La primera ley presentada esta legislatura tiene como objetivo evitar que aquellos que señalan a los que utilizan las empresas e instituciones en su beneficio sufran las represalias de los corruptos. El 30 de mayo, primer día hábil del Congreso tras las elecciones del 28A, el diputado de Compromís Joan Baldoví registró la Proposición de Ley de Protección Integral de los Alertadores, rubricada por otros 14 diputados y que ha sido presentada en rueda de prensa este miércoles tras su admisión a trámite.
El texto de la ley ha sido elaborado por el grupo hacktivista Xnet a partir de la directiva europea en la materia, aprobada en abril por la Eurocámara con un amplio consenso. Para lanzarlo al trámite legislativo, los activistas han recurrido a un mecanismo parlamentario que requiere la firma de solo 15 diputados. Esta vía para presentar proposiciones de ley está presente en el reglamento de la Cámara pero apenas es utilizada por los partidos, que escogen en cambio la opción de registro que solo requiere la firma del portavoz de un grupo parlamentario.
“La capacidad de presentar iniciativas es también de los ciudadanos y ciudadanas”, ha afirmado Baldoví ante los medios. “Como valenciano, vengo de una tierra donde tres de los últimos cuatro presidentes están imputados o condenados por corrupción, así como numerosos consellers y cargos públicos. Con una ley como esta se hubiera podido evitar el robo el daño a las arcas públicas y el daño reputacional a la política”.
“Actuamos como instrumento para que la ley pueda tener recorrido en el Congreso, porque puede tener una importancia capital dentro del Estado”, ha aclarado Xavier Eritja, diputado de ERC, grupo que ha ofrecido las 14 firmas restantes a Xnet para que la transposición de la directiva europea salga adelante.
Protección firme, sin recompensa económica
La directiva europea logró un amplio apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, que han estado presionando para la aprobación de un paquete de protección a los alertadores de estas características. Este movimiento internacional se vio espoleado por la persecución a whistleblowers como Chelsea Manning, principal filtradora de Wikileaks, o Edward Snowden.
La Proposición de Ley de Protección Integral de los Alertadores española bebe de la directiva europea pero la mejora en algunos aspectos, ha explicado este jueves ante los medios Pam Bartlett, asesora de Transparencia y Democracia del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. Uno de ellos es la extensión de las medidas de protección también a miembros de ONG o a los periodistas que colaboren con los alertadores, y a los “facilitadores” de estas investigaciones, aunque no fueran las fuentes iniciales.
Entre los blindajes por los que apuesta la directiva europea y su transposición española está la posibilidad de elevar alertas de forma anónima, la protección jurídica contra las denuncias que puedan recibir los alertadores por el hecho de dar a conocer los hechos, así como la creación de un organismo independiente encargado de su protección. Además, aunque se suela resumir empleando la corrupción, Bartlett ha expuesto que su ámbito se extiende a “cualquier menoscabo en la aplicación de la legislación europea”.
El paquete de medidas no incluye una recompensa económica para aquellos que señalen a los corruptos. Ha sido una recomendación del Sindicato de Técnicos de Hacienda. “Estamos a favor de no premiar a los alertadores económicamente. Ha sido una medida que estuvo activa en España y vimos que se estaban realizando prácticas cercanas a la extorsión por parte de personas que se ponían en contacto con aquellos a los que pretendían denunciar para conseguir una suma menor que la que les daría el Ministerio de Hacienda, pero asegurada”, ha revelado José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha).
Muchas de estas medidas ya están presentes en legislaciones autonómicas españolas. Valencia fue una de las primeras comunidades en aprobar una normativa de este tipo, mientras que en Catalunya la ley (también basada en una propuesta inicial de Xnet) se encuentra en las últimas fases de la negociación y ya cuenta con mayoría parlamentaria. Este es uno de los motivos por los que el grupo hacktivista ha recurrido a Compromís y ERC para que presten su apoyo para lograr la aprobación de una ley con las mismas características a nivel nacional.
Segundo intento tras el fracaso de Ciudadanos
Los miembros de la UE tienen dos años de plazo para trasponer las directivas una vez que estas se aprueban en Bruselas. Además de la primera ley presentada de la legislatura española, el texto de Xnet constituye la primera iniciativa de trasponer la la directiva de protección a los alertadores de los 27 socios europeos.
Pese a ello, no es el primer intento de aprobar una regulación de este tipo a nivel nacional. La pasada legislatura el Congreso fracasó en su negociación para sacar adelante una proposición presentada por Ciudadanos en 2016. El texto inicial de aquella propuesta fue muy criticado por la oposición y organizaciones de la sociedad civil por sus lagunas, ya que, por ejemplo, solo contemplaba la protección a los funcionarios. Pese a que las negociaciones limaron muchos de los puntos de desencuentro, la propuesta pasó dos años metida en un cajón y terminó decayendo con la convocatoria de elecciones.
Llevarse el mérito en la aprobación de una ley de estas características es un premio codiciado por los partidos. Vox registró este lunes una propuesta de ley con el mismo objetivo (aún no admitida a trámite) mientras que Ciudadanos ya ha anunciado que hará lo mismo.
“En esta situación solo podemos salir ganando. Esta propuesta de ley es muy completa y aunque los partidos la tumben, lo que harán será copiar sus medidas y pegarlas en sus propios textos. Es un win-win”, ha explicado a eldiario.es la portavoz de Xnet, Simona Levi, que detalla que “no atacará solo la corrupción, sino los abusos sistémicos en general”.
“A partir de ahora negocian ellos, pero saben que desde la sociedad civil estaremos vigilantes, especialmente durante el periodo de presentación de enmiendas”, ha continuado, señalando a Baldoví y Eritja. Además de los diputados de Compromís y ERC, Bartlett y Mollinedo, otras organizaciones como la Plataforma por la Honestidad (que agrupa a varios denunciantes de corrupción) y el ex teniente del Ejército Luis Gonzalo Segura, expulsado de las Fuerzas Armadas tras destapar las corruptelas de la cúpula militar, también han estado presentes en la presentación de la ley.