La ley que permite a los partidos políticos enviar publicidad al móvil o correo electrónico de los ciudadanos sin su consentimiento previo se ha publicado este jueves en el BOE y entrará en vigor el viernes. Tras gozar de un apoyo unánime en el Congreso y a pesar de la rectificación de Unidos Podemos, Compromís, Nueva Canarias y Bildu en el Senado, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) da vía libre a los partidos para recopilar los datos personales de los ciudadanos que encuentren en redes sociales y páginas web para ponerse en contacto con ellos en períodos electorales.
En España existe un servicio gratuito que ofrece la posibilidad de evitar la recepción de publicidad no deseada. Se trata de la Lista Robinson, con más de 600.000 usuarios activos. Funciona como un índice de personas que han ejercido su “derecho de oposición” y dejado constancia de que no desean recibir propaganda de empresas con las que no tengan relación. La Lista es inútil si el usuario tiene un contrato con la empresa que quiere enviarle su publicidad ya que se esto se considera un consentimiento previo, pero filtra las comunicaciones de todas las demás.
Sin embargo, los partidos políticos han dejado fuera de juego a la Lista Robinson en la nueva LOPD. Han establecido que su propaganda electoral “no tendrá la consideración de actividad o comunicación comercial”, precisamente a las que se refiere la Lista.
“La ley está muy bien pensada. Se nota que le han dado vueltas”, explica Jorge Morell, abogado especialista en protección de datos. “Si quitas la categoría de comunicación comercial a una comunicación, el melón se abre. Puedes enviar lo que quieras sin que el receptor te lo consienta previamente. Solo nos podremos oponer después”, continúa. Este medio ha consultado a múltiples especialistas en la protección de datos sobre el espacio de maniobra que los partidos políticos han dejado para que los ciudadanos puedan evitar su propaganda y todos han coincidido: es mínimo.
“El consentimiento previo es el pilar central sobre el que siempre se ha basado la legislación nacional y la europea”, expone Samuel Parra, consultor en ePrivacidad. “La protección básica es que el ciudadano siempre tiene derecho a saber por dónde están circulando sus datos personales. Para ello la única manera era que se le informe, ya sea si el que está tratando sus datos es una institución, los partidos políticos o las empresas”.
“Interés legítimo” para spamear
Los juristas explican que el recurso legal que han utilizado los partidos es basar su recolección de datos personales en un “interés legítimo” para enviar propaganda electoral. Jorge García Herrero, abogado de protección de datos y especialista en la regulación del interés legítimo advierte que “en Europa están muy preocupados por este tema” y referencia una lista de normas para el tratamiento de datos con fines electorales que preparó la UE justo dos meses antes de la aprobación de la LOPD. Una de ellas es “informar sobre cada propósito de procesamiento, ya sea al recopilar datos directamente o al obtenerlos de terceros”.
“En España, los partidos han decidido que son más listos que nadie”, denuncia en este caso Yolanda Alba, del bufete Almeida. “Se han consentido a sí mismos a hacer algo que está totalmente prohibido para el resto de empresas, organizaciones o instituciones”, acusa.
La letrada resume a eldiario.es los derechos que los ciudadanos tendrán si los partidos se ponen en contacto con ellos, pero protesta: “¿Por qué tenemos que ser los ciudadanos los que tengamos que molestarnos en solicitar nuestros derechos de oposición, supresión o cancelación del uso de nuestros datos, cuando a una empresa normal no se le permite usarlos sin consentimiento?”. Todos los expertos coinciden en que las nuevas normas europeas de protección de datos pretendían evitar prácticas como esta.
¿Una Lista Robinson para partidos políticos?
Varios de los juristas consultados por eldiario.es exponen que están analizando posibilidades para crear una especie de Lista Robinson para partidos políticos en la que los ciudadanos puedan dejar claro de antemano que no desean recibir ningún tipo de comunicación de carácter electoral.
Una de ellas ha fructificado en el formulario colaborativo preparado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas y algunos juristas críticos con el desarrollo de la LOPD. El formulario permite ejercer una oposición previa por escrito al tratamiento de datos personales para elaborar bases de datos ideológicas.
Aunque la LOPD solo refleja que “se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición” a recibir mensajes electorales por vía electrónica, sí ha recogido por primera vez la posibilidad de que los ciudadanos soliciten su exclusión del censo electoral que se facilita a los partidos para el envío de propaganda en formato físico. Hay que solicitarlo en la correspondiente delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral.
Los partidos políticos han añadido una excepción legal (que solo les incluye a sí mismos) para no necesitar consentimiento previo ni para recopilar datos personales sobre los ciudadanos ni para contactar con ellos usando esa información. La mayoría de juristas consultados por eldiario.es opinan que estas decisiones serán tumbadas por la UE antes o después, pero hasta entonces, estos son los derechos que siguen teniendo todos los ciudadanos en relación a sus datos:
Derecho a conocer qué saben de ti y de dónde lo han sacado
Es el denominado como “derecho de acceso”. Cualquier ciudadano puede pedir a las organizaciones que tratan sus datos personales (un número de teléfono o un correo electrónico pueden ser considerados como tales) a que se le remita una copia de toda la información que esa organización tenga sobre él en su base de datos.
En este desglose debe aparecer la fuente de información de donde los partidos hayan sacado cada dato. Si bien conocer la fuente no evita que el primer partido que la encuentre y quiera enviar propaganda lo haga, sí permite al ciudadano retirar sus datos personales de esa localización y evitar que otro partido los utilice.
Derecho a que no te vuelvan a contactar
O “derecho de oposición”: se refiere a la capacidad de solicitar a un partido político, empresa u organización que no vuelva a utilizar tus datos personales con el fin de ponerse en contacto contigo.
Derecho a que se olviden de ti
Es el “derecho de anulación” y su efecto es más amplio que el de oposición, ya que exige a la organización ante la que se ejerce que borre todos los datos personales que tenga en su poder. El efecto no es inmediato, ya que el partido deberá seguir guardando una copia de los datos durante un año a efectos jurídicos. No obstante, el ejercicio de uno de estos derechos no es excluyente con el resto, por lo que es posible solicitar acceso para conocer la información que un partido ha recopilado sobre ti y de dónde la ha sacado, oposición para no volver a recibir comunicaciones y anulación para que se deshagan de esos datos.