebaja sus peticiones, pero mantiene sus motivos
Esto supone una rebaja exponencial de la petición inicial: diez años de prisión y una multa de más de un millón de euros, al menos para Antoine Deltour, según informó en su día Transparencia Internacional en su página web. Bernard Colin, encargado de defender a Raphaël Halet, señaló lo que para él suponía una paradoja evidente en unas declaraciones recogidas por el diario Luxemburger Wort en su versión en francés: “David Lentz [el fiscal] ha ceñido el debate en torno al Código Penal luxemburgués, centrándose solamente en el robo y ocultando todas las cuestiones que han salido en el proceso [como el interés general o la jurisprudencia europea]. Siendo esto así, ¿por qué se lleva cabo un proceso de tres semanas? Un robo habría quedado resuelto en tres horas”.
El periodista encausado fue más allá: “Los jueces sabrán calibrar [los hechos], puesto que se han oído muchas cosas inexactas” a lo largo de las distintas sesiones del proceso y ha puesto el foco en lo que a su juicio son “cosas raras”, refiriéndose así sobre todo a “partes que han desaparecido del sumario”, según lo recogido por este mismo rotativo luxemburgués.
Por su parte, el abogado de PwC, Hervé Hansen, refiriéndose a Halet, señaló con ironía que este último “decidió convertirse en confidente cuando necesitaba una estrategia de defensa”. Respecto a Deltour se expresó en los siguientes términos: “No se puede ser un embajador de la transparencia y esconderse. Pues bien, Deltour se ha escondido negando los hechos durante mucho tiempo”. De acuerdo con lo afirmado en Luxemburger Wort, Hervé ponía así el colofón a lo argumentado por el fiscal David Lentz en esta misma sesión: “Ellos [Deltour y Halet] eran conscientes de que estaban quebrantando la confidencialidad a la que estaban sometidos”, y apostilló que “si esto no se condenara, los empleadores estarían sometidos a los peores chantajes. Aquí estamos hablando de traición, ni más ni menos”.
Revelación de un secreto “por el interés general”
Esa acusación en concreto es precisamente la que Deltour niega de raíz. Lo hizo en una entrevista concedida al diario francés Libération antes del inicio de las sesiones del juicio, en la segunda mitad del pasado mes de abril, citando el artículo 309 del Código Penal luxemburgués que fija el delito de quebrantamiento de la legislación en materia de secreto en los negocios siempre que concurran una serie de circunstancias en las que el acusado de este delito pueda obtener un rédito personal o lo haga con ánimo de perjudicar a quien lo ha contratado.
Su abogado, William Bourdon, confirma esta circunstancia: “A nuestro juicio no cabe una condena basada en el artículo 309 puesto que jamás se trató de una finalidad de tipo competitivo, ni trató de causar un perjuicio a su empleador ni trató de lograr una ventaja de carácter ilícito”, ha especificado en declaraciones a eldiario.es. Por ello, según su criterio, ha pedido “la absolución de Antoine Deltour”, ya que “nos parece que es conforme a derecho, tanto observando las disposiciones luxemburguesas sobre el estado de necesidad como atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre quienes efectúan una filtración”. Y, por tanto, en caso de resultar condenado su cliente, “nos plantearemos interponer un recurso de apelación”.
Este juicio ha dejado algunas anécdotas que ayudan a vislumbrar la polarización de las posturas, los ánimos en torno a las mismas o la trascendencia de las revelaciones. En una de las sesiones, un investigador policial tildó a Deltour de “anticapitalista”, según la información recogida por L’Essentiel el pasado 28 de abril, ya que supuestamente había leído unos estados en la cuenta de Facebook de Deltour donde este habría manifestado “llevar mal el hecho de tener que aceptar que el común de los mortales no pueda escapar del pago de impuestos como las grandes multinacionales”.
Los Papeles de Panamá entran en escena
Posteriormente, el autor de la filtración de los Papeles de Panamá decidió dar un paso al frente, y presentarse por primera vez ante la opinión pública con un manifiesto de apoyo a Deltour reproducido originalmente en el mismo periódico alemán que recogió su guante de la filtración, Süddeutsche Zeitung, traducido al francés primero por Le Monde y publicado íntegramente después por Le Quotidien de Luxemburgo. Se titula La revolución será numérica, y en el mismo escribe que “Antoine se ve sometido en la actualidad a un proceso judicial por haber filtrado una información a unos periodistas sobre la manera en que Luxemburgo firmaba en secreto acuerdos fiscales complacientes con las multinacionales robando con buenas maneras miles de millones en impuestos a los estados vecinos”.
Aunque el personal de la Embajada de Luxemburgo en Madrid se ofreció a que el embajador del Gran Ducado en la capital, Jean Graff, recibiera a eldiario.es para resolver cualquier duda respecto a las políticas fiscales del país que representa, lo cierto es que no se ha vuelto a tener noticias de esta institución cuando le han sido solicitadas estas mismas explicaciones en relación con el caso LuxLeaks y la situación de Antoine Deltour.
El último hecho reseñable ocurrió precisamente en la última sesión del juicio. Phillippe Penning, uno de los abogados de Antoine Deltour, fue señalado al haberse conocido el pasado lunes día 9 de mayo que el bufete donde trabaja y que lleva su apellido, aparecía en los Papeles de Panamá. El abogado aseguró que “nunca he creado, comprado o poseído sociedad panameña alguna” y que no ha procedido “en ningún momento directa o indirectamente a la venta o la puesta en otras manos de una estructura semejante”, de acuerdo a lo citado por Luxemburger Wort en su versión francófona.
Aseguró asimismo que no existía “incompatibilidad de ningún tipo” entre los hechos que han salido a la luz y la defensa de su cliente y que este “es la única persona que podría reprochármelo, y no ha sido el caso”. De nuevo, el diario.es ha tratado sin éxito de contactar con este letrado.
Desde el Comité de Apoyo a Antoine Deltour han asegurado a eldiario.es que “los abogados de Antoine han solicitado la absolución” o bien “la posibilidad de solicitar al Juzgado una 'suspensión de la sentencia' que, si lo hemos entendido correctamente, es algo específico de Luxemburgo, donde se termina por no pronunciar sentencia [después de celebrarse el juicio] y se cierra el caso”. Y manifiestan con rotundidad que “sería una mala señal para los confidentes, cuyas acciones valientes necesita tanto nuestra sociedad” que Deltour fuera condenado. No solo para quienes revelan historias a lo largo y ancho del mundo sino que “también sería un mal espectáculo para Luxemburgo que tiene una auténtica oportunidad para aplicar una postura de modernidad, y como dijo William Bourdon, 'salir al encuentro de la Historia, y escribir una nueva página del Derecho europeo'”.
En contacto con el Comité está la Courage Foundation, organización por la transparencia, el derecho a la información, la privacidad, y especialmente implicada en el apoyo a los confidentes que filtran información de interés público, que ha dejado clara su postura a eldiario.es a través de su portavoz Naomi Colvin: “Courage condenaría públicamente cualquier sentencia que reciba Deltour, porque las supuestas acciones [por él cometidas] estaban claramente motivadas por el interés público y se deberían defender y proteger”, y añade que “el uso de las leyes de secreto bancario para colocar en el punto de mira a los confidentes nos preocupa; no creemos que se deba dar una protección especial a actividades comerciales que no van orientadas al interés general”.
Directiva Europea de Secretos Comerciales y periodismo de investigación
El pasado 14 de abril, tan solo poco más de diez días después de la salida a la luz pública de los Papeles de Panamá, el Parlamento Europeo aprobó algunas medidas para proteger los secretos de las empresas. Algunas voces significativas como Transparencia Internacional, la Federación Europea de Periodistas, o el Observatorio Corporativo Europeo han mostrado su preocupación por las implicaciones que podría tener esta directiva en la transparencia y las revelaciones a la opinión pública que en un momento dado puedan hacer fuentes confidenciales.
Ese mismo 14 de abril, la cadena británica BBC se hacía eco de las explicaciones de la europarlamentaria francesa encargada de que esta iniciativa haya prosperado en el Parlamento europeo. Constance Le Grip salía así al paso de las críticas: “Hemos dejado claro que esta directiva no afectará al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información establecida en la Carta Europea de Derechos Fundamentales”. Cuando se relacionó la celeridad de las negociaciones en torno a este asunto y la publicación de los Papeles de Panamá afirmó, según recabó el canal de televisión británico, que “hemos establecido con mucha precisión y de forma clara las excepciones, tanto para periodistas como para informantes. Los papeles de Panamá no tienen nada que ver en este asunto”.
Más extensas fueron las explicaciones que figuran en la web de la propia Comisión Europea, donde se destaca, que: “Los periodistas seguirán siendo libres para investigar las prácticas y negocios empresariales, como lo son hoy. El borrador de la directiva solo aborda la conducta ilegal según la cual alguien adquiere o desclasifica sin autorización y a través de medios ilícitos información de valor comercial considerada confidencial por las empresas con el fin de proteger su ventaja comercial frente a otros competidores”. Y prosigue asegurando que “la directiva europea persigue una salvaguarda específica de la libertad de expresión y el derecho a la información”, y ahí, según continúa, se incluye a “aquellas personas que, actuando en pro del interés público, filtran un secreto comercial con el propósito de revelar una actividad ilegal o improcedente, o una conducta inapropiada”.
De acuerdo a lo expresado por Colvin, “la Courage se opone a la Directiva de Secretos Comerciales debido a las implicaciones que tiene para los confidentes. Encontramos que falta algo en estas declaraciones que defienden la directiva: quienes han seguido la tramitación de esta ley han comprendido con claridad que la misma pondría en peligro el periodismo de investigación. Lo que le está ocurriendo a Antoine es que se han formulado cargos contra él a partir de leyes que protegen la actividad comercial, incluso cuando esta no va en consonancia con el interés general”, y apostilla: “Es evidente que no tiene justificación introducir leyes similares a escala europea y eso es lo que estamos viendo con la Directiva de Secretos Comerciales”.
